La Justicia de La Plata dispuso el cierre del Centro Cerrado Eva Perón II tras un informe que alertó por condiciones inhabitables.
La crisis en un centro de detención juvenil de La Plata derivó en una medida judicial contundente en las últimas horas. La Justicia ordenó su clausura tras constatar graves deficiencias edilicias y una serie de denuncias por vulneración de derechos que se arrastraban desde hace meses.
La decisión se tomó en el marco de un habeas corpus colectivo que advertía sobre el agravamiento de las condiciones de alojamiento y los riesgos concretos para la integridad de los jóvenes que permanecían en el lugar, sin que se registraran mejoras pese a reiteradas intimaciones.
La justicia de La Plata desestimó la denuncia contra la Caja de Médicos por el Hotel Grand Brizo al considerar que no hubo delito ni desvío de fondos.
La Comuna confirmó el cierre preventivo de una sucursal del reconocido supermercado Día en La Plata, tras detectar serias irregularidades.
En ese contexto, se dispuso el cierre del Centro Cerrado Eva Perón II ubicado en 520 y 226, localidad de Abasto, en un plazo de 48 horas y la reubicación de todos los internos en dispositivos que garanticen condiciones adecuadas de habitabilidad, seguridad y respeto de sus derechos.
La medida fue adoptada por la jueza de garantías Lorena Vuotto luego de que un informe pericial de arquitectura fuera categórico al señalar que el edificio no reúne condiciones mínimas de habitabilidad, salubridad ni seguridad para su funcionamiento.
Entre los principales problemas detectados se mencionaron el colapso del sistema sanitario, riesgo eléctrico inminente, deterioro estructural de los cerramientos y la falta total de aislamiento térmico, un escenario crítico ante la llegada del invierno que configura un entorno edilicio directamente inhabitable.
El planteo había sido impulsado por la Comisión Provincial por la Memoria (CPM), que desde 2023 viene advirtiendo sobre estas condiciones y también denunció hechos de violencia, requisas vejatorias, deficiente atención médica, escasa alimentación y restricciones en el acceso a actividades educativas y recreativas.
En su resolución, la magistrada también cuestionó la falta de respuestas del Organismo Provincial de Niñez y Adolescencia, remarcó la ausencia de un plan de acción efectivo y subrayó que el Estado no solo debe evitar vulnerar derechos, sino garantizar condiciones dignas, en un caso que vuelve a poner en foco la situación de los dispositivos de encierro para jóvenes en la provincia.