Es por un fallo judicial que afecta a choferes de Uber, Cabify y DiDi, con el objetivo de aplicarles exigencias similares a las que ya cumplen taxis y remises.
Los choferes de Uber, Cabify y DiDi deberán tramitar una licencia profesional para seguir trabajando en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA). La medida surge de un fallo judicial que ordenó aplicarles a las aplicaciones de transporte exigencias similares a las que ya cumplen taxis y remises.
La resolución fue dictada por la Sala II de la Cámara en lo Contencioso Administrativo, Tributario y de Relaciones de Consumo de la Ciudad. El expediente se inició a partir de un reclamo del Sindicato de Peones de Taxis, que pidió igualar las condiciones de operación.
Los jueces entendieron que las plataformas digitales prestan un servicio de transporte de pasajeros y no solo una intermediación tecnológica. Por ese motivo, mientras no exista una ley específica para regularlas, sus conductores deberán cumplir con requisitos profesionales, seguros especiales y controles de habilitación.
El cambio impacta sobre miles de choferes que hasta ahora manejaban con una licencia común. El fallo establece que las apps no pueden funcionar en un “vacío legal” que les permita evitar controles mientras otros actores del sector afrontan mayores costos y trámites.
La decisión también alcanza a las condiciones de seguridad del servicio. Los conductores deberán contar con seguros específicos para pasajeros, choferes y responsabilidad civil. Además, deberán adecuarse a futuras regulaciones que dicte el Gobierno porteño para ordenar el funcionamiento de estas plataformas.
Los jueces Mariana Díaz, Fernando Enrique Juan Lima y Marcelo López Alfonsín sostuvieron que Uber y las demás aplicaciones integran un “servicio global de transporte”. Para fundamentar esa postura, citaron antecedentes del Tribunal de Justicia de la Unión Europea.
El fallo también cuestionó al Gobierno de la Ciudad por permitir durante años una “apariencia de regularidad” en el funcionamiento de las plataformas. Según la resolución, la administración porteña los calificaba como servicios clandestinos, pero permitía su publicidad en espacios públicos.
La Cámara ordenó además que el Ejecutivo porteño avance con otros puntos vinculados a las empresas. Entre ellos, iniciar procedimientos para cobrar impuestos locales y realizar campañas de difusión para advertir a los usuarios sobre posibles riesgos en seguros, licencias y coberturas.
Otro punto del fallo beneficia de manera directa a los taxistas. Mientras exista una diferencia regulatoria, el Gobierno porteño no podrá cobrarles determinados aranceles administrativos por licencias y trámites de operación, porque la Cámara entendió que no puede sostener costos desiguales entre competidores.
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