La última e increíble versión del único detenido por el crimen de Miguel Bru

López es el principal imputado por la desaparición de Miguel, al que todos señalaron como el autor material del homicidio. Aunque durante un tiempo tuvo salidas, lleva cerca de 16 años preso y está próximo a cumplir la condena que es monitoreada por la camarista María Silvia Oyhamburu.

Terminado el juicio oral, se abrió la Investigación Penal Preparatoria N° 28329/99 para buscar el cuerpo que, hasta hoy, no ha tenido avances significativos. Todas y cada una de las medidas adoptadas resultaron infructuosas. Desde hacía varios años Rosa Schonfeld de Bru -la madre de Miguel- venía cuestionado la predisposición del fiscal a cargo del caso, Fernando Cartasegna, para investigar el caso hasta que a mediados del año pasado renunció a su cargo envuelto en un escándalo que nunca se aclaró del todo.  Los casos fueron derivados a otras fiscalías. Entonces Martini recibió el caso, que acumula cuatro cuerpos y decenas de rastrillajes (a lo que hay que sumar la voluminosa causa madre), por un pedido personal de Schonfeld. Dio a la pesquisa una nueva vitalidad llevando adelante algunas medidas que eran solicitadas por los Bru que su antecesor había omitido.

En el primer rastrillaje que llevó adelante el representante del Ministerio Público encontró en la playa Bagliardi de Berisso, un tanque de combustible como el que había sido mencionado por varios testigos en relación a que en su interior se había colocado el cuerpo y luego completado con cemento para, finalmente, tirarlo al río. Sin embargo, con ayuda de Gabriela Ghidini del Equipo Argentino de Antropología Forense esa posibilidad quedó descartada.

Una vez que estuvo plenamente interiorizado del contenido del expediente Martini se convenció que una medida importante era conversar con López, el único condenado que permanece detenido. Es necesario recordar que Abrigo murió en la cárcel de Florencio Varela al descomponerse mientras jugaba un partido de fútbol en octubre de 2003, mientras que Ojeda y Cerecetto nunca fueron presos.

En los primeros días diciembre del año pasado el fiscal decidió viajar a Olavarría en compañía de un instructor de la Procuración General de la Suprema Corte de Justicia, Felipe García, para entrevistarse con López.

Entre rejas, el Negro aprendió el oficio de artesano en los obradores de Sierra Chica. Con el tiempo abrazó la actividad y se convirtió en el responsable del taller de manualidades. La escultura en madera titulada “Secuelas de un mundo ambicioso” esculpida por él obtuvo, a fines de 2008, el primer premio otorgado por el programa Encarcelarte, organizado por el Ministerio de Justicia provincial y el Servicio Penitenciario Bo­naerense a través del Archivo Histórico y Museo, y de la Direc­ción de Coordinación de Asistencia y Tratamiento Penitenciario. La obra fue seleccionada entre decenas de trabajos en pintu­ra, dibujo, escultura y cerámica hechos por internos alojados en unidades penitenciarias de toda la provincia de Buenos Aires. En la ceremonia de premiación, realizada en el Teatro Coliseo Podestá de La Plata, López recibió el galardón de manos del ministro de Justicia y Seguridad, Ricardo Casal, y el jefe del Servicio Peniten­ciario Bonaerense, Fernando Díaz. Los funcionarios hablaron de la importancia resocializadora del arte. Ese hombre rudo, acostumbrado a la acción se había vuelto un preso modelo, lo que le había permitido obtener en 2012 salidas transitorias y en 2014 la libertad condicional, que pronto fue revisada y lo devolvió a la cárcel que en breve dejará por haber cumplido su condena.

- Vea estimado, yo estoy acá porque creo que usted puede ayudar a que se cierre esta causa de una vez por todas – dijo Martini sentado frente al ex sargento en el estrecho locutorio del penal.

- Yo ya dije una y mil veces que no tuve nada que ver con ese caso. Al único Bru que conocí es al padre que fue compañero mío en la 9na

- Los jueces opinaron otra cosa.

- Estaban presionados por los medios y todo lo que se decía de la policía. Pero le repito, yo no sé nada… Solo lo de Chile…

- ¿Qué cosa?

- Que el pibe se fue a Chile; que allá vivía escondido y que lo mataron.

- ¿Cómo es eso?

- Es lo que se decía, no sé mucho más.

Efectivamente no aportó ningún otro detalle al respecto.

Fuentes tribunalicias aseguraron a 0221.com.ar haber escuchado la misma vidriosa versión sobre Chile de boca de Abrigo antes de su muerte.

Ya en el primer tramo de la causa desde la defensa de los policías se intentó hacer circular una versión del paso de Miguel Bru al país trasandino. El abogado de los policías Alejandro Casal Rivera -fallecido en 2006- intentó convencer a varios periodistas del diario El Día de que había dos testigos que podían contar que el joven se hallaba oculto en Chile y que allá mantenía una relación con una mujer que estaba embarazada. Cuando los periodistas quisieron chequear el dato, Casal no aportó mayores detalles y la cosa nunca llegó a publicarse, recuerda uno de los cronistas contactado en aquel momento.

Martini abandonó el penal de Sierra Chica con las manos vacías. Dejó sobre la mesa un papel con su celular y antes de despedirse le pidió a López que pensara sobre el asunto y que si recordaba algo lo llamara.

Cuando contó lo ocurrido a Rosa, ésta le suplicó que volviera a verlo pero que fuera solo, sin el instructor de Procuración y que se comprometiera a trabajar para mejorar su situación e incluso promover su libertad. Lo hizo a fines de diciembre y obtuvo el mismo resultado. El interno repitió el mismo comentario sobre Chile y agregó: “Creo que estaba allá en pareja”.

No era la primera vez que López recibía un ofrecimiento de estas características. Apenas terminado el juicio oral, en mayo de 1999, los abogados de los policías, rechazaron una propuesta originada en la familia Bru de aceptar pedir una conmutación de penas a cambio de la información sobre el destino final del cuerpo.

OTROS POLICÍAS QUE PUEDEN SABER

Sobre lo ocurrido en la noche del 17 de agosto de 1993 en la Comisaría 9na hay otros policías que podrían (o deberían) saber sobre los que la Justicia nunca investigó suficientemente.

Según los registros de la 9na, entre el 17 y el 18 de agosto de 1993 estuvieron en la seccional los subcomisa­rios Carmelo Forte y Ernesto Carrizo; los oficiales Juan Carlos Suárez, Julio Gómez Sánchez (hijo) y Jorge Guillermo Viciconti, además de los suboficiales Ramón Cerecetto, Pedro Etchegaray, Carlos Paz, Claudia Belloni, Fabián Agostini y el chofer Gustavo Carpinetti, que manejaba el único móvil con que con­taba la dependencia, un Ford Falcon patente B1090105. Tam­bién estuvo el agente Julio Ayala, que ese día había tomado destino en la 9ª. En las constancias de aquellas horas también figuran otros efec­tivos: Alberto Pintos, Juan Izaguirre, Mariano Villalba, Daniel Puis, Daniel Altamirano y Walter Olaso, además de varios po­licías de otras seccionales que participaban de una redada que intentaba capturar a un violador en la zona del Bosque platense. Son los efectivos Roldán, Verón, Posse, Romero, Molina, Alca­zar, Lorenzo, Alarcón y Allendi.

En el libro de guardias, que fue fraguado para omitir a Bru, se señala que el 18 de agosto de 1993 el comisario Ojeda llegó a la seccional a las 7.30. La puntualidad de Ojeda para entrar al servicio se expone como admirable y quedó expresada en el libro los días subsiguientes en los que invariablemente se consigna su ingreso a las 7 o a las 7.30 en punto.

Durante el juicio oral en el que se ventiló la desaparición de Bru, la veintena de po­licías convocados a declarar exhibieron, como denominador común, una ostensible fragilidad de memoria. Fue el momento en que resultó más evi­dente la existencia de un muro de silencio construido corpora­tivamente para distorsionar los hechos y ocultar el crimen. Una estrategia montada no solo sobre el temor, sino también sobre una inadmisible falta de calificación y profesionalismo de una institución acorralada por las sospechas. “No me acuerdo”, “no vi”, “no escuché” y hasta “no en­tiendo” fueron las respuestas llamativamente calcadas de los uniformados, algunos cuyo testimonio los mostró al borde de la imbecilidad.

El aspirante a agente Julio Ayala tuvo un verdadero bautismo de fuego el 17 de agosto de 1993 en la comisaría 9ª. Aquel fue su primer día en la fuerza. Como el resto de sus camaradas, al declarar en el juicio no recordó que nada raro hubiera pasado esa noche. Según contó, se presentó a las cinco de la tarde y, como era su primer día, le ordenaron tareas de limpieza. Entre tanto debía observar el funcionamiento de la dependencia en la que permaneció hasta las ocho de la mañana del día siguiente. Consultado sobre si había visto en la seccional a alguno de los acusados, dijo que solo podía recordar al comisario. También sostuvo que aquella noche no vio a ninguna persona esposada.

Uno a uno, como siguiendo un libreto, todos dijeron que des­conocían las tareas del Servicio de Calle y a la mayoría de sus integrantes; aseguraron que ese servicio dependía directamente del comisario y no tenía relación con la actividad en la seccional. Además, todos coincidieron en haberse enterado del caso por los medios de comunicación.

Más: en una denuncia con reserva de identidad presen­tada esa misma tarde ante la Unidad Funcional de Investigacio­nes Complejas, se acusó a dos policías afectados al operativo de seguridad de la sala de audiencias de dirigir las declaraciones y adelantar a los testigos que esperaban, asilados en una oficina contigua, por declarar lo que iban diciendo sus camaradas. El caso recayó finalmente en la fiscalía de turno, a cargo de Beatriz Castellanos, quien por falta de elementos nunca pudo procesar a nadie por aquella denuncia.

Al día siguiente, antes de que todo empezara y mientras la sala aún estaba casi vacía, se escuchó desde la oficina contigua donde esperan los testigos cómo una mujer instruía a los gritos a los inminentes testigos uniformados: “No podemos hablar, no podemos comentar nada. Y ni se les ocurra siquiera saludar al que pasa a declarar”. Un bochorno en el que los magistrados no repararon.

A dos años del juicio oral, el 14 de mayo de 2001, después de reunir la información suficiente, Rosa Schonfeld le pidió al fiscal de turno, Mariano Lasarte, que investigara a partir de nuevos elementos. Requirió que se analizara el registro de las cámaras de seguridad insta­ladas en la 9ª en las oficinas y en la zona de calabozos y pidió que se estableciera fehacientemente la nómina del personal de guardia de aquella noche en base a los libros de la seccional.

Recién a fines de 2001 la Justicia activó la causa en la que se propuso investigar a tres oficiales por una posible omisión de denunciar el crimen. El llamado “caso Bru 2” involucró a los oficiales Suárez, Viciconti y Gómez Sánchez hijo. Los fiscales Virginia Bravo y Gabriel Sagastume cerraron la causa en 2004 y sobreseyeron a los imputados por falta de prue­bas; determinaron que los imputados no supieron del “irregular ingreso del joven y menos aún de los hechos que culminaran con su muerte”. Para Bravo y Sagastume, “la visión de los patios se encon­traba limitada, el precario circuito de televisión no permitía un control eficiente del movimiento de todas las dependencias que componían la seccional. Ha quedado harto demostrado que el movimiento del personal de Servicio de Calle resultaba en todo ajeno a la dinámica de la seccional”.

La mayoría de los oficiales mencionados siguieron sus carreras.

Como sea, hoy, la causa por la búsqueda del cuerpo de Bru está viva gracias a la constancia inalterable de Rosa y de los miembros de la Asociación Miguel Bru, creada para acompañar otros casos de violencia institucional. Cada tanto se recibe un llamado con algún nuevo dato. La última novedad en la causa fue la declaración, a principios de julio último, de una mujer que dijo haber vivido durante años con un policía golpeador que una vez le dijo que a Bru lo cremaron en el Cementerio local. El detalle es que en la necrópolis platense no hay crematorio. Así muchas pistas llevan a ningún lado.

“Una vez llegó un sobre con la fotocopia de un billete chino. En su reverso decía que el que escribía era un marinero de un buque que estaba en el puerto La Plata y que abordo estaba Bru; como esos se reciben muchos disparates”, cuenta Martini, quien, sin embargo, reafirma que su actitud es “chequear todo lo que llega por más insólito que parezca”.

Pese a esto, tanto en las más altas esferas de la Justicia como en las fuen­tes policiales consultadas existe la convicción de que es material­mente imposible hallar el cuerpo de Miguel Bru por la forma en la que los autores del hecho se encargaron de ocultarlo y, sobre todo, reducirlo. Esto explicaría, entre otras cosas, el prolongado silencio de los condenados que jamás respondieron ninguna de las ofertas planteadas oportunamente de recibir una conmutación de sus penas a cambio de aportar los datos necesarios para dar con el cuerpo.

Se presume que poco antes del juicio oral, los autores se encar­garon de borrar todo vestigio del cadáver que habría sido deposi­tado, originalmente, en algún canal cercano al Río de La Plata, en Berisso. Esa intervención condenó a Bru a un recóndito destino y perpetuó la pregunta que aún la democracia no ha logrado responder: ¿Dónde está Miguel?