La Cámara Federal de Casación Penal rechazó el recurso de la esposa y el hijo de Ítalo Reinaldo Pagani, fallecido en el Hospital Italiano de La Plata, para ser querellantes en la causa que investiga el uso de fentanilo adulterado. La documentación indica que recibió el lote 40550 de Denver Farma, diferente a los investigados de HLB Pharma.
La Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal declaró inadmisible el recurso extraordinario presentado por Mónica Beatos Cladera y José María Pagani Cladera, esposa e hijo de Pagani, quienes buscaban ser reconocidos como querellantes en la investigación. El hombre falleció el 30 de marzo de 2025 y sus familiares reclamaron intervenir en el expediente al considerar que podían resultar damnificados por los hechos analizados.
La Justicia rechazó el reclamo y sostuvo que, de acuerdo con la documentación incorporada al expediente, el medicamento que habría recibido el paciente correspondía al lote N°40550, de Denver Farma, y no a los lotes de HLB Pharma que son objeto de la causa. En particular, los jueces Javier Carbajo y Mariano Borinsky consideraron que el recurso no puede prosperar porque la decisión cuestionada no constituye una sentencia definitiva ni puede ser equiparada a una y coincidieron además con la postura del Ministerio Público Fiscal (MPF), que solicitó declarar inadmisible la vía extraordinaria.
Ítalo Reinaldo Pagani falleció en el Hospital Italiano de La Plata en marzo de 2025, tras recibir fentanilo contaminado
Foto: Ignacio Amiconi | AGLP
Los magistrados entendieron que, en el estado actual de la investigación, los familiares no acreditaron un interés legítimo suficiente para intervenir en el expediente como querellantes. No obstante, dejaron abierta la posibilidad de revisar esa situación si aparecen nuevas pruebas o si la investigación se amplía.
El juez Gustavo Hornos votó en disidencia y consideró que impedir la intervención de la esposa y el hijo en esta etapa podía ocasionarles un perjuicio que después no pudiera ser reparado.
Hasta el momento, se vincula el suministro de fentanilo contaminado con 90 muertes y 44 sobrevivientes con secuelas
Para Hornos, la discusión no debe limitarse a una cuestión formal de admisibilidad, sino que involucra el alcance de la investigación y la tutela judicial de los familiares de Pagani. El magistrado cuestionó que el rechazo se hubiera apoyado en una "exigua discrepancia temporal" entre el fallecimiento y la adquisición del lote 31202. Según su voto, tampoco corresponde exigirles a los familiares que demuestren desde el comienzo que fueron víctimas de un delito, ya que esa cuestión debe determinarse a partir de las pruebas que se produzcan durante la investigación.
La causa por fentanilo adulterado
La investigación está a cargo del juez federal Ernesto Kreplak y busca determinar las responsabilidades por la elaboración, distribución y controles del fentanilo clínico producido por HLB Pharma Group y Laboratorios Ramallo. Según la pesquisa, el medicamento fue administrado a pacientes internados y se lo vincula con 90 muertes y 44 sobrevivientes con secuelas. El expediente se concentra, entre otros, en los lotes contaminados 31202 y 32144.
En el marco de la causa, la Justicia retiró de circulación más de 230.000 ampollas presuntamente contaminadas y busca establecer responsabilidades a lo largo de toda la cadena, desde la producción y los controles de calidad hasta la distribución y la fiscalización estatal.
La extitular de ANMAT, Nélida Agustina Bisio, y la exdirectora de INAME, Gabriela Mantecón Fumadó están procesadas
El expediente tiene 15 procesados, entre ellos directivos, responsables técnicos y personal de control de calidad de HLB Pharma y Laboratorios Ramallo, además de la extitular de Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT), Nélida Agustina Bisio, y la exdirectora de Instituto Nacional de Medicamentos (INAME), Gabriela Mantecón Fumadó.
El principal acusado es Ariel García Furfaro, señalado como responsable real del conglomerado empresarial. También permanecen detenidos su hermano Diego García y el director técnico José Antonio Maiorano, mientras que otros imputados cumplen arresto domiciliario o permanecen en libertad bajo medidas cautelares.