martes 11 de febrero de 2025

Revés judicial para dos funcionarios por una millonaria estafa a Educación

La jueza de Garantías rechazó la eximición de prisión de los acusados de peculado, delito que no es excarcelable. Las defensas apelarán las resoluciones una vez que sean notificadas.

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La situación procesal de Néstor Osvaldo Casado y Horacio Gabriel Mankowski, jefes de Departamento de Combustible y Automotores de la Dirección General de Cultura y Educación (DGCE); imputados por haber malversado fondos públicos se agravó luego del rechazo a la eximición de prisión presentado por sus defensas. Ambos son investigados por el millonario desvío de fondos en la carga de combustibles de vehículos oficiales.

La resolución fue dictada por la jueza de Garantías platense, Marcela Garmendia, pero la orden de detención no se ejecutará hasta tanto las defensas vayan en queja a la Cámara de Apelaciones y Garantías de La Plata. En caso que la alzada confirme el dictamen de la magistrada, los acusados irán a prisión.

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El caso ganó repercusión cuando el encargado de la estación de servicio Axion de 44 y 31, Maximiliano Normann (44), se quitó la vida en el baño del lugarHoras antes había sido detenido unos de sus compañeros con 15 tarjetas de débito en su poder, todas habilitadas para la compra del combustible que abastece a la flota de autos de la cartera provincial de Educación y las cuales se habrían utilizado para fraguar operaciones con esa empresa y obtener una millonaria suma de las arcas del Estado bonaerense.

La causa se inició el 26 de abril pasado, cuando la policía detuvo en un control policial a un joven de 29 años identificado como Walter Cejas, quien trabajaba en una estación de servicio de 44 y31.

De acuerdo con el fiscal de la causa, Juan Cruz Condomí Alcortael playero "se puso nervioso" y cuando se le requirió la documentación de la camioneta Grand Cherokee que conducía se le cayeron 15 tarjetas de débito y 50.000 pesos en efectivo. Los efectivos comprobaron que se trataba tarjetas de débito Bapro Copres, utilizadas por los organismos públicos para cargar combustible en vehículos oficiales y allí mismo lo detuvieron y dieron el puntapié a la investigación.

Los investigadores trabajan contrarreloj para determinar la cantidad de dinero desviado, aunque se estima que las 15 tarjetas recibían cargas de entre 250 mil y 1 millón de pesos cada semana, de vehículos que estaban arrumbados en un descampado de la localidad de Ensenada. De igual modo, buscan establecer si otros trabajadores de esa u otras estaciones de servicio y más empleados de la cartera educativa están involucrados en la estafa.

"La maniobra viene desde 2014, según la investigación, por lo que se puede decir que es millonaria la malversación de caudales en perjuicio de la administración pública provincial", afirmó el fiscal, tras conocerse la noticia. Sin embargo, no es la primera vez que detectan este tipo de situaciones, ya que el año pasado la cartera provincial suspendió preventivamente a cuatro choferes por irregularidades con las tarjetas de combustible.

La semana pasada se realizaron una serie de allanamientos en los que se secuestraron vehículos de alta gama, embarcaciones, armas, motos, tarjetas de carga de combustible y motos de agua.

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