La relación entre la Municipalidad de La Plata y las organizaciones sociales con presencia en el distrito se tensó en los últimos días por una denuncia penal por extorsión que un funcionario municipal realizó contra representantes de tres organizaciones sociales. Eso desencadenó una declaración de repudio de decenas de grupo que emitieron un comunicado planteando la “estigmatización” y “persecución”.
El hecho denunciado ocurrió en oficinas de la Municipalidad a fines de agosto, durante un encuentro entre el subsecretario a cargo de la ejecución del Fondo Educativo, Martiniano Ferrer Picado, y representantes de las organizaciones que administran cooperativas que tienen a su cargo obras en escuela. El funcionario planteó que allí le exigieron la asignación de trabajo por 50 millones de pesos, sin importar cuáles eran esas obras, a cambio de no realizar un corte de calles frente al palacio Municipal de calle 12 entre 51 y 53.
Fuentes comunales indicaron las organizaciones denunciadas son “la CTEP, La Falcone, la Corriente Clasista y Combativa (CCC), el Movimiento Evita y el Movimiento Sin tierra”.
“Solicitan los montos para no hacer los cortes y sitiar la ciudad” dice en un tramo la denuncia del funcionario, quien se presentó por pedido del intendente Julio Garro. “Para empezar a hablar obligaban a que se les dé” el dinero –sigue– sin que le importara “las características de los trabajos que equivalían a esos montos”.
En ese tramo el funcionario explicó que se pretendió establecer “un diálogo constructivo para generar trabajo genuino para los cooperativistas”. La misma actitud, según se explicita en la denuncia, mantuvieron en una reunión del 30 de agosto, donde “no accedieron” a trabajos de “mantenimiento preventivo de infraestructura en escuelas y puesta en valor de cocina en escuelas”. El fracaso de aquella reunión derivó en una profundización de la medida de protesta con nuevos cortes en las diagonales 73 y 74.

La denuncia fue realizada el 13 de septiembre y trascendió ahora, en consonancia con otras presentaciones en la Justicia por presuntas extorsiones de las organizaciones a los beneficiarios de los planes. Eso motivó que el propio Garro sentara postura. “Los cooperativistas que prestan servicio para la municipalidad son muy valiosos y por eso desde el primer día los estamos cuidando. Por eso, más allá de las investigaciones internas que realizamos de manera permanente, les pedimos a quienes conocen o sufre alguna de estas prácticas oscuras que lo denuncien” pidió el jefe comunal.

LA REACCIÓN
Las organizaciones sociales, en tanto, emitieron un comunicado repudiando las denuncias y atribuyéndolas a una “estigmatización” y “persecución” por parte de la Comuna.
“Repudiamos enérgicamente las denuncias por parte del gobierno municipal y las estigmatizaciones mediáticas hacia nuestras organizaciones de la economía popular. Estas actitudes de la gestión local de Cambiemos están en sintonía con las recientes declaraciones de la ministra de seguridad Patricia Bullrich, quien asoció a los movimientos sociales con el narcotráfico. Asimismo, se da en un contexto en que el intendente Julio Garro está decidido a que se apruebe el nuevo código de convivencia, que no es más que avalar la represión del trabajo en la vía pública y de la protesta social. Todo esto en un marco de mayor crisis, producto de las medidas económicas diseñadas por el FMI”.
La reivindicación cierra apuntando contra el gobierno nacional: “El macrismo apunta con estos hechos a quitarle legitimidad a los sectores que más se organizan y luchan contra el modelo de ajuste y represión que llevan adelante”.

Entre las organizaciones que firman aparecen la CCC, Barrios de Pie, CTEP, FOL (Frente de Organizaciones en Lucha, Frente Popular Darío Santillán (FPDSCN) CTD Aníbal Verón, Movimiento Evita, Agrupación María Claudia Falcone, Movimiento Justicia y Libertad, Agrupación Evita, MTE, Octubres, Coordinadora J.W. Cooke, MP La Dignidad, además de diferentes fuerzas gremiales y políticas.