“No tengo manera de acreditar el delito, por eso, solicito la libre absolución”. Debieron pasar 16 años para que el comisario inspector Jorge Peciña demostrara su inocencia en una causa que, a la luz de lo ocurrido en el debate oral, nunca debió haber llegado a esa instancia.
La causa se inició en el año 2003 cuando el entonces director general de Asuntos Internos, Claudio Cohen Salama, denunció a más de veinte funcionarios policiales su sospechoso incremento patrimonial. La nómina estaba compuesta por Julio César Frutos, Víctor Hugo Herrera, Rodolfo Coronel, Jorge Peciña, Alberto Barchuk, Deraldo Luziaga, Jorge Cassino, Claudio Raúl Martínez, Jorge Pascual Avesani, Antonio Mercado, Gustavo Alberto Arenas, Omar Carreiras, Gustavo Desmul, Jorge Alfredo Fiallo, Marcelo Oscar García y Graciela Regina Zonta. A ellos se sumaron a los exjefes Aníbal Degastaldi, Alberto Cánepa, Angel Casafús, Héctor Rodolfo Díaz y Alberto Sobrado. Ninguno fue condenado.
El primero de los indicios que algo estaba mal en la causa lo dio el abogado Jorge Alberto Perea, quien al momento de la denuncia era inspector de Asuntos Internos, el organismo oficial que investiga la conducta de los policías.
El testigo recordó que la denuncia se inició luego de un informe periodístico y la orden política que emanó desde el ministerio de Seguridad, que entonces comandaba Juan Pablo Cafiero, fue investigas “a todos los jefes departamentales, todos los jefes de las DDI y los secretarios” de ambas fracciones de la fuerza policial.
La pesquisa se ejecutó “sin recursos ni personal, se hizo de la peor manera”, reconoció el abogado quien renunció al cargo en 2004, cansado de las presiones políticas que recibía. “Era una suerte de caza de brujas, era todo improvisación”, rememoró. Además subrayó un dato central. Entre los años 2002 y 2003 en la provincia de Buenos pasaron 11 ministros de Seguridad, quienes eran el fusible de turno por la ola de secuestros extorsivos que imperó entonces.
El punto fuerte de la jornada lo dio la ex perito contable de la Suprema Corte bonaerense, María Ester Pozzi, quien realizó el informe patrimonial de Peciña. “Los ingresos están justificados, no hubo crecimiento patrimonial injustificado” dictaminó al experta.
Ocurrió que en su informe utilizó el término “exceso”, un tecnicismo de los contadores que durante la investigación, los cuatro fiscales que tuvieron el expediente, nunca se preocuparon en aclarar.
Ante este panorama, el fiscal de juicio Martín Chiorazzi no le quedó otro camino posible que desistir de la acusación. Los fiscales de juicio no están obligados a sostener las acusaciones. Se tienen que basar en pruebas directas, indubitables y objetivas que conduzcan a la certeza. Los fiscales no solo tienen entre sus funciones el control de legalidad de la prueba, también son cruzados por el deber de objetividad.
En su alegato, el fiscal señaló que tras escuchar a la perito sintió “vergüenza” de que esa causa haya llegado a la instancia de juicio oral. “Me veo sorprendido en tener a una persona procesada durante tanto tiempo por un error de interpretación, me cayó como un balde de agua fría lo que dijo la contadora”.
Chiorazzi aclaró que “hay que tener criterio para elevar las causas a juicio, cuando se habla mal de la Justicia, en este caso, tienen razón, esto es un papelón”, aseveró en modo de crítica y solicitó la absolución del comisario Pecina, quien fue asistido por los abogados Julio Beley y Bruno Strassera, reviste en la fuerza con retiro activo desde el año 2004 a la espera de la resolución de este caso. Quince años tardó el Estado bonaerense en dar una respuesta. La absolución fue dictada por el Tribunal Oral Criminal II de La Plata, integrado en esta oportunidad por los jueces Claudio Bernard, Silvia Hoerr y Santiago Paolini.
La alquimia del paso de tiempo, el silencio mediático y los planteos de las defensas lograron que, hasta el momento, nadie sea condenado ni vaya a prisión. Uno de los casos más paradigmáticos fue el del exjefe de la fuerza policial, Alberto Sobrado, quien fue absuelto del delito de enriquecimiento ilícito y el resto de las acusaciones prescribieron por el paso del tiempo. Nunca dio explicaciones de los cuantiosos giros de dólares que realizó al exterior.
Ese expediente fue uno de los pocos que llegó a juicio. El debate comenzó el 13 de febrero de 2013 y cinco días después el Tribunal Oral Criminal I de La Plata absolvió a Sobrado. Durante los alegatos, la fiscal de juicio Rosalía Sánchez había pedido una condena de cuatro de años y una multa similar a la suma que se determine del presunto enriquecimiento ilícito e inhabilitación perpetua para el ejercicio de la función pública. La funcionaria lo consideró culpable de los delitos de "enriquecimiento ilícito" y "falsedad ideológica de instrumento público".
Por su parte el defensor Roberto Citterio pidió, tras alegar más de cinco horas, la absolución del ex comisario. El Tribunal integrado por los jueces Guillermo Labombarda, Samuel Saraví Paz y Lidia Fabiana Moro, decretaron la libre absolución.
Sobrado fue jefe de la policía provincial entre 1999 y 2003 y fue imputado luego de que un informe periodístico detectó el giro de miles de dólares a las Bahamas y las Islas Caimán, cuentas en Nueva York y un crecimiento de su patrimonio de entre 530.000 y 970.000 dólares.
Esta causa tuvo varios vaivenes y en febrero de 2005 el entonces juez de Garantías César Melazo anuló la investigación que se le seguía a Sobrado por un formalismo. El magistrado fue recusado y el expediente cayó en manos del juez Néstor de Aspro, quien avaló la investigación y ordenó que el ex jefe de policía dé explicaciones ante un tribunal. En la actualidad Melazo está procesado y detenido por ser el presunto jefe de una asociación ilícita integrada por policías corruptos, narcotraficantes, sicarios y lobistas.
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