Con varios escritos judiciales las defensas de acusados de integrar una megabanda criminal que operaba en La Plata con protección judicial comenzaron a desplegar sus estrategias en procura de la libertad de los encausados como primero de los objetivos y sobreseimiento en segundo término.
La semana pasada, la jueza de Garantías Florencia Butiérrez dictó la prisión preventiva del primero de los lotes de detenidos, integrado por policías, ladrones, barras y narcos.
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Uno de los primeros en llegar a la Sala II de la Cámara de Apelaciones y Garantías de La Plata fue Marcelo Peña, defensor del excomisario Gustavo Burzstyn, quien planteó una batería de nulidades en base a que se afectó el derecho de defensa porque no pudieron acceder a la lectura de la totalidad de la causa y escuchas telefónicas. Además pidió que se realice una audiencia oral previa a la resolución de las apelaciones.
Otro de los letrados que llevó sus planteos fue Oscar Salas, quien asiste al policía Marcos Chiusaroli, quien quedó en libertad y pidió su desvinculación del caso. También tiene a su cargo la defensa de Ángel “Pipi” Yalet. No tuvo contemplaciones en atacar la labor de la fiscal Betina Lacki y el criterio de la jueza Butiérrez.
En un duro documento, Salas planteó que existe “escasez probatoria” y que su usó solamente “la prueba indiciaria para inculpar el delito, sin partir de un hecho probado que junto a aquella le permita presumir la existencia de la banda y la participación” de Yalet en ella.
Para el defensor “pareciera haberse creado un nuevo tipo de participación criminal en nuestro Código penal que es la coautoría en un delito por el simple hecho de ser amigo de quien se supone participó del mismo". "Un monumental desacierto jurídico”, sostuvo. Para salas, la amistad de Yalet con Ronco, no lo hace responsable de ningún delito y menos integrante de la asociación ilícita.
El defensor también se quejó de la imposibilidad de acceder a la lectura completa de la causa. Yalet pidió ampliar su declaración indagatoria y todavía no fue citado: “Y lo que es peor aún, la defensa nunca tiene acceso a la causa porque siempre está a despacho en distintos lugares del palacio, lo que genera una situación de vulnerabilidad al derecho de defensa y una demostración de autoritarismo por parte de la justicia, absolutamente inaceptable”, remarcó.
“Sabiendo que eran muchos los detenidos y por ende muchos los abogados, la doctora Lacki debió, indefectible y obligatoriamente, haber tomado la previsión de grabar la causa en un cd para que cada uno de los defensores tuviéramos acceso a la misma y poder trabajar seriamente. Nótese que nosotros estamos apelando una resolución sin haber tenido todavía la posibilidad de estudiar correctamente la causa. Posibilidad que no se le ha negado a ningún otro órgano interviniente, solo a las defensas. Es como remar en la arena", consideró el letrado en su apelación.
También se refirió a la difusión de las escuchas telefónicas y agregó que “por su lado, el periodismo desparrama en sus portales gráficos, radiales y televisivos escuchas telefónicas o grabaciones que los defensores aún no pudimos analizar y nos enteramos de sus contenidos preguntándole a periodistas conocidos". "Una verdadera vergüenza. Si esto fuera un juego procesal podría decirse que hay jugadores que juegan con ventaja y no somos precisamente los defensores”, se quejó.
Otros de los defensores particulares que recurrieron en queja fue Dante Chirino, en representación de Jorge Gómez de Saravia, alias “El Fiscal”. Se sospecha que como integrante de la banda, simulaba ser funcionario judicial para desviar investigaciones.
Si bien la jueza Butiérrez lo aparta de haber consumado encubrimientos de homicidios, lo señala como integrante de la asociación ilícita. Quedó detenido como integrante de la banda y pasó de encubridor a cómplice.
La defensa presentó un hábeas corpus en la Cámara Penal platense. Sostiene que durante la investigación previa a su detención, nunca lo sindicaron como parte de la banda sino como encubridor. Para Chirino, con los mismos elementos del encubrimiento lo detienen por asociación ilícita. Entiende que se trata de una maniobra arbitraria de la fiscalía, avalada por la jueza, para mantenerlo detenido. “Está preso por estar preso”, dijo ante la consulta de 0221.com.ar.
El resto de las defensas están en plena elaboración de sus recursos. Tal es el caso de Gustavo Rivero quien defiende a Javier Ronco. Según adelantó a este medio, la próxima semana hará un planteo que “dará mucho que hablar”.
Las prisiones preventivas recayeron sobre el excomisario mayor Gustavo Bursztyn (hasta su captura prestaba servicios en el Comando de Patrullas); el oficial Gustavo Mena (ya cesanteado por otra causa); Javier Ronco (estaba bajo arresto domiciliario por un doble homicidio); Ángel Custodio “Pipi” Yalet; Adrián “Quichua” Manes (detenido por el homicidio de Juan Farías, exintegrante de la banda); Carlos Bertoni (hermano del jugador de fútbol campeón del mundo ); Carlos “Macha” Barroso Luna; Jorge “El Fiscal” Gómez de Saravia; Héctor “Pepe” Vega (cuya defensa asumió Marcelo Di Siervi); y el barra de Gimnasia, Martín Ezequiel “Gaucho” Fernández.
Junto a este lote de procesados también fueron detenidos el exjuez de Garantías de La Plata, César Melazo, el operador judicial Enrique Petrullo y el exjefe de la barra de Estudiantes de La Plata, Rubén “El Tucumano” Herrera.
Estos tres últimos perdieron su libertad el viernes 24 de agosto último. Según pudo saber 0221.com.ar la fiscal Lacki pedirá 15 días de prórroga para solicitar, o no, la prisión preventiva de los tres últimos detenidos. La medida sería concretada el viernes 21 de septiembre o el lunes siguiente.
En tanto fuentes legislativas confirmaron a este medio que el 18 de septiembre próximo se sortearán en el Senado bonaerense los conjueces legisladores para analizar el posible juicio político para el juez de Casación, Martín Ordoqui, imputado en el marco de esta causa por el delito de “tráfico de influencias”.