El Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) N° 70/2023 emitido por el presidente Javier Milei generó una catarata de presentaciones en la Justicia que, de alguna forma, se dividió en reclamos que apuntan a la totalidad de las reformas o bien aspectos puntuales en materia laboral o el aumento de las prepagas, entre otros puntos.
En mesa de entradas la búsqueda de las demandas contra el DNU 70/23 arroja un largo listado de amparos presentados. Hasta el momento, no hubo ninguno que frene toda la reforma tal cual lo reclamaron varios sino sólo tres cautelares que lo hicieron respecto a las reformas laborales.
Los reclamos se fueron agrupando por tipo en distintos fueros de la Justicia, como ser aquel que cuestiona a la totalidad y están todos presentados en el fuero Contencioso Administrativo Federal. Pero ahí hay una batalla pendiente: el Gobierno quiere que se trate como amparo colectivo en el juzgado donde fueron presentados los primeros, pero el juez Enrique Lavié Pico lo desarmó y ello implica que lo que se resuelve sólo afecta a quien se presenta. Será la Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal la que deba resolver esa cuestión. Mientras tanto el magistrado tendrá que definir si hace lugar al amparo del Observatorio del Derecho en la Ciudad, la primera que presentó un recurso para frenar el DNU.
En el fuero laboral, sin embargo, continúan los expedientes por las reformas introducidas por Milei y que en tres resoluciones distintas fueron frenadas. Una por pedido de la Confederación General del Trabajo (CGT), otra de la Central de Trabajadores Argentinos (CTA) y la última de la Federación de Viajantes.
En el fuero Civil y Comercial Federal también se agruparon allí los amparos presentados contra la desregulación de las prepagas que ha provocado ya aumentos y que muchos particulares reclaman una cautelar. No obstante, en ese mismo fuero recientemente la Cámara rechazó la habilitación de la feria judicial de verano por lo que se prevé que recién comience a analizarse en febrero.
En febrero, finalmente, ya habrá una intervención de la Corte Suprema de Justicia pues ya adelantó que ante una presentación del Gobierno de La Rioja se meterá en el análisis del DNU previo dictamen de la Procuración General de la Nación. La cuestión es si el momento en que defina la Corte ya el conflicto generado por el DNU ya habrá tenido algún tipo de acuerdo desde el Poder Político, esto es el Congreso de la Nación, para destrabarlo y permitir la vigencia de las reformas.