Lucas Federico Núñez, hijo de Marcelo Núñez quien es juzgado por el crimen de su esposa Claudia Salgán, declaró en la tercera jornada del juicio oral y dio una versión distinta a la brindada por su abuela y tías maternas. Las mujeres sostuvieron que la víctima se tenía que hacer cargo de la mayoría de los gastos del hogar y que el acusado no aportaba económicamente en el sustento diario, entre otros gastos familiares.
Antes de ingresar a la sala de juicio, el testigo besó una cruz que mantuvo dentro de su puño cerrado durante todo el relato. Habló sin la presencia de su padre acusado en la sala de audiencias, aunque aclaró que lo visita en la cárcel junto a sus hermanos menores (de quien tiene la guarda provisoria) una vez al mes.
Con hablar lento y sereno, no dudó en sostener que “no” presenció “situaciones de violencia entre sus padres, discutían como cualquier pareja”. Este testimonio se contradice con los de su abuela y tías maternas, quienes sostuvieron que Núñez era violento con su madre, que recibía maltrato físico, psicológico y económico, tres de los conceptos que se deben valorar, entre otros, para determinar si en un crimen intra pareja medió un contexto de violencia de género. Para la rama materna sí existió ese cuadro, pero el hijo mayor del matrimonio, dio indicios en el sentido contrario.
Describió al acusado como un “padre presente, estuvo siempre con nosotros, igual que mi mamá, limpiaba, cocinaba, hacía los mandados”. En relación al manejo de la economía hogareña refirió que “cada uno tenía su ingreso y se ponían de acuerdo para los gastos” para luego agregar que la madre contaba con una “extensión de la tarjeta de crédito del padre”, plástico que exhibió en la sala de audiencia a los jueces y las partes.
Luego del crimen ocurrido en julio de 2015, Lucas volvió al hogar familiar del que había partido unos meses antes para iniciar su propia familia. Desde entonces el nivel de vida no fue el mismo, pero negó que pasaran hambre y necesidades como había declarado su abuela materna, Florencia Cabrera y una de sus tías, Florencia Salgán, en la primera audiencia del juicio oral. También aclaró que reciben ayuda ambas ramas familiares y reveló que no cuentan con ninguna asistencia oficial estatal, pese a que desde la sanción de la llamada Ley Brisa (que intenta acompañar a los hijos de las víctimas de femicidio) son considerados víctimas indirectas del delito.
La asistencia oficial está “trabada por un papel” y así reveló que la burocracia atenta con la contención a los hijos de las víctimas de femicidio y detalló que la única asistencia que cuentan es “la de un consultorio jurídico, gratuito, que funciona en el Barrio Savoia” de City Bell.
Antes había declarado otra de sus tías, María Laura Salgán, quien dio detalles de la vida privada del matrimonio y descartó cualquier acto de infidelidad de su hermana.
En otro pasaje de su relato detalló que el acusado amenazaba con suicidarse si su esposa lo abandonaba.
Recordó que tras las primera marcha “Ni una menos” del 3 de junio de 2015, habló por teléfono con su hermana y concluyó que la familia no fue capaz “de reaccionar como debíamos hacerlo” ante los anteriores episodios de supuestos maltratos del acusado para con la víctima.
“Nadie dimensionó la violencia permanente en la que vivíamos y hoy nos cuesta que mi hermana no esté acá”, dijo a modo de reflexión autocrítica. “Me voy a tener que ir a la China para que me deje de perseguir”, recordó que le dijo su hermana luego de una pelea de la perja.
La testigo vive hace más de 10 años en Malargüe, donde es investigadora del Conicet, pero volvía mensualmente a La Plata por temas laborales. En cada viaje se encontraba con su hermana. “Siempre fuimos muy cercanas, éramos confidentes a pesar de la distancia”.
Describió a la víctima como “emprendedora, fuerte, no le temía a los desafíos, siempre defendió a su marido y lo puso en un lugar importante en su vida”.
Luego fue el turno de otra de las hermanas de la víctima, Lucía Alejandra Salgán. Abonó la situación de intento de coartada de parte del acusado, quien en principio dijo que su esposa fue atacada por un delincuente, pero luego confesó el caso pero alegó que actuó bajo estado de emoción violenta.
En uno de los tramos más tensos y confusos de la audiencia, los jueces y las partes escucharon el testimonio de vecinos del barrio, quienes aseguraron que se escuchaban comentarios de vecindad de una supuesta infidelidad de la víctima, pero nadie presenció esa situación y que obtuvieron esa información por dichos de expresiones de otras personas a las que, en su mayoría, no pudieron identificar. El contenido de esas declaraciones no se reproducirá por ser ofensivo a la memoria de la víctima directa, sus hijos y resto de la familia, aunque no se descarta que sea motivo de valoración para los jueces a cargo del dictado del veredicto.
La acusación está a cargo de la fiscal Victoria Huergo junto a las abogadas Sofía Caravelos y Guadalupe Godoy, representantes legales de la familia Salgán.
El juicio está a cargo del Tribunal Oral Criminal (TOC) 1 de La Plata, integrado por Ramiro Fernández Lorenzo, Hernán Decastelli y Cecilia Sanucci.
Núñez está acusado de “homicidio calificado por el vínculo y por mediar violencia de género”, cuya única pena posible es la de prisión perpetua.
La defensa, a cargo de los abogados Pablo Cuomo y Pablo Conti, alega que el acusado actuó "con sus facultades mentales alteradas", rechazó la figura del femicidio ya que no existió un "contexto de violencia de género".
La estrategia de la defensa apunta a obtener una condena por homicidio calificado por el vínculo en la que mediaron circunstancias excepcionales de atenuación de la pena. Para ello espera generar evidencias que den cuenta de presuntas infidelidades de la mujer y poco compromiso con las tareas del hogar.
El objetivo es lograr un encuadre legal del caso que le permita al acusado, quien confesó el hecho, obtener salidas transitorias o morigeraciones de las condiciones de detención mediante el transcurso del cumplimiento de la pena.
