La Cámara alta tratará una versión acotada del proyecto impulsado por el Gobierno, centrado ahora en desalojos, expropiaciones y más.
La Cámara de Senadores debatirá este jueves el proyecto de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, aunque sin el capítulo que proponía modificar la Ley de Tierras para flexibilizar la compra de campos por parte de extranjeros. El texto mantiene cambios en materia de desalojos, expropiaciones y manejo del fuego.
Uno de los puntos centrales del proyecto establece un procedimiento de desalojo exprés para los casos de inmuebles usurpados o ocupados por tenedores precarios. Según la iniciativa, un juez podrá ordenar la restitución inmediata del inmueble cuando el derecho invocado por el propietario resulte verosímil y este preste una caución juratoria, pero además también podrá intimar la devolución de la propiedad dentro de las 72 horas, siempre que el dueño acredite documentalmente su titularidad.
Javier Milei aseguró que ya tomó la decisión, pero evitó dar nombres. Además, ratificó que impulsará la eliminación de las PASO y una reforma del Banco Central.
Brasil retiró a su embajador en Argentina y redujo la relación diplomática al nivel de encargado de negocios tras los ataques de Javier Milei contra Lula y las instituciones brasileñas.
En el caso de los inquilinos con deuda, el proyecto dispone que el propietario deberá enviar previamente una carta documento y otorgar un plazo mínimo de 10 días corridos para regularizar la situación. Si el incumplimiento persiste, podrá iniciar la acción judicial y el desalojo deberá concretarse en un plazo de 10 días hábiles.
La iniciativa también establece que el propietario no podrá rechazar la devolución de las llaves ni imponer condiciones para recibirlas, aunque podrá dejar constancia por escrito de las deudas pendientes.
Por su parte, cuando en el inmueble habiten menores de edad o personas en situación de vulnerabilidad, el juez deberá dar intervención a los organismos de protección correspondientes y al Ministerio Público Tutelar para garantizar una alternativa habitacional transitoria, sin frenar el proceso de desalojo.
Otro de los capítulos que se debatirá modifica el régimen de expropiaciones. El proyecto establece que la declaración de utilidad pública deberá interpretarse de manera restrictiva y que el Estado tendrá la obligación de fundamentar claramente los motivos de la expropiación.
Además, fija un tope del 30% para la indemnización por lucro cesante, incorpora como referencia el Índice de Precios al Consumidor (IPC) más la tasa del Banco Nación (BNA) para calcular los intereses y dispone que la transferencia del bien no podrá concretarse sin el pago previo de la indemnización, aunque el Estado podrá solicitar la posesión del inmueble.
En cuanto a la Ley de Manejo del Fuego, el texto propone derogar el artículo que impedía durante 30 años cambiar el uso de predios rurales afectados por incendios. Para los bosques nativos se mantendría la prohibición de modificar el destino de las tierras incendiadas, aunque se eliminaría el plazo de 60 años previsto en la legislación vigente.
