En la primera y extensa jornada de alegatos por la muerte de Cristian Pérez (18), quien fue arrollado por un tren en la localidad de City Bell en el año 2002, la fiscal Victoria Huergo desistió de mantener la acusación para los siete policías procesados, pero los abogados de la familia del joven fallecido, con una valoración distinta de las evidencias, pidieron condena para cinco de los procesados. Los dos restantes fueron absueltos ante la falta de acusación de ambas partes.
En este caso están en juego dos posturas. La acusación sostiene que la víctima fue asesinada por policías dentro de la comisaría de City Bell y colocaron el cadáver en las vías del tren para que lo arrolle una formación ferroviaria y enmascarar el caso como suicidio. Pero la defensa sostiene que el joven se quitó la vida producto de una profunda depresión que, hasta el momento, no puedo demostrar el origen del desánimo.
En el inicio de la jornada judicial, la fiscal Huergo aclaró que en esta causa existió un "efecto devastador" por el paso del tiempo. El caso tardó más de 16 años en llegar a juicio oral y señaló que en ese lapso fallecieron testigos y peritos. También reveló que en el largo período de tiempo que lleva la causa en trámite se perdió y degradó documentación. Tras hacer su valoración de las pruebas producidas en el juicio oral y la que existe en el expediente concluyó que existe un "estado de duda insuperable" y no formuló acusación.
En el proceso penal el fiscal es la parte encargada de la acusación, pero no está obligada a sostener los cargos ya que como funcionario público, no solo tiene el deber de control de legalidad de las pruebas, también tiene el deber de imparcialidad. Si considera que las pruebas son insuficientes, puede dejar de imputar e inclusive pedir la absolución.
A su turno el abogado Ariel Rodríguez y sus colegas letradas Analía Carrillo y Sofía Caravelos, hicieron una valoración distinta de las pruebas y formularon acusación para cinco de los siete policías que llegaron a juicio. Caravelos aseguró que la no acusación los tomó por sorpresa y resaltó que ocurrió "justo en el día" en que se conmemora el 70 aniversario de la declaración Universal de los Derechos Humanos. Rodríguez recordó que prescribieron las dos causas a los testigos acusados de falso testimonio y consideró que tuvieron la mejor defensa: "La inacción judicial". "Otros tienen la suerte que el fiscal no los acusa" agregó y, en uno de los tramos más críticos de la actuación judicial en este caso puntual, sostuvo que "no sentimos aprecio por el temperamento del Ministerio Público Fiscal, tal vez ello ayude a entender la causa".
Tras los alegatos, los acusadores particulares pidieron prisión perpetua para David Alejandro Koenig y Juan Alejandro Pavella por el delito de homicidio agravado por ensañamiento y de penas de entre 3 y 5 años para Miguel Ángel Álvarez, Jorge Alberto Luna y Pedro Oscar Djurasek por los delitos de encubrimiento y omisión de denuncia.
Los otros acusados, Juan Marcos Condoleo y Rubén Eduardo Lago fueron absueltos ante la falta de acusación de las partes.
También pidieron que se investigue a los ex fiscales Leandro Heredia y Tomas Moran quienes tuvieron a su cargo el caso en el que se perdieron pruebas y no se realizaron pericias.
Además, los particulares damnificados pidieron medidas de reparación histórica para la víctima como la publicación de la sentencia condenatoria en el Boletín Oficial y en la página web del ministerio de Seguridad bonaerense en la que se deje constancia que el joven de 18 años fue víctima de violencia institucional. También un pedido oficial de disculpas por parte del mencionado ministerio y que en el ingreso de la comisaría de City Bell se coloque una placa en memoria de Cristian Pérez.
El hecho ocurrió en las primeras horas del 14 de octubre de 2002. El personal policial desde el principio calificó los hechos como “suicidio” y el fiscal interviniente en ese entonces, Leandro Heredia (destituido por varias irregularidades), convalidó la versión policial, delegando en los uniformados las primeras medidas de prueba practicadas en la causa.
La autopsia se realizó en la Morgue de la Policía, donde el médico policial concluyó que todas las lesiones vitales que poseía el cuerpo de Cristian, habían sido provocadas por la astricción ferroviaria. El testimonio de otro médico legista -que discrepaba con la versión policial-, no fue agregado al expediente. Las ropas y pertenencias del joven desaparecieron.
Durante el período de instrucción se perdieron las muestras de ADN de pelos hallados entre los dedos de Cristian y el libro de guardias de la comisaría fue ocultado durante 7 años. Estaba a resguardo del exfiscal Tomas Moran, también detenido por corrupción. El juez de Garantías fue César Melazo, tras las rejas en el penal de Ezeiza, acusado de encabezar una asociación ilícita.
Durante la investigación del caso nunca se realizó una pericia accidentológica del caso pese a que fue pedida por una de las partes del proceso. Por este mismo caso, fue condenada la encargada de confeccionar el libro de Guardia, agente Selva Sosa, quien admitió irregularidades en la confección de ese instrumento público, situación que, en principio, parece complicar a los cinco policías que siguen acusados.
La segunda audiencia de los alegatos será este martes a las 10:00 según dispusieron los jueces del Tribunal Oral Criminal II de La Plata integrado por Claudio Bernard, Liliana Torrisi y Silvia Hoerr por la secretaría de Julio Banfi.
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