La previa del inicio de uno de los alegatos de la defensa de los cinco policías juzgados por la muerte de Cristian "El Rusito" Pérez, cuyo cuerpo apareció en las vías del ferrocarril Roca a la altura de la localidad de City Bell en el año 2002, generó un escándalo en la sala de audiencias. El padre de la víctima amenazó con represalias para los acusados y prometió agredir al letrado Julio Beley, uno de los defensores particulares. Los jueces llamaron a un breve cuatro intermedio y prohibieron el ingreso a la sala de los agresores.
En la tercera jornada de alegatos, el letrado Beley adelantaba un pedido de disculpas para los familiares de la víctima, quienes podrían sentirse afectados por el tenor de sus argumentos jurídicos y no alcanzó a terminar de hablar, que se desató el enfrentamiento.
La abuela de la víctima lanzó acusaciones hacia la fiscal Victoria Huergo quien desistió de mantener la acusación y les gritó a los acusados “policía coimera y asesina”. Al mismo tiempo el padre del fallecido amenazó a los policías, varios de ellos, con domicilio cercano a su vivienda. Por respeto a las personas aludidas y como indica en manual de buenas prácticas periodísticas, no se reproducirán textualmente las graves e hirientes acusaciones lanzadas en la audiencia.
Ante los ánimos caldeados en la audiencia, los jueces del Tribunal Oral Criminal II de La Plata dispusieron un breve cuarto intermedio hasta encausar la situación y prohibieron el reingreso al debate de la abuela y el padre del joven muerto. En el reinicio del debate, las defensas pidieron medidas de seguridad para sus asistidos, para sus familias y denunciaron penalmente a los protagonistas de los momentos tensos.
En su alegato, Beley resaltó la labor de las abogadas Analía Carrillo y Sofía Caravelos en su rol de particular damnificadas y subrayó que la causa llegó a esa instancia por el impuslo, el trabajo y la tenacidad de las letradas. Párrafo siguiente hizo su valoración de las pruebas, concluyó que no existen evidencias para arribar a una condena y pidió la absolución de sus asistidos. Para Beley el joven se suicidó por falta de contención. Tras exponer sus tesis solicitó que las abogadas mencionadas paguen sus honorarios para los que pidió se regule el máximo de la escala.
En este caso están en juego dos posturas. La acusación sostiene que la víctima fue asesinada por policías dentro de la comisaría de City Bell y colocaron el cadáver en las vías del tren para que lo arrolle una formación ferroviaria y enmascarar el caso como suicidio. Pero la defensa sostiene que el joven se quitó la vida producto de una profunda depresión que, hasta el momento, no puedo demostrar el origen del desánimo.
En otro pasaje de su exposición requirió que se investigue a la perito Virginia Creimer por falso testimonio al considerar que su testimonio incriminatorio a los acusados tuvo "intencionalidad política, se cree perito de peritos pero fue un gran engaño".
Tras los alegatos del día lunes, los acusadores particulares pidieron prisión perpetua para David Alejandro Koenig y Juan Alejandro Pavella por el delito de homicidio agravado por ensañamiento y de penas de entre 3 y 5 años para Miguel Ángel Álvarez, Jorge Alberto Luna y Pedro Oscar Djurasek por los delitos de encubrimiento y omisión de denuncia.
Los otros acusados, Juan Marcos Condoleo y Rubén Eduardo Lago fueron absueltos ante la falta de acusación de las partes.
También solicitaron que se investigue a los ex fiscales Leandro Heredia y Tomas Moran quienes tuvieron a su cargo el caso en el que se perdieron pruebas y no se realizaron pericias.
El hecho ocurrió en las primeras horas del 14 de octubre de 2002. El personal policial desde el principio calificó los hechos como “suicidio” y el fiscal interviniente en ese entonces, Leandro Heredia (destituido por varias irregularidades), convalidó la versión policial, delegando en los uniformados las primeras medidas de prueba practicadas en la causa.
La autopsia se realizó en la Morgue de la Policía, donde el médico policial concluyó que todas las lesiones vitales que poseía el cuerpo de Cristian, habían sido provocadas por la astricción ferroviaria. El testimonio de otro médico legista -que discrepaba con la versión policial-, no fue agregado al expediente. Las ropas y pertenencias del joven desaparecieron.
Durante el período de instrucción se perdieron las muestras de ADN de pelos hallados entre los dedos de Cristian y el libro de guardias de la comisaría fue ocultado durante 7 años. Estaba a resguardo del exfiscal Tomas Moran, también detenido por corrupción. El juez de Garantías fue César Melazo, tras las rejas en el penal de Ezeiza, acusado de encabezar una asociación ilícita.
El veredicto se conocerá el viernes 28 de diciembre a las 13.00 horas según dispusieron los jueces del Tribunal Oral Criminal II de La Plata integrado por Claudio Bernard, Liliana Torrisi y Silvia Hoerr por la secretaría de Julio Banfi.
