El Consejo Interuniversitario Nacional expresó su preocupación por la reforma que impulsa el Gobierno e indicó por qué es importante sostener la Ley de Tierras.
Los rectores de las universidades nacionales públicas nucleados en el Comité Ejecutivo del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) manifestaron públicamente su rechazo a la propuesta del gobierno de Javier Milei de modificar el régimen de protección de tierras, una iniciativa que contempla eliminar los límites vigentes a la extranjerización.
La postura fue difundida a través de una declaración firmada por las autoridades universitarias reunidas en el CIN, en el que dejaron sentada su "profunda preocupación" por el avance de la iniciativa. "Nuestra posición es, ante todo, una manifestación en defensa de la soberanía nacional, sustentada en el conocimiento científico y técnico que producen nuestras universidades públicas", señalaron.
En el documento, los rectores sostuvieron que las universidades cuentan con equipos de investigación especializados en ciencias ambientales, ingeniería, geología, biodiversidad, recursos naturales, ordenamiento territorial y desarrollo regional, entre otras áreas, que permiten evaluar el impacto de este tipo de políticas. Según indicaron, ese conocimiento acumulado permite advertir sobre "los riesgos ambientales, sociales, económicos y geopolíticos asociados a los procesos de concentración y extranjerización de la tierra", especialmente cuando involucran territorios de frontera, reservas de agua, bosques nativos, áreas de biodiversidad, recursos minerales y otros bienes considerados estratégicos.
Además, remarcaron que "la tierra no puede ser concebida únicamente como una mercancía o un activo financiero", sino que representa "territorio, ambiente, producción, identidad, comunidad y soberanía".
Las autoridades universitarias también contextualizaron el debate en un escenario internacional marcado por la creciente disputa por recursos naturales como el agua, los alimentos, la energía y los minerales. En ese marco, consideraron "preocupante" cualquier mecanismo que facilite la adquisición de grandes extensiones del territorio argentino por parte de capitales extranjeros y alertaron sobre la posibilidad de que futuros conflictos vinculados a esas propiedades puedan quedar bajo jurisdicciones o marcos jurídicos ajenos al Estado argentino.
"No se trata de rechazar inversiones ni de promover el aislamiento", aclararon. Y, en esa línea, advirtieron: "La inversión extranjera puede contribuir al desarrollo nacional, pero nunca debe significar la pérdida de capacidad del Estado argentino para decidir soberanamente sobre su territorio y sus recursos estratégicos".
En el tramo final de la declaración, las rectoras y los rectores sostuvieron que las universidades públicas tienen la responsabilidad de intervenir en una discusión de estas características, no solo por su rol en la formación de profesionales sino también por el aporte del conocimiento científico a las políticas públicas. Por ese motivo, convocaron al Congreso de la Nación y al conjunto de la sociedad a impulsar "un debate amplio, informado y responsable" sobre el futuro de la Ley de Tierras.
Reclamaron también preservar un marco normativo que limite la concentración y la extranjerización de la tierra, proteja los bienes naturales estratégicos y garantice que las decisiones sobre el territorio argentino continúen bajo la jurisdicción del país. "La tierra no es solamente propiedad. Es territorio, comunidad, recursos, futuro y soberanía", concluyeron en el documento.
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