domingo 25 de febrero de 2024

El Estado ausente es la peor amenaza

Las escuelas no contienen a los alumnos, las autoridades educativas no diseñan medidas concretas y las de Seguridad no encuentran a los autores ni previenen las amenazas de bomba. La justicia demoró la unificación de las causas y echa la culpa a los padres.

0221.com.ar | Carlos Marino
Por Carlos Marino Editor propietario
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La suma de todas las ineficiencias por parte del Estado parece haberse concentrado en la oleada interminable de amenazas de bomba que comenzó hace ya más de tres meses y que podría convertir en un año prácticamente perdido al ciclo lectivo de varias escuelas de la región. Ahora, ese mismo Estado, que no ha sabido encaminar una solución al tema, recurre a poner en el centro de las responsabilidades a los padres de los alumnos, quienes deberán pagar por lo que hagan sus hijos.

Claro que, para que esa sanción efectivamente se ejecutase, antes debería corroborarse que efectivamente sean los alumnos los autores de los llamados. Eso no ha ocurrido y las investigaciones han resultado más bien infructuosas, sin avances concretos respecto del origen de las acciones de intimidación. Y cuando hubo identificaciones, en no más de un par de casos, el resultado fueron espectaculares operativos de tono más publicitario que efectivo en los que los acusados resultaron ser temerosos adolescentes expuestos al escarnio.

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Esa incapacidad para resolver un problema que ha alcanzado dimensiones inéditas y ha colocado a la educación –fundamentalmente, la pública- en el momento más crítico se replica indefectiblemente en las distintas caras con las que el Estado interviene. Y adquiere una connotación simbólica escandalosa por tratarse de un fenómeno que ocurre en la capital provincial a pocos metros de la gobernación bonaerense y la Municipalidad de La Plata.

El reclamo inicial es para el rostro judicial y de seguridad, que no pudieron o no supieron neutralizar un fenómeno que, por el contrario, se potenció y derivó en una suerte de efecto contagio que se convirtió en intolerable tanto para los alumnos que evacuan las escuelas casi a diario como para sus padres, que ven complicadas sus jornadas y frustrado el proceso educativo de sus hijos.

Ni siquiera surgió como opción eficaz una vigilancia más o menos permanente de los edificios o la aplicación de algún sistema de seguridad de mayor sofisticación que garanticen la presencia de los alumnos en las aulas y eviten situaciones de riesgo latente cuando salen en grupo hacia la calle y permanecen durante horas en la vía pública esperando volver a entrar.

Postales de esa sinrazón son las caminatas de niños de 3 a 5 años desde el Jardín del Normal 1 hasta el Centro Cultural Islas Malvinas o la permanencia bajo la lluvia de cientos de adolescentes en las escalinatas de la Catedral durante las amenazas, que ya superan las treinta en el colegio emblemático de Plaza Moreno.

En ese terreno, los máximos responsables poco han hecho para ponerse al frente de la búsqueda de soluciones. Tanto el ministro de Educación, Gabriel Sánchez Zinny, como el de Seguridad, Cristian Ritondo, se han llamado a silencio, al menos en la esfera pública. No han emitido señales que permitan pensar a los damnificados que se están diseñando acciones para terminar con la situación de incertidumbre permanente.

Resulta poco comprensible que el Ministerio de Seguridad no cuente, en estos casos, con la tecnología necesaria para identificar inmediatamente el lugar desde donde se realizan las amenazas, por más cobertura que quienes llaman procuren tener usando locutorios o celulares que después son descartados. Distinta celeridad se ha demostrado, por ejemplo, cuando la figura presidencial se vio atacada por algún mensaje en las redes sociales.

"Las amenazas de bomba no son un juego; hoy, con lo tecnológico, en cinco, seis, diez días hay orden de allanamiento", había dicho Ritondo durante una recorrida en Zárate el año pasado, cuando los casos eran aislados. Este año no le dedicó siquiera mensajes en las redes sociales.

"Una falsa amenaza de bomba pone en ejecución a todas las áreas del gobierno y distrae los recursos", fue el mensaje que la administración Cambiemos les bajó a los chicos en una jornada de debate sobre el tema que se realizó en el Coliseo Podestá. Pero no pasó de allí: no hubo declaraciones ni medidas concretas, ni siquiera gestos concretos con los padres desesperados.

Es demasiado evidente el dispar criterio que aplican los funcionarios si se compara el duro cuestionamiento a los docentes por los días de clase perdidos en el marco de los paros con el silencio absoluto respecto a las cientos de horas perdidas por las amenazas.

EL MAPA DE LAS AMENAZAS

 

En el plano más doloroso no lo han sabido abordar con eficiencia las propias escuelas, por más voluntarismo que intenten aplicar los directivos y los docentes. Los canales para trabajar en una etapa preventiva no han existido o no han tenido los resultados esperados. Suponiendo que es acertada la hipótesis de que quienes realizan las amenazas son alumnos, el trabajo puertas adentro de las escuelas y con las familias no dio frutos. Todo lo contrario: la periodicidad de los llamados ha aumentado.

Ni siquiera jueces y fiscales pudieron ponerse de acuerdo para llevar de modo lógico las investigaciones. Tuvieron que pasar más de tres meses en los que no hubo día sin llamado intimidatorio a algunas de las escuelas de la región, para que la justicia se decidiera a unificar las investigaciones. Este lunes, entró oficialmente en funciones la fiscalía temática de La Plata, que investigará las amenazas por disposición del procurador general bonaerense, Julio Marcelo Conte Grand.

Fue justamente el responsables de la misma, el fiscal Juan Cruz Condomí Alcorta, quien, antes de tener una confirmación concreta respecto a las autorías de los llamados, extendió la responsabilidad a los padres de los alumnos que amenazan para que paguen como responsables máximos de un fenómeno que ya es un laberinto al cual nadie le puede encontrar una salida.

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