martes 18 de febrero de 2025

Crece la polémica por la Guardia Urbana platense y denuncian que es "inconstitucional"

Es uno de los planteos de la Comisión por la Memoria (CPM), que se presentó en el Concejo Deliberante advirtiendo sobre los riesgos de la aparición de un nuevo cuerpo de seguridad. Está previsto que la ordenanza que la crea se vote el miércoles próximo.

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La creación de la Guardia Urbana de Prevención (GUP) que impulsa el intendente Julio Garro y será tratada por el Concejo Deliberante en la próxima sesión, tuvo su primera reacción en contra severa con la opinión presentada por la Comisión Provincial por la Memoria (CPM) organismo autárquico bonaerense que reclama que ese tratamiento se frene y sea revisado por considerar, entre otras cosas, que es “inconstitucional”, “discrecional” y “atentatorio de los derechos de los niños y niñas y adolescentes”, además de “transgredir la división de poderes”.

El planteo fue llevado este miércoles por representantes de ese organismo y expuesto en una reunión con concejales de la oposición. Y expuesto en un informe en el que la CPM evalúa cada artículo polémico. Como conclusión entienden que “el proyecto de Ordenanza no debe ser sancionado”.

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Los representantes de la CPM fueron recibidos en el Relatoría del Concejo Deliberante, donde expusieron su punto de vista ante concejales de la oposición como Ana Herrán, Victoria Tolosa Paz, Virginia Rodríguez, Gastón Crespo, Cristian Vander y la oficialista crítica Florencia Rollié.

Como ya informó 0221.com.ar, la iniciativa apunta a reorganizar y dotar de mayores facultades a los agentes con los que hoy cuenta la Municipalidad. Todos estarán bajo esa denominación y serán capacitados para distintas tareas.  El objetivo es instalar en la calle, y particularmente en territorios en los que suelen generarse conflictos, un cuerpo que pueda intentar mediaciones o intervenciones directas en situaciones de riesgo, enfrentamientos, acosos callejeros y conductas que puedan derivar en acciones delictivas.

En el informe con el que la CPM reclama que se frene el tratamiento del proyecto, solicita que se pondere la posibilidad de recrear espacios de discusión democráticos y representativos, con el objeto de que los actores sociales que se hallan involucrados en la problemática, puedan expresar sus posiciones. Y que “se elaboren proyectos de Ordenanza eficaces y respetuosos de los derechos humanos y los más altos estándares constitucionales”.

“Hemos argumentado en forma precisa la inconstitucionalidad del mismo, al trasgredir la división de poderes establecida por la Constitución Provincial”, alegan y reclaman también atender fallos de las Cortes bonaerense y de la Nación al respecto. “En este sentido, señalamos cómo se desdibuja el Sistema de Promoción y Protección de Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes, desconociendo los programas y dispositivos especiales creados para ese fin”, explican

También critican el diseño de la ordenanza por las consecuencias que puede tener en la calle. “El detallado recorrido por los considerandos y el articulado, da cuenta de la falta de precisión a la hora fijar el alcance y la finalidad que tendrá el dispositivo creado, habilitando amplios márgenes de discrecionalidad para su ejecución e impidiendo el efectivo control de la actividad administrativa, generando la condición de posibilidad de vulneraciones a derechos humanos fundamentales como la libertad, la integridad y la no discriminación”, alega.

A lo largo de diez páginas, la CPM pone bajo la mirada crítica distintos aspectos, arrancando por el sustento de “una política que ya ha sido adoptada por el municipio al implementar otros dispositivos vinculados a la seguridad pública”.

“El proyecto se asienta en un diagnóstico impreciso que emerge de su expresión de motivos y con términos vagos, ambiguos e imprecisos confiere al cuerpo que se pretende crear una multiplicidad de funciones y atribuciones y objetivos que por su amplitud e indefinición propician márgenes amplísimos para la discrecionalidad”, dice en uno de los tramos más duros.

Y recuerda el parentesco con la “Guardia Urbana Municipal” a la que se intentó dotar competencias “de resorte exclusivo de las Policías”. Remite a la “guardia de prevención” dependiente de la Dirección de Seguridad de Edificios Públicos que fuera creada por la Resolución 2397/2017 “y que proponía desarrollar una actividad de prevención con el fin de velar por el orden y la tranquilidad pública constituyendo una ‘unidad de colaboración’ que funcionaría sin invadir las facultades y atribuciones propias de las fuerzas de seguridad”.

“La continuidad institucional de ambas ‘guardias’ se evidencia en el considerando que expresa la necesidad de ‘reacomodar’ la presencia de un grupo específico no armado ‘reorganizándolo’”. Y define: “El marco de competencia asignado a estos cuerpos administrativos de ‘seguridad’ atentan contra normas fundamentales de jerarquía constitucional que establecen protecciones especiales a favor de la ciudadanía y su creación y puesta en funcionamiento no solo debe ser desaconsejada sino rechazada de plano, particularmente por el riesgo creado frente a los grupos de especial vulnerabilidad”.

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