lunes 23 de marzo de 2026

La defensa de los jefes policiales acusados de coimas apuntó al poder político

“Esta causa fue dictaminada por el gobierno de la provincia de Buenos Aires”, dijo uno de los abogados en su encendido alegato.

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Con un extenso y meduloso discurso comenzó la hora de los alegatos de los ex jefes policiales de La Plata acusados de recaudar dinero ilegal para ofrecer seguridad y permitir el narcomenudeo y el ejercicio de la prostitución, entre otros delitos.

El abogado Oscar Salas, quien asiste a ex cúpula policial de la Jefatura Departamental de La Plata, señaló a sus asistidos como presos políticos y sostuvo que la causa investigada por el fiscal Marcelo Martini está débil en pruebas. “Hay delitos que no se cometieron, hace tres meses que no duermo por esta causa”, sostuvo el letrado.

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“Esta causa fue dictaminada por el gobierno de la provincia de Buenos Aires” dijo el defensor de los ex comisarios Dario Camerini; su segundo, Rodolfo Daniel Carballo; el exsecretario de la repartición, Walter Skaramowsky, y el exjefe de calle, oficial Ariel René Huck, quienes integraron la plana mayor de la Jefatura Departamental de La Plata al inicio de la investigación. Sobre ellos recayó un pedido de nueve años de cárcel, por los delitos de “asociación ilícita y autores mediatos de concusión”.

La causa tomó estado público el 1 de abril de 2016, a menos de cuatro meses del comienzo de la gestión de María Eugenia Vidal al frente del gobierno provincial. Ese día personal de Asuntos Internos de la policía provincial secuestró sobres con dinero, cuyo origen nunca fue especificado por los acusados. Según la acusación los sobres, con remitente y destinatario, estaban en el segundo cajón del escritorio de Huck.

Para el defensor la causa cuenta con “prueba pobre e inventada” y calificó de “caprichoso, infundado, inconsistente y fantasioso” al alegato de los fiscales Victoria Huergo y Javier Berlingeri, quienes dejaron planteado un duro pedido de condenas.

También atacó la investigación penal al sostener que el fiscal Marcelo Martini “no investigó nada”. “A los fiscales de juicio les dejaron una bomba que les estalló en el escritorio”, sostuvo el defensor.

Además consideró que el procedimiento realizado en la Jefatura Departamental “es nulo”, para proceder a solicitar que se investigue penalmente a los funcionarios de Asuntos Internos que participaron de la redada.

En otro pasaje pidió a los jueces que no se dejen influenciar por los medios de comunicación y periodistas que quieren ver condenados a los policías que son juzgados. Sobre el final de su alegato pidió la absolución de sus cuatro defendidos, por carencia de pruebas e inexistencia de delito.

En esta causa también están procesados los ex comisarios Sebastián Velázquez (comisaría Segunda); Sebastián Cuenca (Los Hornos); Raúl Frare (Villa Elisa) y Julio Sebastián Sáenz (Tolosa).

Todos los ex comisarios fueron exonerados de la fuerza policial antes que el exista una sentencia firma basada en cosa juzgada. En caso de absolución, tendrán la posibilidad de iniciar millonarias demandas al Estado provincial que, eventualmente, se pagará con el dinero que aportan todos los contribuyentes con sus impuestos.

La causa se inició el 1 de abril de 2016 mediante una inspección sorpresiva de la dirección de Asuntos Internos que investigaba dos denuncias anónimas en las que se aportaron datos de fechas de entrega de dinero en sobres, producto de recaudación ilegal. La coartada de los acusados sostiene que se trata de dinero destinado a pagar el servicio de Policía Adicional. Tras el procedimiento se secuestró la suma de $153.700.

El debate está a cargo del Tribunal Oral Criminal III de La Plata que conforman los jueces Ernesto DomenechSantiago Paolini y Andrés Vitali. La próxima audiencia será este viernes 1 de marzo, a las 9:00 horas, con los alegatos del resto de las defensas.

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