La sanción económica dictada por el juez Martín Cormick se mantendrá por cada día que continúe el incumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario.
La Justicia federal impuso una multa de $100.000 diarios al jefe de Gabinete, Diego Santilli, por incumplir una medida cautelar sobre la Ley de Financiamiento Universitario. El juez Martín Cormick tomó la decisión este miércoles ante la falta de actualización de los salarios docentes y no docentes y de las becas estudiantiles.
La sanción económica se mantendrá por cada día que continúe el incumplimiento y podrá modificarse tanto en su monto como en los funcionarios alcanzados. El Gobierno apeló el fallo judicial que exige aplicar las disposiciones de la Ley.
La Justicia ordenó al Gobierno aplicar la Ley de Financiamiento Universitario y la Casa Rosada trabaja en una estratega para evitar afrontar el gasto previsto.
Estudiantes hicieron una sentada y luego ingresaron a la sede de la Secretaría de Educación para exigir que se aplique la Ley de Financiamiento Universitario.
El juez había otorgado inicialmente cinco días para cumplir con la medida, plazo que venció el 22 de septiembre. Después concedió una prórroga por el mismo período y el 30 de septiembre volvió a advertir sobre posibles sanciones. Sin embargo, los pagos reclamados no se concretaron y finalmente dispuso aplicar las multas.
La decisión judicial respondió a un pedido del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), que denunció que el Estado seguía sin cumplir una medida cautelar confirmada por la Corte Suprema de Justicia de la Nación el 25 de junio de 2026. La entidad solicitó que se aplicaran sanciones económicas diarias por la demora.
La normativa establecer un aumento del 40,25% sobre los salarios básicos de julio de 2025 para docentes y no docentes de las universidades públicas. Ese porcentaje corresponde a la inflación acumulada entre enero de 2023 y julio de 2025, período utilizado como referencia para calcular la recomposición de los ingresos.
Además, la ley dispone que los sueldos universitarios deben actualizarse todos los meses de acuerdo con el Índice de Precios al Consumidor (IPC). También exige recomponer los montos de las becas estudiantiles y garantizar su actualización, dos obligaciones que forman parte de la medida cautelar cuyo cumplimiento reclama la Justicia.
El conflicto judicial también comprende una cláusula del Decreto 759/2025, mediante la cual el Poder Ejecutivo condicionó la aplicación de la ley. El juez Cormick declaró inconstitucional esa disposición y aceptó elevar la apelación presentada por el Estado a la Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal, aunque rechazó suspender la medida cautelar.
El Gobierno rechazó la decisión judicial y sostuvo que la obligación de realizar pagos sin establecer previamente los montos exactos afecta el funcionamiento del Estado. También aseguró que presentó un informe el 21 de septiembre para explicar las medidas adoptadas y pidió que la apelación suspendiera los efectos del fallo.
En su presentación, el Ejecutivo afirmó que desde diciembre de 2023 otorgó aumentos a las partidas destinadas a salarios universitarios. Según sus cálculos, la suba del 21,33% aplicada en junio de 2026 llevó el incremento acumulado al 226,80%, frente al 226,40% que considera correspondiente entre diciembre de 2023 y agosto de 2025.
La administración nacional también señaló que convocó a negociaciones paritarias trimestrales después de que la medida cautelar quedara firme. Durante esas conversaciones propuso un incremento del 3% para septiembre de 2026, que se sumaría a otro porcentaje igual acordado en junio, con impacto sobre los salarios de octubre.
Para el Gobierno, ambas medidas representan una actualización superior al 6% y permiten cubrir la recomposición vinculada con la inflación registrada entre junio y agosto. Sin embargo, la discusión judicial continúa porque el Ejecutivo rechaza el criterio que llevaría a aplicar un incremento salarial acumulado del 312,19% entre diciembre de 2023 y junio de 2026.
La administración de Javier Milei sostuvo que el Presupuesto 2026 no contempla recursos para afrontar un aumento de esa magnitud y que el Congreso no aprobó las partidas necesarias. Mientras la Cámara analiza la apelación, continúa vigente la orden de actualizar los salarios y las becas, junto con la multa diaria por incumplimiento.
