Manuel Justiniano Valdez, tal su verdadera identidad, había sido citado el pasado 7 de agosto a una audiencia de conciliación con personas en situación de vulnerabilidad habitacional que montaron sus viviendas precarias en el predio de la fábrica abandonada donde vive curador.
El uso del predio de 138 y 480 está en el marco de una contienda judicial. Manuel asegura que tiene un permiso de uso del lugar pero Armando Gabriel López Mendoza (asistido por las abogadas Analía Carrillo y Sofía Caravelos) asegura que compró un lote y dice acreditarlo con un “boleto de cesión de acciones y derechos posesorios”. Así, esa parte, asegura que no existe el delito de usurpación denunciado por Manuel en diciembre de 2016 en la comisaría de City Bell.
La causa, en su inicio, fue tramitada por el fiscal Marcelo Martini, quien no dio curso a la demanda y la archivó.
Una nueva denuncia radicada en la fiscalía 11 de La Plata, a cargo de Álvaro Garganta, reactivó el pleito. Garganta es uno de los fiscales que aparece mencionado en el caso de la megabanda criminal con protección judicial que se investiga en La Plata.
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