Sobrevivientes de la trágica inundación del 2 de abril de 2013 en La Plata se oponen a que el caso no sea ventilado en juicio oral, tal como solicitó la defensa del único procesado que llegó a esa instancia del proceso penal. Los acusadores particulares llevaron sus planteos ante la jueza que tendrá a cargo la dirección del debate público previsto para el próximo 6 de marzo en la sede del fuero Penal.
Por la mayor tragedia climática de la ciudad llegó procesado el ex titular de Defensa Civil de La Plata, Sergio Ariel Lezana, señalado por presunto incumplimiento de los deberes de funcionario público. El otro acusado falleció a principio de 2019.
Tal como informó 0221.com.ar la defensa a cargo del abogado Juan Ángel Di Nardo pidió la suspensión del juicio a cambio de aceptar la responsabilidad y propuso el pago del máximo de la multa prevista, unos $12.500, y una inhabilitación especial por un año para ejercer cargos públicos. Esta posibilidad está prevista en el artículo 64 del Código Penal.
Este lunes, abogadas de los sobrevivientes y familiares de víctimas fatales presentaron un escrito en el Juzgado Correccional 2 de La Plata, en el que solicitaron, entre otras medidas, que se abra el juicio y se escuche a los inundados.
Sofia Ballesteros, una de las abogadas, detalló que la clausura del debate evita que se conozcan públicamente las pruebas que hay en el expediente y la posibilidad de generar nuevas pruebas que sirvan para impulsar la causa penal que indaga sobre la trama política del desastre y que apunta, como máximos responsables, al ex gobernador Daniel Scioli, al ex intendente Pablo Bruera y a una larga lista de ex funcionarios, entre los que se anotan Ricardo Casal (ministro de Seguridad y Justicia al momento de la inundación), Santiago Martorelli (entonces Jefe de Gabinete municipal) y el ex ministro de Salud, Alejandro Collia, entre otros.
La abogada tampoco ahorró críticas para el fiscal Jorge Paolini, quien estuvo a cargo de la investigación y fue designado para que lleve adelante el juicio oral. “Paolini trabajó concienzudamente para garantizar la impunidad”, expresó durante la conferencia de prensa.
“No quieren ser evaluados por la sociedad y que se vean las pruebas que sí existen para imputar a los peces gordos”, sintetizó la letrada, quien resaltó que “no fue sólo una catástrofe natural”. La acusación particular también es ejercida por las abogadas Pía Garralda y Carolina Ferrero.