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Sin la trama política comienza el juicio por la trágica inundación de La Plata

Uno de los acusadores particulares realizará un contundente planteo para evitar que comience el juicio y se celebre la impunidad. Damnificados, sobrevivientes y familiares de víctimas fatales marcharán a la sede del fuero Penal platense.

El juicio oral por la trágica inundación de La Plata del 2 y 3 de abril de 2013 comenzará a ventilarse este miércoles en la sede del fuero Penal local. En el banquillo de los acusados estará solamente Sergio Ariel Lezana, titular de Defensa Civil de La Plata al momento del diluvio, acusado de incumplimiento de los deberes de funcionario público.

Tal como informó 0221.com.ar a modo de primicia, Lezana se declarará culpable y propondrá pagar el máximo de la multa previsto para este caso (unos 12.500 pesos) y cumplir con una inhabilitación especial de 1 año para el ejercicio de funciones públicas. El objetivo es evitar el juicio oral.

Frente a ello estará el fiscal Jorge Paolini, quien investigó el caso, y los abogados que representan a los ciudadanos que fueron legitimados como particulares damnificados en el expediente.

Uno de ellos es el letrado Marcelo Peña quien recusará al fiscal antes del inicio del debate y reclamará al Fiscal General de La Plata, Héctor Vogliolo, que designe otro funcionario para el juicio.

“El juicio que debería ser considerado como el de la verdad de la inundación de La Plata está cerca de convertirse en el juicio del encubrimiento y de la impunidad” explicó el abogado ante la consulta de este medio.

“A estar a trascendidos el fiscal Paolini habría arribado a un acuerdo en la alternativa del juicio abreviado y mediante el pago de la multa se cerraría el proceso. Concluiría de ese modo la investigación que siempre estuvo a su cargo y donde se avizoró que perseguía proteger al poder político que lo designó y prueba irrefutable es que cuando se sobreseyó” al ex gobernador Daniel Scioli en otra causa a su cargo “el fiscal Paolini no apeló”, recordó el letrado.

Para Peña “la inundación de La Plata no supone un escenario jurídico distinto a la tragedia de Once, Cromagnon, y la inundación de Santa Fe, situaciones en las cuales los fiscales y jueces investigaron, acusaron y condenaron a funcionarios con rango de Ministro por el delito de estrago. Paolini, pese a que en su momento no excluyó la hipótesis de esa conducta típica y anti jurídica, se limitó a investigar el delito de violación de deberes de funcionario público, delito correccional y dejo fuera al delito criminal de estrago”.

En otro pasaje de su recusación, el letrado consideró que “se tuvo evidencia de su objetivo cuando quisimos hacernos parte como particulares damnificados e impulsar la línea de investigación en el ámbito del estrago. Primero tuvimos la férrea oposición del juez Guilermo Atencio que la mantuvo hasta que la Cámara Penal revoco la negativa y obligo a que nos tuviera como particulares damnificados, e inmediatamente Paolini puso de manifiesto lo que ahora pretende coronar. Se negó a producir la prueba que propusimos y que evidenciaría el rol que cumplieron altos funcionarios provinciales y nacionales”.

Se sospecha que en los años 2010 a 2012 se verificó por el gobierno provincial una subejecución de partidas del presupuesto del programa Control de Inundaciones, que fue creado en 2010, y que fueron destinados a otros fines. “Como es sabido uno de los modos de hacerse de dinero por el Gobierno de turno es la no ejecución de la obra por la que se presupuestó, y que luego la direccionan para hacerse del dinero. Por esa motivación pedimos se oficiara a la Contaduría General de la Provincia, para que en relación a esos años informara cuales fueron las partidas para el programa “Saneamiento Hidráulico” y “Control de Inundaciones”, y cuál fue el grado de ejecución y destino de los fondos”, recordó Peña.

También se pidieron informe respecto de los programas de Agua Potable, Alcantarillado y Desagües Pluviales, y cuál fue la inversión en el área de desagües y drenaje en los años 2010 a 2013 por parte del ministerio de Infraestructura bonaerense. “También pedimos se oficiara al Ministerio de Infraestructura de la Nación para que informe si en los años 2010 a 2012 tenía fondos disponibles para el Proyecto de Prevención de inundaciones y Drenaje Urbano, financiado con un préstamo de 70 millones del Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF) y un aporte de más de 20 millones de dólares del propio Estado, y si con esos fondos se realizó alguna obra de infraestructura en la ciudad de La Plata, Berisso y Ensenada. Idéntico pedido de oficio se solicitó a la Auditoria General de la Nación”, detalló el denunciante.

Ninguno de esos planteos fue evacuado por el fiscal quien privilegió la celeridad a fin de que se juzgara el delito de violación de deberes de funcionario público y “ordenó una escisión de la causa, extrajo fotocopias y formo una nueva investigación que quedó inerte, sin movimiento, y cuando se pidió la información de la subpartidas se denegó. De ese modo Paolini abortó la posibilidad de solicitar la revisión de su negativa a producir esa prueba ante el Fiscal General de La Plata”, reveló Peña.

En la audiencia previa al juicio oral realizada en 2018, la jueza hizo Claudia Grecco lugar a la instrucción suplementaria y ordenó la producción “de nuestra prueba que pondrá en evidencia la responsabilidad de Scioli para abajo y en el orden nacional idéntico panorama. Esa prueba que se halla en curso de ejecución, una vez que se incorpore en medio del debate obligará a Paolini a tener que modificar la calificación de violación de deberes de funcionario público a estrago y con ello a enfrentarse a un escenario que lo complicara personalmente a él y a quienes lo designaron. El fiscal no quiere llegar a esa instancia”, disparó Peña.

El inicio del juicio oral está previsto a las 9.00 horas. Desde esa hora manifestantes se concentrarán en calle 8 entre 56 y 57 para pedir que se lleve a juicio y se condene a los responsables políticos de la tragedia.

Uno de los acusadores particulares realizará un contundente planteo para evitar que comience el juicio y se celebre la impunidad. Damnificados, sobrevivientes y familiares de víctimas fatales marcharán a la sede del fuero Penal platense.

06 de marzo de 2019

El juicio oral por la trágica inundación de La Plata del 2 y 3 de abril de 2013 comenzará a ventilarse este miércoles en la sede del fuero Penal local. En el banquillo de los acusados estará solamente Sergio Ariel Lezana, titular de Defensa Civil de La Plata al momento del diluvio, acusado de incumplimiento de los deberes de funcionario público.

Tal como informó 0221.com.ar a modo de primicia, Lezana se declarará culpable y propondrá pagar el máximo de la multa previsto para este caso (unos 12.500 pesos) y cumplir con una inhabilitación especial de 1 año para el ejercicio de funciones públicas. El objetivo es evitar el juicio oral.

Frente a ello estará el fiscal Jorge Paolini, quien investigó el caso, y los abogados que representan a los ciudadanos que fueron legitimados como particulares damnificados en el expediente.

Uno de ellos es el letrado Marcelo Peña quien recusará al fiscal antes del inicio del debate y reclamará al Fiscal General de La Plata, Héctor Vogliolo, que designe otro funcionario para el juicio.

“El juicio que debería ser considerado como el de la verdad de la inundación de La Plata está cerca de convertirse en el juicio del encubrimiento y de la impunidad” explicó el abogado ante la consulta de este medio.

“A estar a trascendidos el fiscal Paolini habría arribado a un acuerdo en la alternativa del juicio abreviado y mediante el pago de la multa se cerraría el proceso. Concluiría de ese modo la investigación que siempre estuvo a su cargo y donde se avizoró que perseguía proteger al poder político que lo designó y prueba irrefutable es que cuando se sobreseyó” al ex gobernador Daniel Scioli en otra causa a su cargo “el fiscal Paolini no apeló”, recordó el letrado.

Para Peña “la inundación de La Plata no supone un escenario jurídico distinto a la tragedia de Once, Cromagnon, y la inundación de Santa Fe, situaciones en las cuales los fiscales y jueces investigaron, acusaron y condenaron a funcionarios con rango de Ministro por el delito de estrago. Paolini, pese a que en su momento no excluyó la hipótesis de esa conducta típica y anti jurídica, se limitó a investigar el delito de violación de deberes de funcionario público, delito correccional y dejo fuera al delito criminal de estrago”.

En otro pasaje de su recusación, el letrado consideró que “se tuvo evidencia de su objetivo cuando quisimos hacernos parte como particulares damnificados e impulsar la línea de investigación en el ámbito del estrago. Primero tuvimos la férrea oposición del juez Guilermo Atencio que la mantuvo hasta que la Cámara Penal revoco la negativa y obligo a que nos tuviera como particulares damnificados, e inmediatamente Paolini puso de manifiesto lo que ahora pretende coronar. Se negó a producir la prueba que propusimos y que evidenciaría el rol que cumplieron altos funcionarios provinciales y nacionales”.

Se sospecha que en los años 2010 a 2012 se verificó por el gobierno provincial una subejecución de partidas del presupuesto del programa Control de Inundaciones, que fue creado en 2010, y que fueron destinados a otros fines. “Como es sabido uno de los modos de hacerse de dinero por el Gobierno de turno es la no ejecución de la obra por la que se presupuestó, y que luego la direccionan para hacerse del dinero. Por esa motivación pedimos se oficiara a la Contaduría General de la Provincia, para que en relación a esos años informara cuales fueron las partidas para el programa “Saneamiento Hidráulico” y “Control de Inundaciones”, y cuál fue el grado de ejecución y destino de los fondos”, recordó Peña.

También se pidieron informe respecto de los programas de Agua Potable, Alcantarillado y Desagües Pluviales, y cuál fue la inversión en el área de desagües y drenaje en los años 2010 a 2013 por parte del ministerio de Infraestructura bonaerense. “También pedimos se oficiara al Ministerio de Infraestructura de la Nación para que informe si en los años 2010 a 2012 tenía fondos disponibles para el Proyecto de Prevención de inundaciones y Drenaje Urbano, financiado con un préstamo de 70 millones del Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF) y un aporte de más de 20 millones de dólares del propio Estado, y si con esos fondos se realizó alguna obra de infraestructura en la ciudad de La Plata, Berisso y Ensenada. Idéntico pedido de oficio se solicitó a la Auditoria General de la Nación”, detalló el denunciante.

Ninguno de esos planteos fue evacuado por el fiscal quien privilegió la celeridad a fin de que se juzgara el delito de violación de deberes de funcionario público y “ordenó una escisión de la causa, extrajo fotocopias y formo una nueva investigación que quedó inerte, sin movimiento, y cuando se pidió la información de la subpartidas se denegó. De ese modo Paolini abortó la posibilidad de solicitar la revisión de su negativa a producir esa prueba ante el Fiscal General de La Plata”, reveló Peña.

En la audiencia previa al juicio oral realizada en 2018, la jueza hizo Claudia Grecco lugar a la instrucción suplementaria y ordenó la producción “de nuestra prueba que pondrá en evidencia la responsabilidad de Scioli para abajo y en el orden nacional idéntico panorama. Esa prueba que se halla en curso de ejecución, una vez que se incorpore en medio del debate obligará a Paolini a tener que modificar la calificación de violación de deberes de funcionario público a estrago y con ello a enfrentarse a un escenario que lo complicara personalmente a él y a quienes lo designaron. El fiscal no quiere llegar a esa instancia”, disparó Peña.

El inicio del juicio oral está previsto a las 9.00 horas. Desde esa hora manifestantes se concentrarán en calle 8 entre 56 y 57 para pedir que se lleve a juicio y se condene a los responsables políticos de la tragedia.

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Uno de los acusadores particulares realizará un contundente planteo para evitar que comience el juicio y se celebre la impunidad. Damnificados, sobrevivientes y familiares de víctimas fatales marcharán a la sede del fuero Penal platense.