El año en el que escuelas platenses quedaron en jaque por las amenazas de bomba
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El año en el que escuelas platenses quedaron en jaque por las amenazas de bomba

Según registros oficiales se abrieron más de 1.200 causas penales y los casos se redujeron considerablemente luego de la designación de un fiscal abocado al tema. Entre los imputados hay adultos y menores de edad. Una mujer tiene un pedido de juicio oral por intimidaciones a un establecimiento de Lisandro Olmos.

Las amenazas de bombas en escuelas de La Plata y Berisso marcaron el estado de tensión permanente que cruzó a las comunidades educativas de varios establecimientos educativos, en su mayoría públicos, de La Plata y Berisso.

En el mapa de las intimidaciones la Escuela Normal 1 de La Plata aparece en la cabeza del ranking explosivo, ya que se perdieron más horas de clases por los llamados anónimos que por las medidas de fuerza de los docentes en uno de los años más conflictivos entre gremios y el gobierno bonaerense de Cambiemos.

EL MAPA DE LAS AMENAZAS DE BOMBAS

 

Al cierre del año en la justicia Penal de La Plata tramitan más de 1200 expedientes repartidos en varias fiscalías, pero desde septiembre pasado el fiscal Juan Cruz Condomí Alcorta fue designado como el investigador temático y se puso al frente de la redada contra los bromistas de mal gusto.

Según registros oficiales a los que accedió 0221.com.ar ya fueron esclarecidos más de 300 casos, fueron procesados 10 adultos y 50 menores de edad al tiempo que se secuestraron y analizaron más de 100 teléfonos celulares que, se sospecha, fueron utilizados para realizar llamados anónimos alertando sobre presencia de artefactos explosivos pero resultaban ser engaños que movilizaban a todo un aparato de seguridad y ponían en jaque a distintas comunidades educativas.

A medida que avanzaba el año y llegaban las fechas de exámenes, las falsas alarmas se multiplicaban y desde el los niveles provincial y municipal del Estado no encontraban solución al problema. Se ensayaron varias ideas desde charlas de concientización a padres y alumnos hasta advertencias a los padres quienes fueron notificados que deberán pagar los operativos de seguridad en caso de comprobarse la autoría material de sus hijos en las amenazas. Nada dio resultado.

La primera de las medidas que pusieron un freno a las amenazas fueron los allanamientos en casas de jóvenes cuyos teléfonos fueron utilizados para hacer llamadas intimidatorias. En los procedimientos los padres se enteraban de las conductas de sus hijos, en un marco de redada policial y registros domiciliarios.

El jueves 9 de agosto el fiscal local Álvaro Garganta tomó una polémica decisión, intentó implementar un nuevo protocolo de actuación frente a los reiterados casos de amenazas y evitar así la pérdida de más días de clases. La idea era que ante cada nuevo llamado los agentes de la Dirección Provincial de Explosivos realizarán los procedimientos correspondientes para descartar la amenaza y, de no hallar material explosivo, las clases continuarán su curso con normalidad y evitar las evacuaciones innecesarias. La iniciativa duró 24 horas y no alcanzó a ponerse en práctica, dado el rechazo de parte de la sociedad en su conjunto.

La tendencia comenzó a disminuir a partir de septiembre por dos factores fundamentales: la designación del fiscal Condomí Alcorta que se puso al frente del problema y profundizó los allanamientos avalados por los jueces en turno. En paralelo a ello también comenzaron a registrar avances las causas que estaban en trámite en otras fiscalías. Una de las más activas fue Cecilia Corfield, quien encabezó varias redadas judiciales en La Plata y Berisso y pidió el juicio oral para una mujer acusada de hacer amenazas telefónicas a la Escuela 200 de Lisandro Olmos.

La designación de un fiscal que centralice todas las investigaciones llegó luego de varios reclamos judiciales y por las redes sociales que protagonizaron padres desesperados que todos los días salían corriendo de sus trabajos para ir a buscar a sus hijos a las escuelas amenazadas. El Fiscal General de La Plata, Héctor Vogliolo, tardó más de cinco meses en designar a un experto, cuando existían antecedentes exitosos en los departamentos judiciales de Quilmes y Morón, donde tuvieron el mismo problema pero fue solucionado en pocas semanas con un investigador al mando.

No solo las escuelas bonaerenses fueron blanco de esta pesadilla. En el inicio de clases el mismo problema padeció el Liceo Víctor Mercante (colegio dependiente de la Universidad Nacional de La Plata), desde donde se dieron una estrategia distinta. La casa de altos estudios aplicó una severa sanción para tres alumnos que fueron descubiertos como los autores de amenazas de bomba a la institución. Los directivos del colegio decidieron aplicarles todas las amonestaciones posibles para que lleguen al límite y los dejaron en condición "libre", por lo que deberán rendir todas las materias sin cursar al finalizar el ciclo lectivo. Nunca más hubo amenazas.

En tanto, los alumnos de escuelas bonaerenses que fueron identificados como autores de amenazas recibieron sanciones leves de hasta cinco amonestaciones

.

Así el cuadro de situación, fuentes judiciales adelantaron que las investigaciones seguirán durante todo el verano y preparan una serie de medidas sorpresas para el ciclo lectivo 2019.

Según registros oficiales se abrieron más de 1.200 causas penales y los casos se redujeron considerablemente luego de la designación de un fiscal abocado al tema. Entre los imputados hay adultos y menores de edad. Una mujer tiene un pedido de juicio oral por intimidaciones a un establecimiento de Lisandro Olmos.

31 de diciembre de 2018

Las amenazas de bombas en escuelas de La Plata y Berisso marcaron el estado de tensión permanente que cruzó a las comunidades educativas de varios establecimientos educativos, en su mayoría públicos, de La Plata y Berisso.

En el mapa de las intimidaciones la Escuela Normal 1 de La Plata aparece en la cabeza del ranking explosivo, ya que se perdieron más horas de clases por los llamados anónimos que por las medidas de fuerza de los docentes en uno de los años más conflictivos entre gremios y el gobierno bonaerense de Cambiemos.

EL MAPA DE LAS AMENAZAS DE BOMBAS

 

Al cierre del año en la justicia Penal de La Plata tramitan más de 1200 expedientes repartidos en varias fiscalías, pero desde septiembre pasado el fiscal Juan Cruz Condomí Alcorta fue designado como el investigador temático y se puso al frente de la redada contra los bromistas de mal gusto.

Según registros oficiales a los que accedió 0221.com.ar ya fueron esclarecidos más de 300 casos, fueron procesados 10 adultos y 50 menores de edad al tiempo que se secuestraron y analizaron más de 100 teléfonos celulares que, se sospecha, fueron utilizados para realizar llamados anónimos alertando sobre presencia de artefactos explosivos pero resultaban ser engaños que movilizaban a todo un aparato de seguridad y ponían en jaque a distintas comunidades educativas.

A medida que avanzaba el año y llegaban las fechas de exámenes, las falsas alarmas se multiplicaban y desde el los niveles provincial y municipal del Estado no encontraban solución al problema. Se ensayaron varias ideas desde charlas de concientización a padres y alumnos hasta advertencias a los padres quienes fueron notificados que deberán pagar los operativos de seguridad en caso de comprobarse la autoría material de sus hijos en las amenazas. Nada dio resultado.

La primera de las medidas que pusieron un freno a las amenazas fueron los allanamientos en casas de jóvenes cuyos teléfonos fueron utilizados para hacer llamadas intimidatorias. En los procedimientos los padres se enteraban de las conductas de sus hijos, en un marco de redada policial y registros domiciliarios.

El jueves 9 de agosto el fiscal local Álvaro Garganta tomó una polémica decisión, intentó implementar un nuevo protocolo de actuación frente a los reiterados casos de amenazas y evitar así la pérdida de más días de clases. La idea era que ante cada nuevo llamado los agentes de la Dirección Provincial de Explosivos realizarán los procedimientos correspondientes para descartar la amenaza y, de no hallar material explosivo, las clases continuarán su curso con normalidad y evitar las evacuaciones innecesarias. La iniciativa duró 24 horas y no alcanzó a ponerse en práctica, dado el rechazo de parte de la sociedad en su conjunto.

La tendencia comenzó a disminuir a partir de septiembre por dos factores fundamentales: la designación del fiscal Condomí Alcorta que se puso al frente del problema y profundizó los allanamientos avalados por los jueces en turno. En paralelo a ello también comenzaron a registrar avances las causas que estaban en trámite en otras fiscalías. Una de las más activas fue Cecilia Corfield, quien encabezó varias redadas judiciales en La Plata y Berisso y pidió el juicio oral para una mujer acusada de hacer amenazas telefónicas a la Escuela 200 de Lisandro Olmos.

La designación de un fiscal que centralice todas las investigaciones llegó luego de varios reclamos judiciales y por las redes sociales que protagonizaron padres desesperados que todos los días salían corriendo de sus trabajos para ir a buscar a sus hijos a las escuelas amenazadas. El Fiscal General de La Plata, Héctor Vogliolo, tardó más de cinco meses en designar a un experto, cuando existían antecedentes exitosos en los departamentos judiciales de Quilmes y Morón, donde tuvieron el mismo problema pero fue solucionado en pocas semanas con un investigador al mando.

No solo las escuelas bonaerenses fueron blanco de esta pesadilla. En el inicio de clases el mismo problema padeció el Liceo Víctor Mercante (colegio dependiente de la Universidad Nacional de La Plata), desde donde se dieron una estrategia distinta. La casa de altos estudios aplicó una severa sanción para tres alumnos que fueron descubiertos como los autores de amenazas de bomba a la institución. Los directivos del colegio decidieron aplicarles todas las amonestaciones posibles para que lleguen al límite y los dejaron en condición "libre", por lo que deberán rendir todas las materias sin cursar al finalizar el ciclo lectivo. Nunca más hubo amenazas.

En tanto, los alumnos de escuelas bonaerenses que fueron identificados como autores de amenazas recibieron sanciones leves de hasta cinco amonestaciones

.

Así el cuadro de situación, fuentes judiciales adelantaron que las investigaciones seguirán durante todo el verano y preparan una serie de medidas sorpresas para el ciclo lectivo 2019.

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