La Corte Suprema dejó firme la condena a Cristina Kirchner por corrupción, lo que da un marco definitorio a su candidatura como diputada provincia.
La condena ratificada por la Corte Suprema contra Cristina Kirchner marca su futuro en la competencia electoral en la provincia de Buenos Aires el 7 de septiembre. La expresidenta planeaba postularse como diputada provincial por la tercera sección electoral, pero la inhabilitación para ocupar cargos públicos hace imposible esa alternativa. Por eso el impacto es judicial y política.
En un fallo que sacudió al escenario institucional argentino, la Corte Suprema confirmó la condena a Cristina Kirchner en la causa Vialidad. De este modo, quedó firme la pena de seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos, dictada inicialmente por el Tribunal Oral Federal N° 2 en diciembre de 2022.
El jefe comunal mantuvo un encuentro con su gabinete para comenzar a delinear la estrategia electoral de cara al comicio del 7 de septiembre.
La expresidenta había manifestado su intención de competir como candidata a diputada provincia, pero la resolución de la Corte frustra cualquier posibilidad de participar en las próximas elecciones legislativas. Esta decisión representa un cambio rotundo en el mapa político, con consecuencias directas sobre el futuro del kirchnerismo y el armado de listas del peronismo.
El Tribunal Oral Federal 2 ahora deberá definir las condiciones de cumplimiento de la pena, y todo indica que Cristina Kirchner podría acceder a un arresto domiciliario debido a su edad. Más allá de eso, la posibilidad de ocupar una banca quedó descartada: la inhabilitación perpetua ya no tiene vuelta atrás.
La sentencia fue confirmada de forma unánime por los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti, quienes rechazaron el último recurso presentado por su defensa. De esta manera, se consolidó el fallo de Casación que la encontró culpable de administración fraudulenta agravada, por su rol en la adjudicación irregular de obras públicas en Santa Cruz entre 2003 y 2015.
A partir de este fallo, queda desestimado todo intento de retorno a cargos institucionales a través del voto. La Corte determinó que Cristina Kirchner "actuó con plena conciencia del daño económico al Estado, y priorizó intereses personales por sobre los públicos". Esa calificación fue determinante para aplicar la pena máxima prevista por la ley.
A pesar del revés judicial, se espera que Cristina Kirchner continúe su estrategia internacional y lleve la causa a tribunales externos, en busca de revertir la condena. No obstante, mientras esa vía avanza, la inhabilitación sigue en efecto, dejando trunca cualquier estrategia electoral a corto y mediano plazo.
La confirmación de la sentencia también afecta los planes del kirchnerismo, que contaba con su figura como eje de la campaña en Provincia de Buenos Aires. Aunque no encabezara la lista, su nombre era un capital político clave en el armado electoral. El fallo deja ese escenario sin sustento, obligando a reconfigurar el rumbo para octubre.
Además, el impacto trasciende lo partidario. Cristina Kirchner es la segunda exmandataria condenada desde 1983 y la primera con pena firme de prisión e inhabilitación. El fallo incluye el decomiso de $84.000 millones y alcanza a varios exfuncionarios, incluyendo a Lázaro Báez y José López.