Un pedido de prisión preventiva recayó sobre el exfiscal platense Tomas Moran acusado de brindar protección legal a una banda mixta de policías corruptos y ladrones que operó en La Plata. La solicitud fue realizada por la fiscal Maria Eugenia Di Lorenzo que lo procesó por tres delitos y le congeló cuentas bancarias y cajas de seguridad en entidades financieras.
Se sospecha que Moran pedía fuertes sumas de dinero y en dólares para desviar investigaciones de graves delitos y no encarcelar a los responsables.
El día de su detención llamó la atención a los investigadores la imponente y lujosa vivienda que habitaba. Ese fue uno de los motivos que impulsó a los investigadores a inmovilizar sus depósitos de dinero en cuentas a la vista y cajas de seguridad. El origen de su patrimonio es materia de investigación penal.
El pedido de la fiscal es analizado por el juez de Garantías Pablo Raele.
“Concusión. Encubrimiento agravado. Incumplimiento de los deberes de funcionario público”, en diez palabras que describen tres delitos y figuran en la carátula del expediente se selló la suerte del exfiscal, detenido en el marco de una causa desprendida de la investigación por la banda mixta de policías corruptos y ladrones con presunta protección judicial denominada “La banda del juez”, que tiene tras las rejas al exjuez de Garantías platense, César Ricardo Melazo.
Tras el allanamiento a su fastuosa vivienda de Parque Sicardi, el fiscal jubilado fue trasladado hasta una celda federal en la que permanece alojado.

Se sospecha que Moran manipuló la investigación por el crimen de Juan Farías, un exintegrante de la banda asesinado en un ajuste de cuentas dentro de la banda. También fue denunciado por otro convicto, Javier Ronco, integrante de la banda y detenido por doble homicidio. Según la denuncia a la que accedió 0221.com.ar Ronco recibió un pedido de 30 mil dólares para no verse involucrado en otras causas.
Uno de las imputaciones que llamó la atención fue la de “concusión” que se refiere a un delito llamado exacción ilegal, es decir, cuando un funcionario público en uso de su cargo, exige o hace pagar a una persona una contribución, o también al cobrar más de lo que le corresponde por las funciones que realiza.