Por Martín Soler
Por Martín Soler
La causa en la que se investiga a exfuncionarios de la Municipalidad de La Plata durante la gestión del exintendente Pablo Bruera, acusados de pedir coimas para habilitar la venta de lotes en el marco del programa de viviendas Procrear, ya no tiene políticos detenidos en una cárcel. El último de ellos sigue con prisión preventiva pero la cumple en la casa de un amigo, confirmaron fuentes judiciales a 0221.com.ar. El arquitecto Gustavo Petró abandonó el penal de Magdalena y espera el juicio oral en un domicilio particular de La Plata.
La medida dictada por la Cámara de Apelaciones y Garantías de La Plata, a solicitud de los defensores Fabián Améndola y Silvia Petroff (del estudio de Fernando Burlando), se hizo efectiva en las últimas horas.
Junto a Petró están procesados Mariano Bruera, hermano del exintendente de La Plata, y Enrique Sette, exsecretario de Planeamiento Urbano. Todos están con arresto domiciliario. En tanto el arquitecto Raúl Moratti, falleció el pasado 22 de mayo de un infarto, cuando cumplía arresto domiciliario. Pocos días antes de su muerte fue visto pasear del brazo, con su pareja, por la República de los Niños, confirmaron fuentes del predio a este medio.
En tanto este viernes 8 de junio, Mariano Bruera solicitará ser excarcelado mientras espera el inicio de uno de los juicios orales que lo tendrá en el banquillo de los acusados, en el mediano plazo.
La causa se inició por la denuncia el abogado y empresario platense Guillermo Andreau en 2014. Asegura que los entonces funcionarios del gobierno municipal le pidieron 200 mil dólares para rezonificar un terreno de su propiedad, para luego dividirlo en lotes y venderlo a beneficiarios del Procrear.
Según la investigación del fiscal Jorge Paolini, los terrenos de Andreau eran considerados "reserva urbana" y, por lo tanto, se impedía el loteo en parcelas más pequeñas.
Sin embargo, el Código de Ordenamiento Urbano (COU) redactado por la gestión de Pablo Bruera contemplaba que las parcelas de más de una hectárea se podían dividir por decreto sin pasar por el Concejo Deliberante y fue en ese marco que Andreau recibió la propuesta de lotear sus terrenos a cambio de una importante suma de dinero.
A Petró y Sette se les imputan los delitos de "exacciones ilícitas y cohecho pasivo" y de formar parte de una asociación ilícita, mientras que a Bruera le imputaron el "delito de asociación ilícita".
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