Esta es una de las tantas zonas oscuras que rodean al expediente N° 76789/2017 caratulado N.N. S/ Infracción ley 26.364 -la norma que desde 2008 busca prevenir y sancionar la trata de personas, además de asistir a las víctimas- y que tramita en el Juzgado Federal N° 1 de La Plata, ahora a cargo del juez subrogante Adolfo Ziulu, que a principios de año reemplazó en ese cargo provisorio a su antecesor, Ernesto Kreplak.
Creada en 2013 para para hacer frente al creciente fenómeno de la trata y explotación de personas con equipos especialmente capacitados, la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas (Protex) tiene incumbencia en un abanico criminal que abarca no sólo trata de personas sino también secuestros extorsivos y otros delitos conexos.
La Protex había comenzado a participar en la causa que investiga lo ocurrido con Johana Ramallo en octubre de 2017 cuando el caso pasó de la órbita de la justicia provincial a jurisdicción Federal y dejó atrás la carátula de “búsqueda de paradero” para enfocar la pesquisa con la trata para explotación sexual, tal como pretendían los familiares de la víctima desde un primer momento. Entonces, el fiscal Hernán Schapiro requirió la colaboración del organismo de referencia, que cuenta con instructores preparados especialmente para abordar este tipos de casos.
En aquel momento, los expertos de la Protex abrieron un legajo interno de carácter reservado en el que consta su actuación y que permanece inactivo desde el último semestre del año pasado, cuando todavía la Justicia no había logrado conectar los restos hallados en agosto pasado en el balneario Pablo Blanco con la identidad de la chica vista por última vez el 26 de julio de 2017 en inmediaciones de una estación de servicios en la esquina de 1 y 63, plena “zona roja” de La Plata.
Se siguieron varias pistas propuestas por la Protex que llevaron a los investigadores más allá de la ciudad, incluso fuera del país. Una de las puntas surgió de la denuncia de una mujer que había sido captada por una red de trata en el Gran Buenos Aires y trasladada al Paraguay donde logró escapar y declaró haber visto a Johana en un prostíbulo en Asunción. Pero los investigadores no lograron ubicarla allí.
“Estas causas son muy complejas por los entramados que intervienen. Requieren paciencia además de un trabajo esforzado y sistemático de largo aliento para arribar a buen puerto”, apuntaron desde el organismo que depende de la Procuración General de la Nación y que conducen los abogados Marcelo Colombo y Alejandra Mángano. Las fuentes aseguraron a 0221.com.ar que desde agosto de 2018 perdieron contacto con la causa porque no se les volvió a dar intervención y solo se enteraron de las novedades del caso por las noticias aparecidas en los medios de comunicación. Explicaron, asimismo, que sólo pueden actuar por pedido formal que, generalmente hace el fiscal interviniente, pero que también puede ser solicitado por la querella o por el propio juzgado.
La prescindencia de la labor de los miembros de la Protex llama la atención ya que, como se dijo, la familia Ramallo ha insistido durante todo el proceso en señalar que en la muerte de la joven tuvo participación una red de trata de personas con el objeto de prostitución vinculada con proxenetas y dealers de la zona roja platense y con complicidad policial, el abogado a cargo de la querella, Víctor Hortel, volvió a remarcar que la Justicia no sigue una línea de investigación definida en ese sentido en un expediente en el que, además, nunca hubo procesados.
En más de una oportunidad los allegados a Marta Ramallo, madre de Johana, denunciaron a los representantes de la Justicia por ineficiencia, morosidad, descoordinación y falta de predisposición para impulsar la causa. También señalaron obstáculos por parte de otras dependencias del Poder Ejecutivo. En su momento cuestionaron la intervención de la Policía bonaerense en el primer tramo de la pesquisa, por considerar que todo lo vinculado con la prostitución cuenta con la cobertura policial y el viernes último, en una conferencia de prensa, sumaron críticas por la falta de colaboración del Ministerio de Seguridad de la Nación para realizar escuchas telefónicas ordenadas por el juez.
“La Justicia Federal puso mucho empeño pero todavía no tiene la capacidad de buscar a estas chicas. Hay un déficit del sistema contra el que nosotros luchamos. Acá quiero hacer una referencia, porque en la causa hay una fiscalía, hay una dirección de trata, una Protex; hay un montón de organismos. No es que se nos pasó a nosotros, no lo vieron un montón instancias de la estructura del Estado. Nadie pudo hacer absolutamente nada y el Estado es el responsable de la búsqueda y el hallazgo de Johana”, resumió Hortel durante la rueda de prensa. Y soltó: “No tuvimos la suerte ni la urgencia del juzgado; ni el resultado que nosotros esperábamos” indicó.
Consultado por 0221.com.ar sobre la falta de participación de la Protex el letrado aseguró que en un primer momento el fiscal Shapiro con “buena sintonía, convocó a la Protex a pedido de Marta”. Y agregó: “Luego (Schapiro) asumió la fiscalía de juicio y su lugar en la causa lo ocupó Ferrara; entonces fiscal y juez arrancaron de cero”, indicó. Esto, consideró, puede explicar “alguna demora en la investigación”.
La secuencia fue así: el 31 de julio último el procurador general interino, Eduardo Casal, desplazó a Schapiro como fiscal subrogante del Juzgado 1 y lo reemplazó por su par Guillermo Ferrara, titular de la Fiscalía Federal N° 2 de La Plata, también en carácter de subrogante.
“Tengo entendido que Ferrara convocó a la Protex causas de trata en lugares cercanos a la plata para buscar patrón donde captaban a las chicas y adónde las llevaban. No tengo noticias de que ese trabajo esté terminado”, dijo Hortel. A la luz de lo informado desde la propia Protex, ese trabajo nunca se habría producido.
El abogado no estableció mayores diferencias entre el trámite de la causa durante la etapa de Kreplak y la más reciente de Ziulu. “Kreplak determinó una batería de medidas intensa que no tuvo resultados y Ziulu actuó en función del resultado de la pericia ya que cuando asume se encuentra con el resultado de la pericia”, opinó. Hortel interpretó así las demoras de más de ocho meses en la realización de las pruebas de ADN: “No son pruebas fáciles y tampoco hay tanta disponibilidad y los que lo hacen tienen mucho trabajo. Tal vez hubo una descoordinación entre el Juzgado Federal y la UFI que llevaba la causa del hallazgo de los restos”. Para el letrado si bien con los resultados de la pericia que determinó que los restos hallados corresponden con el patrón genético de Johana Ramallo, ahora debe investigarse el femicidio aunque aclaró que hasta el momento no hay un cambio en la carátula.
En la última semana, luego del levantamiento del secreto de sumario, la Secretaría N°1 del Juzgado a cargo interinamente de Ziulu sólo informó que "no hay autorización a dar información a la prensa”, aunque no se explicaron los motivos de tal decisión. La secretaria privada del magistrado aseguró, por su parte, que éste ya está al tanto de los requerimientos periodísticos y que dará información cuando lo crea conveniente.
A medida que se conocen más detalles sobre el desarrollo del expediente judicial, que acumula más de veinte cuerpos y miles de fojas, cobra densidad uno de los principales planteos que acompaña la lucha de la familia Ramallo: “El Estado es responsable”.
En la causa, además de la Protex han participado la Dirección General de Acompañamiento, Orientación y Protección a las Víctimas (Dovic) y los ministerios de Justicia y de Seguridad de la Nación. En la órbita bonaerense tuvieron participación, entre otras áreas, el Ministerio de Seguridad, el Consejo Provincial de las Mujeres y la Subsecretaría de Acceso a la Justicia. De hecho, al cumplirse un mes de la desaparición el Secretario de Derechos Humanos provincial, Santiago Cantón, recibió a Marta Ramallo y se comprometió a acompañar la búsqueda y gestionar una audiencia con la gobernadora María Eugenia Vidal que hasta ahora sigue sin concretarse.
Esta semana los expertos del Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF) analizarán los restos de Johana, con el fin de intentar determinar la mecánica del crimen y la fecha aproximada de su muerte. Hasta el momento se cuenta con el testimonio del perito Ricardo Grubisa, quien tal como informó este medio, declaró que debido al medio líquido en que los restos de la joven fueron encontrados es difícil determinar la fecha probable del deceso aunque estimó en “nueve meses más o menos 45 días” anteriores al hallazgo producido en agosto de 2018. Es decir, marcaría un espacio de tiempo breve entre la desaparición y la muerte. Con respecto a por qué el cuerpo apareció fragmentado, Grubisa consideró que “muy probablemente el miembro superior, y sin lugar a dudas el miembro inferior, fueron desprendidos por la acción mecánica de un tercero luego de producida la muerte”. Explicó que “macroscópicamente, no hay duda de que el tejido no evidencia daño vital. Esto es, que nada de lo que se evidencia en los restos fue producido en vida”.