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Con el pago de una multa y una inhabilitación, cerró el juicio por la trágica inundación

El único acusado aceptó su culpabilidad y pidió que le apliquen el máximo de la condena por el delito de incumplimiento de los deberes de funcionario público.

Reconozco que no he cumplido mi función como director de Defensa Civil”. Con esa frase, Sergio Ariel Lezana se convirtió en el único condenado por la trágica inundación del 2 y 3 de abril de 2013 que golpeó a La Plata. La pena insólita a cumplir: un año de inhabilitación para el ejercicio de la función pública y el pago de una multa de $12.500.

Así, en la primera audiencia del juicio oral se cerró el debate, ya que la jueza Claudia Grecco, tal como lo indica en marco legal vigente, homologó y fundó el acuerdo al que arribaron el fiscal Jorge Paolini y el abogado defensor Juan Di Nardo. Los fundamentos de la resolución se conocerán el viernes 15 de marzo.

La resolución de este expediente dejó con sabor a burla a los familiares de víctimas fatales de la tragedia que oficiaron como particulares damnificados en el expediente.

El artículo 378 del Código Procesal Penal bonaerense (omisión de prueba) establece que: “Si el imputado confesara circunstanciada y llanamente, podrá omitirse la recepción de la prueba, siempre que estuvieren de acuerdo el Juez, el Fiscal y el Defensor.”

Lezana reconoció que al momento de la tragedia, en el ámbito de la Municipalidad de La Plata (entonces al mando de Pablo Bruera) no existía un plan de atención en la emergencia para una catástrofe de tal magnitud, como tampoco había un sistema de alerta temprana no tampoco un registro de voluntarios organizados para colaborar con Defensa Civil, área a su cargo.

Durante el juicio la comuna platense estuvo representada por el abogado Fernando Padován, quien solicitó que se investigue el rol que tuvo el ex Jefe de Gabinete comunal Santiago Martorelli, ex máximo responsable del Comité Organizador para Emergencias Municipales (COEM).

Mientras se desarrollaba la audiencia de debate, en la puerta de la sede del fuero Penal de La Plata, se instaló una radio abierta en la que los manifestantes reclamaron “memoria, verdad y justicia” para las, al menos, 89 personas fallecidas, según se desprende del dictamen del ex juez Luis Arias, sentencia que quedó firme ya que no fue apelada.

Al inicio del debate los abogados Marcelo Peña y Horacio González Amaya recusaron al fiscal Paolini, pero la jueza no hizo lugar al planteo por entender que fue hecho fuera de término legal.

Además la abogada Claudia Ferrero, representante de inundados, pidió la nulidad de la resolución que permitió a la municipalidad de La Plata formar parte de la acusación. La jueza tampoco hizo lugar a ese pedido.

Pese al dolor e indignación de los damnificados y sobrevivientes, que reclaman el procesamiento de los actores políticos de la tragedia, cabe recordar que existe una causa que tramita en la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio 8 de La Plata, donde se investiga la trama política del desastre. Allí pueden llevar las pruebas que no pudieron presentar en el debate.

 

El único acusado aceptó su culpabilidad y pidió que le apliquen el máximo de la condena por el delito de incumplimiento de los deberes de funcionario público.

06 de marzo de 2019

Reconozco que no he cumplido mi función como director de Defensa Civil”. Con esa frase, Sergio Ariel Lezana se convirtió en el único condenado por la trágica inundación del 2 y 3 de abril de 2013 que golpeó a La Plata. La pena insólita a cumplir: un año de inhabilitación para el ejercicio de la función pública y el pago de una multa de $12.500.

Así, en la primera audiencia del juicio oral se cerró el debate, ya que la jueza Claudia Grecco, tal como lo indica en marco legal vigente, homologó y fundó el acuerdo al que arribaron el fiscal Jorge Paolini y el abogado defensor Juan Di Nardo. Los fundamentos de la resolución se conocerán el viernes 15 de marzo.

La resolución de este expediente dejó con sabor a burla a los familiares de víctimas fatales de la tragedia que oficiaron como particulares damnificados en el expediente.

El artículo 378 del Código Procesal Penal bonaerense (omisión de prueba) establece que: “Si el imputado confesara circunstanciada y llanamente, podrá omitirse la recepción de la prueba, siempre que estuvieren de acuerdo el Juez, el Fiscal y el Defensor.”

Lezana reconoció que al momento de la tragedia, en el ámbito de la Municipalidad de La Plata (entonces al mando de Pablo Bruera) no existía un plan de atención en la emergencia para una catástrofe de tal magnitud, como tampoco había un sistema de alerta temprana no tampoco un registro de voluntarios organizados para colaborar con Defensa Civil, área a su cargo.

Durante el juicio la comuna platense estuvo representada por el abogado Fernando Padován, quien solicitó que se investigue el rol que tuvo el ex Jefe de Gabinete comunal Santiago Martorelli, ex máximo responsable del Comité Organizador para Emergencias Municipales (COEM).

Mientras se desarrollaba la audiencia de debate, en la puerta de la sede del fuero Penal de La Plata, se instaló una radio abierta en la que los manifestantes reclamaron “memoria, verdad y justicia” para las, al menos, 89 personas fallecidas, según se desprende del dictamen del ex juez Luis Arias, sentencia que quedó firme ya que no fue apelada.

Al inicio del debate los abogados Marcelo Peña y Horacio González Amaya recusaron al fiscal Paolini, pero la jueza no hizo lugar al planteo por entender que fue hecho fuera de término legal.

Además la abogada Claudia Ferrero, representante de inundados, pidió la nulidad de la resolución que permitió a la municipalidad de La Plata formar parte de la acusación. La jueza tampoco hizo lugar a ese pedido.

Pese al dolor e indignación de los damnificados y sobrevivientes, que reclaman el procesamiento de los actores políticos de la tragedia, cabe recordar que existe una causa que tramita en la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio 8 de La Plata, donde se investiga la trama política del desastre. Allí pueden llevar las pruebas que no pudieron presentar en el debate.

 

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El único acusado aceptó su culpabilidad y pidió que le apliquen el máximo de la condena por el delito de incumplimiento de los deberes de funcionario público.