Detrás de las luctuosas y desgraciadas secuelas de la trágica tormenta del 2 de abril de 2013, que constituyó la peor catástrofe hidrometeorológica en ciudades argentinas con decenas de muertes y millonarias pérdidas materiales, afloraron otros datos que aún esperan confirmación y respuestas de parte de la Justicia.
Entre el cúmulo de irregularidades que surgieron al estudiar una serie de registros como producto del allanamiento de la morgue policial en el cementerio platense brotó un dato inesperado: de acuerdo con dicha información, pocas horas después de la desaparición del estudiante de Periodismo, Miguel Bru, torturado y asesinado por efectivos de la comisaría Novena de La Plata, el 17 de agosto de 1993, numerarios de esa seccional ingresaron a la morgue un cuerpo NN solo descripto como “joven” que, sin más trámite fue enterrado en una fosa común del cementerio, según las constancias relevadas. El dato no fue investigado hasta el momento.
Antes y después: podemos contarlas es una muestra que reúne archivos madres, abuelas y hermanas de personas desaparecidas. Inaugura este sábado.
Las diligencias realizadas en aquel momento por el juez Luis Federico Arias en el marco de la causa judicial abierta en el Juzgado en lo Contencioso y Administrativo N° 1 de La Plata, no se limitaron a observar lo ocurrido en los días que siguieron a la tormenta. En busca de comprobar el ocultamiento de información Arias consiguió hacerse del libro de entradas y salidas de cadáveres la morgue que incluía varios tomos con datos de varias décadas anteriores.
El secuestro de aquel material sirvió para detectar decenas de irregularidades en los asientos del organismo dependiente de la policía provincial. Se constataron inhumaciones con identidad errónea; anotaciones como NN de cuerpos con identificación; dobles registros; y cadáveres inscriptos luego exhumados.
Con el auxilio de Soledad Escobar, en su rol de “amicus cureae” (colaboradora voluntaria en el litigio), el magistrado -hoy suspendido por un jury en el que se le reprocha su actuación en la causa- digitalizó los datos y dejó en evidencia el descontrol reinante en el organismo y denunció anomalías en la manipulación, rotulación y registración de cadáveres, licencias de inhumación y cremación. Esta información sirvió para determinar el número de 89 muertos en la inundación de 2013. Fallo que fue ratificado por la Cámara de Apelaciones.
En su momento la Comisión Provincial por la Memoria se hizo eco de aquellos cuestionamientos y reprochó los niveles de ilegalidad y falta de seguridad jurídica de los procedimientos relativos a la gestión pública en materia de manipulación de cadáveres, que las inundaciones hicieron emerger a la luz. Desde el organismo se enfatizó en que “el peligro de que los cadáveres, vísceras y muestras alojadas en la morgue pudieran ser objeto de prácticas ilegales -desde la no preservación en condiciones adecuadas hasta el desconocimiento del destino efectivo de los cadáveres- y así frustrarse pruebas importantes. Más aun cuando quienes tienen a su cargo la guarda pertenecen a la misma fuerza de los imputados, como es el caso de las causas judiciales iniciadas por violencia institucional perpetradas por la policía bonaerense y que suceden de manera sistemática en la Provincia”.
Otro de las informaciones surgidas de esos asientos que llamó la atención de Arias y sus colaboradores fue el de una persona de "más de sesenta" años" ingresada a la morgue seis días después de la desaparición de Jorge Julio López, testigo clave en el juicio contra el ex jefe de Inteligencia de la Bonaerense, Miguel Etchecolatz. López fue visto por última vez el 18 de septiembre de 2006, a un día de conocerse el fallo que condenó al represor.
* el autor de esta publicación escribió los libros "Genealogía de una tragedia" (relata la inundación que se registró el 2 de abril de 2013) y ¿Dónde está Miguel? (sobre la desaparición del joven estudiante de periodismo Miguel Bru)