En el marco de una moda explosiva que desde principios del ciclo lectivo afecta a escuelas de toda la provincia de Buenos Aires -con amenazas de bomba semana tras semana-, ni siquiera la polémica decisión del fiscal platense Álvaro Garganta de no evacuar los establecimientos que sigan recibiendo estos llamados anónimos hizo que la gobernadora, María Eugenia Vidal, se exprese sobre el tema. Jaqueada por las dos muertes en la Escuela 49 de Moreno, la mandataria continúa eligiendo el silencio y el hartazgo de los padres aumenta con el correr del tiempo.
Como contó 0221.com.ar, Garganta tomó este último jueves una polémica decisión que, de seguro, traerá muchas repercusiones a lo largo de los próximos días. Es que el letrado decidió implementar un nuevo protocolo de actuación frente a los reiterados casos de amenazas y evitar así la pérdida de más días de clase.
Según se desprende de la resolución firmada por el titular de la Unidad Fiscal de Instrucción (UFI) N° 11 de La Plata y dirigida al director General de Cultura y Educación bonaerense, Gabriel Sánchez Zinny, ante cada nuevo llamado los agentes de la Dirección Provincial de Explosivos realizarán los procedimientos correspondientes para descartar la amenaza y, de no hallar material explosivo, las clases continuarán su curso con normalidad. Para Garganta, solo si los especialistas encontraran algún material que fuera necesario explotar se procederá entonces a realizar el usual perímetro y la evacuación del edificio.
La decisión que regirá, al menos, mientras su fiscalía esté en turno (hasta el próximo 15 de agosto) busca evitar la pérdida de clases, pero, al mismo tiempo, supone un riesgo mayor para los jóvenes si, desgraciadamente, terminara por confirmarse la existencia de material explosivo en el interior de una escuela de la ciudad. Es que La Plata fue víctima de los llamados desde principios de año. Las amenazas significaron gastos millonarios para el Estado, que moviliza agentes y vehículos cada vez que sucede uno de ellos, a lo que se suman varias decenas de allanamientos con pocos resultados. Tras las vacaciones el número de amenazas va en aumento y las autoridades parecen superadas por la situación.
Toda esta situación provocó que los padres abandonen sus hogares y salgan a la calle a hacerse escuchar. Días atrás, ya cansados de las diarias y constantes amenazas, integrantes de la comunidad educativa del colegio Normal 1 se reunieron con el Fiscal de Estado bonaerense, Hernán Gómez, a quien le pidieron soluciones concretas. Todo, en el marco de un escándalo que toca de cerca al gobierno provincial, porque es quien tiene control sobre las escuelas.
En este sentido llama la atención la pasividad de la gobernadora, quien la última vez que habló en público del tema de las amenazas fue a fines del año pasado. En aquella ocasión, junto a la diputada Elisa Carrió, el entonces candidato a senador Esteban Bullrich y el jefe de Gobierno porteño Horacio Rodríguez Larreta, compartió una nueva sesión a través de Facebook Live en donde en un momento prometió que los llamados anónimos a colegios "no van a quedar impunes". "A pesar de que las amenazas son falsas, actuamos igual. Esto no es una broma, es un delito que se llama intimidación publica y tiene una pena de prisión, y provoca que los chicos pierdan tiempo de clase y ocupa a bomberos y policías", agregó.
Semanas atrás, la fiscal platense Cecilia Corfield, quien investigó más de 50 casos y pudo esclarecer la mitad, llegó a la conclusión de que siempre se repite el mismo patrón: menores de edad que buscan hacerse los graciosos y padres enojados. Esto configura una gran pérdida de tiempo, de dinero y de recursos.
Pero Vidal, como máxima responsable de la provincia de Buenos Aires, de las escuelas y de la seguridad en este territorio, no se manifestó al respecto, lo cual llama la atención de los padres, que en los últimos días ya empezaron a salir a manifestarse, porque la situación se tornó insostenible.
