El calendario de 2019 no se detiene y ya asoma en el horizonte el inicio de clases en provincia de Buenos Aires pautado para el próximo 6 de marzo, aunque la tensión entre Gobierno y gremios por la paritaria docente vaticinen un no comienzo de ciclo escolar en tiempo y forma, pero esa arista es para otro análisis.
La familia de Mateo Yagame cambió la fecha y el lugar de la marcha planeada para este viernes, donde exigirán justicia por el joven asesinado en Los Hornos.
Edelap informó el trabajo de cuadrillas en La Plata y Berisso para resolver interrupciones en plena ola de calor.
Las amenazas de bombas en escuelas públicas de La Plata, Berisso y Ensenada durante 2018 fueron un verdadero dolor de cabeza para miles de familias de la región que veían alteradas sus rutinas laborales tras los avisos de las autoridades escolares para que retiren a sus hijos de las escuelas, que una y otra vez fueron blanco de una intimidación pública que alteró los nervios de los adultos.
EL MAPA DE LAS AMENAZAS DE BOMBA EN 2018
Durante le primer semestre de 2018 las autoridades no encontraban solución al problema, hasta que una línea de acción apareció en escena, emanada desde el fuero Penal de La Plata: la designación del fiscal Juan Cruz Condomí Alcorta como el encargado de investigar las amenazas comenzó a ser un paliativo al problema. En pocas semanas se vieron los resultados y la cantidad de amenazas comenzaron a descender estadísticamente y fácticamente. Quedó el Colegio Normal 1 de La Plata como un centro de conflicto constante. En el resto de las escuelas de Berisso, Ensenada y La Plata las intimidaciones comenzaron a mostrar "tendencia cero" hacia fines de año, lo que llevó tranquilidad a la comunidad educativa de la región.
Desde la justicia se aprovechó el receso escolar de verano para avanzar en las causas penales y ajustar el plan de acción. En esa línea, el fiscal comenzó a brindar charlas de capacitación a personal policial y en breve dará a conocer un nuevo protocolo de actuación ante amenazas de bombas en escuelas.
Además se incorporó nueva tecnología que permite identificar de inmediato casi en tiempo real, el número de teléfono desde el que se está haciendo la llamada con fines de intimidación. "Se logró un sistema de identificación de todos los teléfono más rápido que el año pasado", explicó una fuente del caso consultada por 0221.com.ar.
Otras de las líneas de acción son "en breve" charlas de capacitación en prevención que dará personal del ministerio de Seguridad bonaerense a las autoridades educativas de La Plata para brindarle más herramientas en la gestión ante estos casos de conmoción al orden público como son las amenazas de bombas en escuelas.
En tanto las causas penales siguen abiertas. La semana del 11 al 15 de febrero pasado hubo cinco allanamientos en casas de estudiantes de cuyos teléfonos emanaron intimidaciones. "Desde que terminaron las clases tenemos un promedio de casi un allanamiento por día por este tema", confiaron fuentes de Tribunales consultadas por este medio.
Al cierre del año 2018 en la justicia Penal de La Plata tramitaban más de 1200 expedientes repartidos en varias fiscalías, pero desde septiembre pasado el fiscal Condomí Alcorta fue designado como el investigador temático y se puso al frente de la redada contra los bromistas de mal gusto.
Según registros oficiales a los que accedió 0221.com.ar ya fueron esclarecidos más de 320 casos, se procesaron 10 adultos y 55 menores de edad al tiempo que se secuestraron y analizaron más de 100 teléfonos celulares que, se sospecha, fueron utilizados para realizar llamados anónimos alertando sobre presencia de artefactos explosivos. Una y otra vez resultaron ser falsos, pero movilizaron a todo un aparato de seguridad y pusieron en jaque a distintas comunidades educativas.
La tendencia comenzó a disminuir a partir de septiembre por dos factores fundamentales: la designación del fiscal temático que se puso al frente del problema y profundizó los allanamientos avalados por los jueces en turno y, en paralelo, el avance de las causas que estaban en trámite en otras fiscalías. Una de las más activas fue Cecilia Corfield, quien encabezó varias redadas judiciales en La Plata y Berisso y pidió el juicio oral para una mujer acusada de hacer amenazas telefónicas a la Escuela 200 de Lisandro Olmos.
La designación de un fiscal que centralice todas las investigaciones llegó luego de varios reclamos judiciales y por las redes sociales que protagonizaron padres desesperados que todos los días salían corriendo de sus trabajos para ir a buscar a sus hijos a las escuelas amenazadas. El Fiscal General de La Plata, Héctor Vogliolo, tardó más de cinco meses en designar a un experto, cuando existían antecedentes exitosos en los departamentos judiciales de Quilmes y Morón, donde tuvieron el mismo problema pero fue solucionado en pocas semanas con un investigador al mando.
No solo las escuelas bonaerenses fueron blanco de esta pesadilla. En el inicio de clases el mismo problema padeció el Liceo Víctor Mercante (colegio dependiente de la Universidad Nacional de La Plata), desde donde se dieron una estrategia distinta.
La casa de altos estudios aplicó una severa sanción para tres alumnos que fueron descubiertos como los autores de amenazas de bomba a la institución. Los directivos del colegio decidieron aplicarles todas las amonestaciones posibles para que lleguen al límite y los dejaron en condición "libre", por lo que debieron rendir todas las materias sin cursar al finalizar el ciclo lectivo. Nunca más hubo amenazas. En tanto, los alumnos de escuelas bonaerenses que fueron identificados como autores de amenazas recibieron sanciones leves de hasta cinco amonestaciones.
Así el cuadro de situación, fuentes judiciales adelantaron que las investigaciones seguirán adelante y preparan una serie de medidas sorpresas para el ciclo lectivo 2019. La intimidación pública es un delito que se paga con hasta seis años de prisión en una cárcel común.
Durante la presentación de las estadísticas del delito en la provincia de Buenos Aires, el procurador general Julio Marcelo Conte Grand, aseguró que aumentó exponencialmente la cantidad de causas por amenazas de explosivos en escuelas bonaerenses, pero minimizó el problema con una explicación inundada de tecnicismo jurídico aunque alejada de la realidad. Reconoció que la mayoría de ellas no se investiga por una cuestión de costos operativos y se escudó en la teoría de la bagatela o principio de la insignificancia, es decir, lesiones banales de bienes jurídicos. Traducido: al Estado le sale más barato no investigar que encontrar al o los culpables, pero eso no significa que no se inicien las acciones en sede Civil para lograr el pago monetario del daño causado.
Un dato llamativo sobre el tema lo aportó el silencio del ministro de Seguridad bonaerense Cristian Ritondo, quien no habló del tema en todo 2018.