En la cuarta audiencia del juicio oral por la muerte de Cristian Pérez, cuyo cuerpo apareció el 14 de octubre de 2002 sobre las vías del tren entre City Bell y Villa Elisa, declararon dos policías y un amigo de la víctima, quienes robustecieron la hipótesis de los acusadores. Por este hecho son juzgados siete policías. Se sospecha que lo mataron en la comisaría de City Bell y colocaron el cuerpo en las vías, a la altura de calle 459, para simular un suicidio. Entre homicidio agravado y suicidio, está latente la puja judicial.
Para entender el relato de testigos no hay que perder de vista que en la madrugada del 14 de octubre de 2002, Cristian Pérez atropelló a dos chicos que circulaban en bicicleta. Reconoció a uno de ellos como hermano de un policía de la comisaría de City Bell, se asustó y se fue. Horas después, a las 4.00 de la mañana, Cristian fue llevado a la seccional por un grupo de jóvenes que pretendían agredirlo. Fue interrogado por el policía Alejandro Pavel, cuyo hermano había sido atropellado.
La primera en declarar fue una mujer policía, ex compañera de los acusados, quien estableció que existieron inconsistencias en la causa por lesiones que llevaba el ahora acusado, David Koenig, actual subcomisario de la seccional Primera de La Plata.
Luego fue el turno de un agente que, al momento del hecho, cumplía funciones en la Dirección Departamental de Investigaciones (DDI) La Plata. Aseguró no recordar el caso, pero ratificó todo lo que había declarado durante la investigación del caso. Dijo que estuvo en el lugar del accidente de tren y que era “imposible” identificar a la víctima. También confirmó que escuchó a los maquinistas del tren cuando declararon y dijeron que, pese al sonido de la bacina ferroviaria la víctima “no se movió”.
Por último dio testimonio un amigo de la víctima, quien detalló que tras el accidente, Cristian Pérez estuvo en su casa y que lo había dicho que pensaba ir a la casa de otro amigo en Punta Lara para evitar represalias de los amigos de los jóvenes que había atropellado.
Los procesados son David Alejandro Koenig, Miguel Ángel Álvarez, Jorge Alberto Luna, Pedro Oscar Djurasek, Juan Condoleo, Rubén Eduardo Lago y Juan Alejandro Pavella. Djurasek era el titular de la comisaría Décima al momento del hecho y fue exonerado por apremios ilegales en el marco de otra causa judicial. Koenig actualmente cumple funciones en la comisaría Primera.
La suboficial Beatriz Sosa, acusada de encubrimiento (fue quien confeccionó el libro de guardia) aceptó su responsabilidad y será condenada en juicio abreviado.
La causa estuvo varios años inmersa en un laberinto judicial que tenía aroma a impunidad. El impulso de la familia y sus abogadas, reabrieron el expediente. Con el cambio de fiscal (quedó en manos de Marcelo Martini) consiguieron llevar a juicio oral a los sospechosos.
El personal policial desde el principio calificó los hechos como “suicidio” y el fiscal interviniente en ese entonces, Leandro Heredia (destituido por varias irregularidades), convalidó la versión policial, delegando en los uniformados las primeras medidas de prueba que fueron practicadas en la causa.
La autopsia se realizó en la Morgue de la Policía, donde el médico policial concluyó que todas las lesiones vitales que poseía el cuerpo de Cristian, habían sido provocadas por la astricción ferroviaria. El testimonio de otro médico legista -que discrepaba con la versión policial-, no fue agregado al expediente. Las ropas y pertenencias de Cristian desaparecieron.
Durante el período de instrucción se perdieron las muestras de ADN de pelos hallados entre los dedos de Cristian y el libro de guardias de la comisaría fue ocultado durante 7 años; la falsedad de las firmas de Cristian también será objeto de debate en el juicio a cargo del Tribunal Oral Criminal II de La Plata integrado por Claudio Bernard, Liliana Torrisi y Silvia Hoerr por la secretaría de Julio Banfi.
La fiscal de juicio es Victoria Huergo y en la acusación la acompañan las abogadas Analía Carrillo y Sofía caravelos, representantes de la familia de la víctima y, además, integran el Colectivo de Investigación y Acción Jurídica (CIAJ).