Demandan por $100 mil a los padres de chicos que hicieron amenazas de bomba a escuelas
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Demandan por $100 mil a los padres de chicos que hicieron amenazas de bomba a escuelas

El fiscal a cargo de las investigaciones ya remitió toda la documentación a la Fiscalía de Estado bonaerense para que comience con las demandas civiles, con el objetivo que los adultos paguen los operativos de seguridad montado tras la denuncia de sus hijos. Cada demanda será de unos 100 mil pesos.

Los padres de alumnos menores de edad que fueron imputados judicialmente por realizar amenazas de bombas en escuelas de La Plata, deberán responder patrimonialmente por la conducta de sus hijos y pagar los operativos de seguridad generados a partir de las intimidaciones públicas, confirmaron fuentes judiciales a 0221.com.ar.

El fiscal Juan Cruz Condomí Alcorta, designado para investigar estos hechos, ya envió toda la documentación a la Fiscalía de Estado de la provincia de Buenos Aires, para que comiencen con las demandas judiciales y procurar el pago de unos 100 mil pesos por cada operativo de seguridad desplegado por calles platenses luego de cada llamado anónimo que ponía en alerta a las comunidades educativos de cada escuela.

Durante el ciclo lectivo 2018 escuelas públicas platenses fueron blancos constantes de amenazas de bombas. Uno de los colegios que más sufrió esa situación fue el Normal 1, que llegó a tener varias intimidaciones diarias.

La situación en la sociedad educativa parecía desbordada. Pasaban las semanas y las soluciones no llegaban. Los ministerios de Seguridad y de Educación provincial no encontraban respuestas más que las evacuaciones, pérdidas de días de clases y familiar alteradas en su rutina laboral.

A fines de septiembre de aquel año el fiscal general de La Plata, Héctor Vogliolo, designó a Condomí Alcorta para investigar los casos. Con el paso de la semana la situación mostraba signos de cambios y con la llegada de los primeros allanamientos y detenciones la tasa semanal de intimidaciones comenzó a desinflarse rápidamente, salvo en el Normal 1, donde una interna entre los directivos y los investigadores judiciales mantuvo en turbulencia permanente a la comunidad educativa. Fuentes oficiales aseveraban que el Director se negaba a cumplir las nuevas directivas de no evacuar ante las intimidaciones, lo que le generó una imputación en sede penal.

Las investigaciones penales siguieron su curso durante todo el verano 2019, incluso hubo allanamientos y nuevas imputaciones. Con el panorama más aclarado, comienza la segunda etapa: el gobierno bonaerense de María Eugenia Vidal tiene todo listo para reclamar el pago de los operativos de seguridad (costas del servicio en lenguaje más técnico). Se estima que se iniciaron “no menos de 40 demandas”, detallaron fuentes oficiales consultadas por este medio.

El brazo encargado será la Fiscalía de Estado, cuyo titular es el ex decano de la Facultad de Ciencias Jurídicas de La Plata, Hernán Gómez. Este organismo de la constitución provincial tiene como misión la representación y defensa en juicio de la provincia de Buenos Aires, tanto en carácter de demandada como demandante. La Constitución provincial establece que el organismo “será parte legítima en los juicios contencioso administrativos y en todos aquellos en que se controviertan intereses del Estado”. El mismo principio se encuentra en la Ley Orgánica de la Fiscalía de Estado (decreto-ley 7543/69), el que especifica que la actuación del titular se extiende a todos los juicios “cualquiera sea su fuero o jurisdicción”. Dado que la facultad de representación tiene rango constitucional, no se requiere que el Poder Ejecutivo le confiera mandato expreso para intervenir. En su reglamentación interna, el Fiscal de Estado puede actuar por sí o por abogados debidamente habilitados como parte de la dependencia y que sigan sus instrucciones.

El fiscal a cargo de las investigaciones ya remitió toda la documentación a la Fiscalía de Estado bonaerense para que comience con las demandas civiles, con el objetivo que los adultos paguen los operativos de seguridad montado tras la denuncia de sus hijos. Cada demanda será de unos 100 mil pesos.

15 de mayo de 2019

Los padres de alumnos menores de edad que fueron imputados judicialmente por realizar amenazas de bombas en escuelas de La Plata, deberán responder patrimonialmente por la conducta de sus hijos y pagar los operativos de seguridad generados a partir de las intimidaciones públicas, confirmaron fuentes judiciales a 0221.com.ar.

El fiscal Juan Cruz Condomí Alcorta, designado para investigar estos hechos, ya envió toda la documentación a la Fiscalía de Estado de la provincia de Buenos Aires, para que comiencen con las demandas judiciales y procurar el pago de unos 100 mil pesos por cada operativo de seguridad desplegado por calles platenses luego de cada llamado anónimo que ponía en alerta a las comunidades educativos de cada escuela.

Durante el ciclo lectivo 2018 escuelas públicas platenses fueron blancos constantes de amenazas de bombas. Uno de los colegios que más sufrió esa situación fue el Normal 1, que llegó a tener varias intimidaciones diarias.

La situación en la sociedad educativa parecía desbordada. Pasaban las semanas y las soluciones no llegaban. Los ministerios de Seguridad y de Educación provincial no encontraban respuestas más que las evacuaciones, pérdidas de días de clases y familiar alteradas en su rutina laboral.

A fines de septiembre de aquel año el fiscal general de La Plata, Héctor Vogliolo, designó a Condomí Alcorta para investigar los casos. Con el paso de la semana la situación mostraba signos de cambios y con la llegada de los primeros allanamientos y detenciones la tasa semanal de intimidaciones comenzó a desinflarse rápidamente, salvo en el Normal 1, donde una interna entre los directivos y los investigadores judiciales mantuvo en turbulencia permanente a la comunidad educativa. Fuentes oficiales aseveraban que el Director se negaba a cumplir las nuevas directivas de no evacuar ante las intimidaciones, lo que le generó una imputación en sede penal.

Las investigaciones penales siguieron su curso durante todo el verano 2019, incluso hubo allanamientos y nuevas imputaciones. Con el panorama más aclarado, comienza la segunda etapa: el gobierno bonaerense de María Eugenia Vidal tiene todo listo para reclamar el pago de los operativos de seguridad (costas del servicio en lenguaje más técnico). Se estima que se iniciaron “no menos de 40 demandas”, detallaron fuentes oficiales consultadas por este medio.

El brazo encargado será la Fiscalía de Estado, cuyo titular es el ex decano de la Facultad de Ciencias Jurídicas de La Plata, Hernán Gómez. Este organismo de la constitución provincial tiene como misión la representación y defensa en juicio de la provincia de Buenos Aires, tanto en carácter de demandada como demandante. La Constitución provincial establece que el organismo “será parte legítima en los juicios contencioso administrativos y en todos aquellos en que se controviertan intereses del Estado”. El mismo principio se encuentra en la Ley Orgánica de la Fiscalía de Estado (decreto-ley 7543/69), el que especifica que la actuación del titular se extiende a todos los juicios “cualquiera sea su fuero o jurisdicción”. Dado que la facultad de representación tiene rango constitucional, no se requiere que el Poder Ejecutivo le confiera mandato expreso para intervenir. En su reglamentación interna, el Fiscal de Estado puede actuar por sí o por abogados debidamente habilitados como parte de la dependencia y que sigan sus instrucciones.

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