El Concejo Deliberante de La Plata discute la creación de un programa denominado "Integridad Empresarial", el cual en la práctica implica que todas la empresas que se vinculen contractualmente con la Municipalidad cumplan una serie de requisitos que garanticen que no estén involucradas en casos de corrupción.
El proyecto, que ya tuvo despachó de la Comisión de Desarrollo Local y pasó a Hacienda y Legislación, se basa en una ley nacional, sancionada el año pasado, que establece la Responsabilidad Penal Empresaria con la que se busca implementar ciertos estándares internacionales que sancionas a las personas jurídicas involucradas en casos de corrupción.
Entre otras cosas, las empresas deberán presentar, en caso de que se apruebe la ordenanza, los siguientes elementos:
- Un Código de Ética o e Conducta, o la existencia de políticas y procedimientos de integridad aplicables a todos los directores, administradores y empleados, independientemente del cargo o función ejercidos, que guíen la planificación y ejecución de sus tareas o labores de forma tal de prevenir la comisión de delitos contemplados en la Ley.
- Hacer capacitaciones sobre el programa.
- Hacer un análisis periódico de riesgos y adaptación del programa.
- La dirección de las empresas y sus gerentes deberán apoyar visiblemente al Programa.
- Establecer una política de protección de denunciantes contra represalias.
- Presentar un sistema de investigación interna que respete los derechos de los investigados e imponga sanciones a las violaciones del Programa.
Según explica la autora del proyecto, la concejal del Frente Renovador, Virginia Rodríguez, la legislación en la que se basa el mismo equiparó al país con el resto de las naciones de la región y cumple con los compromisos internacionales al ratificar la Convención contra el Soborno Transnacional de la OCDE (Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico).
Los delitos alcanzados por esa ley son el cohecho y el tráfico de influencias, las negociaciones incompatibles con el ejercicio de las funcione públicas, la concusión, el enriquecimiento ilícito de funcionarios y empleados y la publicación de balances e informes falsos.
Durante el debate en la comisión se hablaron de ejemplos como las empresas que prestan el Servicio Alimentario Escolar (SAE), las de transporte o las de recolección de residuos, como susceptibles de ser incluidas en el programa.
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