Por Mariana Sidoti
lunes 08 de diciembre de 2025
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Por Mariana Sidoti
La Plata es la tercera ciudad en el país con los alquileres más caros. Según un informe de la Federación Inmobiliaria de la República Argentina (FIRA), la capital bonaerense sólo es más barata que Rosario y la Capital Federal a la hora de rentar una casa. Este dato, que cobra más relevancia si se tiene en cuenta la gran afluencia de jóvenes que cobija la ciudad, pone de manifiesto la necesidad de contar con una herramienta que asesore y medie los conflictos que se generan usualmente entre locadores y locatarios.
Micros, prepagas, luz, gas, alquileres y combustibles aumentan desde este lunes y le meten presión a la inflación en el inicio del último mes del año.
Los expertos anticipan una jornada de sol, con una máxima de 25°C y buen clima en La Plata, pero también prevén posibles lluvias en la tarde del martes.
La herramienta existe y está regulada por la ordenanza 10.859, que fue aprobada en 2011 por el Concejo Deliberante y puesta en marcha a principios de 2012: una Oficina Municipal de Inquilinos y Consorcistas (OMIC) dependiente de la dirección de Mediación Comunitaria. La iniciativa, aprobada por unanimidad, fue el resultado de una fusión de proyectos presentados por los entonces ediles Valeria Amendolara y José Ramón Arteaga, junto a la Asociación Platense de Inquilinos (API).
El órgano estaba conformado por representantes del colegio de Martilleros y Corredores Públicos, la API y entidades que nucleaban a los consorcistas. Funcionó por tres años y atendió más de 2 mil conflictos. Al inicio de la gestión de Julio Garro, sin embargo, esta política se disolvió de hecho.
"Tuvimos una reunión con el secretario de Gobierno Nelson Marino, que había quedado a cargo del área, y nos transmitieron que no era política del Municipio continuar con la temática de los inquilinos", confió a 0221.com.ar uno de los representantes de API, Germán Schierff.
Él fue uno de los que trabajó -ad honorem- para asesorar inquilinos en los tres años que duró la oficina. El Municipio, tal como lo disponía el artículo 5 de la ordenanza, se encargaba de erogar el dinero necesario como para sostener la oficina administrativamente. "Atendíamos reclamos de todo tipo, era novedoso. El Municipio establecía una mesa que empatara y obviamente que cuando el Estado empata se pone del lado mas débil, en este caso los inquilinos", contó a este medio Pablo Marquez, por entonces director de Mediación durante la gestión de Pablo Bruera.
En ese marco, el exfuncionario remarcó que pudieron "establecer mecanismos que venían olvidados" y actuar "frente a los abusos que muchas veces se producen porque el alquiler se ha convertido en algo crónico". "Logramos equilibrar los derechos y creo que esta experiencia se podría repetir, siempre que el Estado tenga ganas", añadió. Schierff, por su parte, destacó la importancia de contar con un espacio institucional para llevar reclamos. "Al principio arrancó lentamente, pero con el boca en boca fue creciendo y terminamos atendiendo muchísimos casos, mediando, informando, generando material e inclusive información que luego tratábamos de impulsar en ordenanzas", contó.
Aunque costaba mantener la oficina, sí se elaboraron informes anuales sobre inquilinos platenses, precios de departamentos y elaboración de contratos. Después de lo que, según Schieff, fue el "vaciamiento" de la oficina, API continuó atendiendo de forma particular y junto con la Defensoría del Pueblo, en octubre del año pasado, crearon un área específica para los locatarios, convirtiéndose en uno de los dos organismos a los que puede acceder un platense para asesorarse sobre el tema.
"EL ESTADO ESTÁ CORRIDO"
Consultada por este medio Valeria Amendolara, exlegisladora y una de las impulsoras de la ordenanza, advirtió que "lamentablemente el Estado está corrido". "Creemos que debe cumplir un rol en esta situación, no se debe dejar a los privados actuando solamente", indicó. La dirigente peronista remarcó que gracias a la experiencia de la Oficina de Inquilinos, pudo llevar a cabo un proyecto de ley a nivel bonaerense que creaba un organismo similar en toda la Provincia. Sin embargo, la iniciativa no tuvo acompañamiento en la cámara baja.
"En La Plata es un tema importante y también en toda la provincia. A veces hay problemas que parecen menores pero para el inquilino se terminan convirtiendo en importantes, porque no hay una voz que los escuche para mediar", destacó.
En la Legislatura hay otro proyecto que poco a poco toma carrera: uno firmado por José Ottavis y Rocío Giaconne, que permite que el inquilino deje de pagar la comisión inmobiliaria (honorarios, averiguaciones, gestiones, etc). La norma ya funciona en CABA y según explicaron desde API, disminuiría en un 50% el costo de hacer un nuevo contrato.