Con la declaración indagatoria ante el fiscal Hugo Tesón otros ocho platenses quedaron procesados pero en libertad por un millonario desvío de fondos públicos detectados en el Instituto Provincial de Loterías y Casinos de la provincia de Buenos Aires (IPLyC) entre los años 2013 y 2015, confirmaron fuentes judiciales a 0221.com.ar.
Alejandro Ramina, Marisa Ariznavarreta, Héctor Linghuitano, César Hernández y Néstor Vera junto a otros tres sospechosos son investigados como partícipes secundarios del delito de “peculado”.
Se sospecha que los acusados formaron parte de una maniobra para fraguar órdenes de publicidad por un valor superior a los 18 millones de pesos entre los años 2013 y 2015, durante la administración de Daniel Scioli como gobernador.
En esta causa también están detenidos el extitular de IPLyC, Jorge "Piedrita" Rodríguez y el extesorero de la entidad, Jorge Maggi, quienes se entregaron el pasado viernes 4 de enero en la sede de la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio 8 de La Plata donde tramita la causa.
En tanto un empleado y un funcionario fueron excarcelados bajo fianza ("caución real" en la jerga jurídica). Luis Mariano Bordenave, jefe del departamento de Publicidad, y Alejandro Selva, empleado de la repartición, recuperaron la libertad luego del planteo realizado por su abogado Marcelo Peña, según lo dispuso el juez de Garantías, Juan Pablo Masi, en la resolución a la que accedió este medio.
Según la investigación, entre abril de 2013 y 2015, se iniciaron expedientes para generar órdenes de publicidad apócrifas en favor de personas con las que los acusados estarían en connivencia.
La denuncia había sido radicada en 2016 por el entonces director de Lotería de la provincia de Buenos Aires, Eugenio Melitón López, tras una auditoría que realizó en el organismo cuando asumió el cargo. La presentación judicial recayó en la fiscalía de Delitos Complejos, a cargo de Jorge Paolini, quien luego pasó al área de juicios orales y en su lugar asumió Tesón.
La excarcelación de Selva y Bordenave enciende una luz de esperanza en las defensas de Rodríguez y Maggi a cargo de los abogados Julio Beley y el mencionado Peña. Ambos ya presentaron la excarcelación que debe ser resuelta por el juez a cargo de la causa. La magistrada natural es Florencia Butiérrez, quien está de licencia. Su lugar es ocupado momentáneamente por el juez Masi quien está de turno durante la primera quincena de la feria judicial de enero.
En rigor el caso estuvo encuadrado como asociación ilícita, malversación de fondos públicos y peculado, pero solo quedó en pie la última de las figuras penales.
La figura de peculado es un delito que solo pueden cometer los funcionarios públicos y generalmente es excarcelable, según el antecedente del caso Gabriel Maidana, el ex administrador del Hipódromo de La Plata, procesado por vender ilegalmente en Chile los derechos de televisación de las carreras.
Ese expediente comenzó en 2017 luego de una denuncia para Maidana, quien estuvo a cargo del circo hípico platense desde el año 2012 hasta 2015. Se sospecha de manejos irregulares de fondos: la venta ilegal de los derechos de televisación de las carreras para que se emitan en las pantallas del Club Hípico Concepción de Chile. Fuentes judiciales recordaron que en el expediente se acreditó que Maidana todos los meses cruzaba la Cordillera de los Andes y embolsaba 120 mil dólares que, se sospecha, iban a engrosar su patrimonio personal.
La Sala II de la Cámara de Apelaciones y Garantías de La Plata, integrada por los jueces Laura Lasaga, Ricardo Szelagowski y Sergio Almeida, tienen para este tipo de delitos el criterio de otorgar la excarcelación a cambio del pago de una fianza, para que el acusado transite el proceso en libertad, siempre que el encausado no registre antecedentes y se haya sometido a cada requerimiento judicial previo a su detención es decir, esté “ajustado a derecho” en la jerga tribunalicia.
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