La Justicia Federal procesó a catorce directivos de laboratorios vinculados al fentanilo adulterado. El juez Ernesto Kreplak detalló cada caso.
El procesamiento de catorce directivos de HLB Pharma y Laboratorios Ramallo puso en el centro de la escena la causa de las muertes por fentanilo contaminado en Argentina. El expediente, que se instruye en los tribunales federales de La Plata, avanza sobre la responsabilidad empresarial en la producción de la droga adulterada.
El juez federal Ernesto Kreplak señaló que los imputados habrían incumplido de manera sistemática las normas de control de calidad. El magistrado remarcó que se priorizaron los costos por encima de la seguridad de los pacientes, lo que derivó en consecuencias mortales y en un caso de gravedad inédita para el país.
La comisión especial quedó conformada en Diputados con apoyo de todos los bloques. Fein la preside y escucharán a víctimas y al juez Kreplak la semana próxima.
En un escrito judicial, la funcionaria intentó deslindar responsabilidades y apuntó contra la extitular del INAME, Gabriela Mantecón.
Según la resolución judicial, los acusados enfrentan cargos por adulteración de sustancias medicinales, adulteración peligrosa para la salud y resultado de muerte en al menos 20 casos comprobados.
De acuerdo con la legislación vigentes, los procesados enfrentan, a raíz de las acusaciones, penas que oscilan entre 10 y 25 años de prisión efectiva.
El principal acusado es el dueño del conglomerado farmacéutico que produjo el medicamento, Ariel García Furfaro; quien seguirá detenido y recibió un embargo récord de un billón de pesos. Su mamá, Nilda Furfaro, quedó procesada con arresto domiciliario, mientras que otros directivos recibieron medidas cautelares similares por su rol en la cadena de control.
Además de las prisiones preventivas, el juez dispuso embargos que van desde los $10.000 millones hasta el billón, junto con la prohibición de salida del país. En su fallo, Kreplak concluyó que “el incumplimiento de las condiciones mínimas de calidad del producto los hace responsables por las adulteraciones que, de haberse cumplido, se habrían evitado”.
El fallo detalló las responsabilidades de cada directivo en la cadena de producción y control de calidad. Entre los procesados figuran: