Una adenda firmada por el intendente Julio Garro sobre un convenio de la Municipalidad con la ex Secretaría de Vivienda y Hábitat para realizar obras de infraestructura básica y fortalecimiento comunitario en el barrio Nuevo Abasto se convirtió en la polémica de la jornada en la sesión del Concejo Deliberante, la cual después de mucho tiempo tuvo a vecinos en las barras aplaudiendo algunas intervenciones y repudiando otras. La piedra del escándalo fue la decisión del Ejecutivo de destinar casi 43 millones de pesos que estaban previstas para la realización de las cloacas a trabajos en otras zonas del distrito y de características diferentes: serán usadas en la construcción del paseo peatonal de la calle 51 entre 4 y 6 y en obras en el centro comercial de la calle Cantilo, en Citiy Bell.
Los concejales opositores y oficialistas se trenzaron en una discusión de casi dos horas en la que abundaron los chicanas políticas vinculadas con la inminente campaña electoral, algunas intervenciones subidas de tono y la intervención de los propios vecinos, quienes desde la barra respondieron en más de una oportunidad a los concejales que hablaban. Todo pese a que el proyecto no estaba en discusión sino que se le daba destino a un despacho de comisión que será votado en la próxima sesión.
El nudo de la discusión fue el uso de ese dinero en los centros comerciales, postergando un servicio básico para más de mil familias que viven en las hectáreas ubicadas entre las calles 520 y 526 de 213 a 217. Desde el oficialismo argumentan que las obras de cloacas no se pueden hacer por que la Cooperativas de Aguas no tiene la capacidad para atender la demanda sin poner en riesgo el ecosistema y la salud de la población por contaminación, lo cual incluso motivó una denuncia en la Justicia Federal presentada por la concejal Victoria Tolosa Paz. La oposición respondió con una nota presentada por el presidente de esa cooperativa Jorge Martínez, en la que sostiene que la denuncia existe pero "de ningún modo impiden que comiencen las obras que tanto" se reclamaron. "Solo motivos electorales pudieron interferir en la postergación injustificada de la necesaria e imprescindible obra de infraestructura" afirma.
En el recinto, quien defendió la adenda fue el oficialista Julio Irurueta. Interrumpido en algún momento por los vecinos, el presidente de la Comisión de Hacienda justificó que se hizo una utilización de esos fondos para que no se pierdan. "Hacer proyectos para que sean aprobados lleva tiempo y por eso se optó por estos das obras ya proyectadas" dijo en relación a los centros comerciales. "Cuando la planta esté en condiciones reclamaremos los fondos para encarar las obras de cloacas", agregó.
Usó en su argumento una nota de 2016 de directivos de la cooperativa en la que describían que sumar a los vecinos de Nuevo Abasto implicaba agregar una demanda de mil familias y que la planta, creada en 1991, "está sobrepasada y deteriorada, por lo que se requiere de una nueva" porque de los contrario "se pondría en riesgo el ecosistema y la saluda de la población".
La radical disidente, Florencia Rollié, fue una de las que más cuestionó al oficialismo. "En todos estos años el Estado debió tener proyecto para concretar esto que es de primera necesidad. Y no para una obra que no tenía ninguna urgencia", dijo en relación a las obras 51 y Cantilo. Y afirmó que la planta de tratamiento de residuos cloacales podría readecuarse "con sólo siete millones de pesos"
Norberto "Chucho" Gómez, Victoria Tolosa Paz, Gastón Castagneto y Virginia Rodríguez son los que más intervinieron de la oposición. En tanto que Javier Mor Roig y Claudio Frangul sumaron las voces más intensas del oficialismo. El primero recordó en tono airado que la anterior gestión no realizó "una puta obra" y se preguntó "dónde están las casas de Sueños Compartidos", en relación al programa que coordinaban las Madres de Plaza de Mayo en tiempos del gobierno kirchnerista. El segundo cuestionó la "demagogia" de la oposición: "Háganse cargo", les gritó.
El principal cuestionamiento opositor es que, aunque la obra cloacal no se pueda hacer, el dinero no se gaste en el mismo barrio, que nació como un asentamiento en 2015, y que más adelante se decidió urbanizar con obras de infraestructura. Uno de los principales planteos oficialistas, encarnados por Mor Roig pasó por la proliferación de asentamientos informales durante las gestiones peronistas.
La oposición afirma que Cambiemos avanza con la línea de "profundizar" la precariedad en los barrios. "Solucionar el tema de la cooperativa hubiera sido una actitud preocupada del gobierno municipal" dijo Tolosa Paz.
Castagneto pidió analizar otras posibilidades antes de que el proyecto se vote dentro de 15 días. Esa posibilidad no fue descartada por el oficialismo aunque el oficialista Irurueta cerró el debate pidiéndole a los vecinos y mirando a las barras: "No se dejen mentir, si es necesario me quedo el tiempo que sea a explicarles todo lo que necesitan saber" y reprochó a la oposición: "Ustedes dejaron solo a esos asentamientos".
El plan integral que establece el convenio es de 151,5 millones de pesos de los cuales 149,3 millones aporta la ex Secretaría de Vivienda y Hábitat y 2,1 millones la Municipalidad. Con la adenda firmada por el intendente que ahora tendrá que ratificar el Concejo Deliberante, 39,7 millones se destinarán a la red vial del barrio con entoscado; 17,6 millones a la red eléctrica y alumbrado públicos; un millón al arbolado; 35 millones a la red de agua potable y las conexiones domiciliarias; 3,6 millones a un skate park; y diez millones a tres plazas. En tanto 28,8 millones de pesos serán destinados al Centro Comercial Cantilo y 15,2 millones a la etapa 1 del proyecto de peatonalización de calle 51 entre 4 y 6.
