Los "glovers" que día a día recorren La Plata lograron captar la atención de la política local. Este lunes, dos ediles del peronismo, Lorena Riesgo del FpV-PJ y Fabián Lugli, del bloque PJ, recibieron a un grupo de trabajadores para interiorizarse sobre sus reclamos gremiales, que van desde el pedido de regularización laboral hasta un seguro médico acorde a la actividad que realizan, pasando por medidas de seguridad para resguardar su integridad y la de los objetos que transportan.
Tal como viene informando 0221.com.ar, los trabajadores de Glovo en La Plata son casi 700 y están bajo la modalidad de monotributistas, facturándole a Kadabra -así figura la razón social de la empresa- cada pedido y cobrando por quincena. Según denuncian, Glovo los convoca con "publicidad engañosa": primero prometen pagar $100 la hora y dan de baja esa modalidad y, después, otorgan ciertas promociones y bonificaciones de dinero ante determinadas cantidades de repartos hechos, pero ninguna de esas ventajas se repite al mes siguiente y los repartidores pasan a cobrar 1.000 o 2.000 pesos menos de lo esperado.
Esos son algunos de sus reclamos, pero no todos. También exigen un seguro médico acorde -tienen uno que recién entra en funcionamiento 72 horas después del accidente- y medidas de seguridad, porque no solo son responsables de reponer lo que sea que les roben sino que tampoco les proveen cascos ni chalecos reflectores entre otros elementos necesarios.
Anoticiada de esto último, Riesgo había presentado un pedido de informe para conocer qué medidas toma Glovo para hacer delivery en la ciudad y si efectivamente lo hace bajo la normativa vigente regida por la Ordenanza 11.039. Sin embargo, ante la ola de reclamos y la visibilización del conflicto por parte de los trabajadores, junto a Lugli decidieron reunirse directamente con los repartidores para conocer la situación.
"Ellos nos contaron que la problemática es que la empresa no los reconoce como empleados, pero para nosotros ellos son laburantes, más allá de que les pidan ser monotributistas. La empresa dice que 'mientras entre en la canasta' ellos lo trasladan, pero no se sabe qué están trasladando. Ellos sienten que están desprotegidos", resumió Lugli en diálogo con este medio.
En ese marco el legislador advirtió que una de las primeras medidas será pedir una audiencia con el Ministerio de Trabajo, conducido por Marcelo Villegas, para saber qué garantías tienen los trabajadores de Glovo y cómo están cubiertos laboralmente. Como la empresa, a nivel local, está radicada en un "coworking" -espacios de trabajo que todavía no están regulados en la ciudad-, su presencia es casi fantasma y es muy difícil que, por ejemplo ante un despido, puedan dar una respuesta. Además, según Lugli, radicarse en un lugar "gris" se constituye como una manera de escapar de sus obligaciones como empleador.
Riesgo, por su parte, diferenció dos ramas en el conflicto de Glovo: por un lado el efectivo cumplimiento de las normas para realizar delivery -obleas, chalecos reflectantes, seguros, indumentaria normal y para lluvia, etcétera- y por otro la cuestión gremial. "Esta ya es una actividad instalada y que presta servicios en la ciudad, el Estado Municipal debería poder intervenir", subrayó.
La realidad que viven los glovers platenses es preocupante. Tal es así que el pasado 21 de septiembre un cadete que fue apuñalado luego de hacer una entrega en 31 y 60, en medio de un asalto. Afortunadamente las heridas no revistieron gravedad, pero hechos similares continúan sumándose uno tras otro.
Riesgo también destacó que otra de las consecuencias de la llegada de estas apps -Glovo, PedidosYa y Rappi, que ya funciona en CABA y podría instalarse en La Plata- es el despido de muchos repartidores, ya que los comercios y restaurantes prefieren tercerizar el servicio.
Cabe recordar que los trabajadores de Glovo ya se encuentran en contacto con la Asociación Sindical de Motociclistas Mensajeros y Servicios (ASIMM), que carece de personería gremial en la Provincia pero logró afiliar a todos los cadetes porteños de PedidosYa y a cincuenta de Glovo. En ese sentido, ambos concejales coincidieron en la necesidad de avanzar en normativas para regular esta actividad, que se maneja en un "gris legal" y ya está haciendo ruido en varias capitales provinciales del país. Por lo pronto, intentarán un diálogo con Villegas y se acercarán a la sede local de la empresa para dialogar con autoridades y tener su versión de los hechos.