LLA busca firmar el dictamen del Presupuesto 2027 el miércoles y llevar el proyecto al recinto el 18 de noviembre, en medio de reclamos por fondos sociales.
La Libertad Avanza (LLA) intensifica las negociaciones con los bloques dialoguistas para conseguir un acuerdo que le permita firmar el dictamen del Presupuesto 2027 este miércoles. El oficialismo busca avanzar con el proyecto antes del 18 de noviembre, mientras enfrenta pedidos de cambios en partidas sociales, discapacidad, universidades y obras públicas.
Las conversaciones se acelerarán entre el lunes y el martes, con el objetivo de resolver las principales diferencias antes de la reunión de la Comisión de Presupuesto y Hacienda. La intención del oficialismo es evitar demoras en el tratamiento legislativo, en un contexto de actividad reducida previsto para la primera quincena de noviembre en la Cámara de Diputados.
Desde el Gobierno aseguran que las conversaciones avanzan favorablemente. "Estamos avanzando bien con las negociaciones con los aliados sobre el Presupuesto y no hay motivos para demorar la firma del dictamen", señaló un vocero oficialista a la Agencia Noticias Argentinas. Sin embargo, desde uno de los espacios dialoguistas advirtieron que los tiempos son ajustados y señalaron que discapacidad y asignaciones sociales concentran buena parte de las diferencias.
El cronograma prevé una última reunión informativa el martes a las 11, aunque todavía no se confirmó qué funcionario asistirá para exponer ante los legisladores. La discusión del dictamen, en tanto, está programada para el miércoles a las 14. Si consigue los consensos necesarios, el oficialismo buscará llevar el proyecto al recinto el 18 de noviembre.
La negociación en Diputados está encabezada por el presidente de la Cámara, Martín Menem; el titular del bloque de La Libertad Avanza, Gabriel Bornoroni; y el presidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda, Alberto "Bertie" Benegas Lynch. En paralelo, el jefe de Gabinete, Diego Santilli, mantiene conversaciones con los gobernadores de los sectores dialoguistas para acercar posiciones.
La condición central del Gobierno es que cualquier modificación al proyecto preserve las metas fiscales, especialmente el equilibrio de las cuentas públicas y el superávit primario. Ese criterio atraviesa las discusiones por la distribución de recursos y limita el margen para incorporar los pedidos de la oposición y de los mandatarios provinciales.
Uno de los puntos en discusión es la jurisdicción 91, correspondiente a las Obligaciones a Cargo del Tesoro. Esa partida contempla unos $14,9 billones y registra un incremento interanual del 163%. Los bloques dialoguistas y opositores pretenden que una parte de esos fondos se destine a reforzar los presupuestos de las universidades nacionales y las prestaciones por discapacidad. El Ejecutivo, por su parte, sostiene que los recursos deben atender compromisos con organismos provinciales, nacionales e internacionales, además de emergencias y fondos especiales.
Entre los planteos de la UCR, el PRO y distintos espacios provinciales figura la derogación de los artículos 36 al 41 del proyecto, que introducen cambios en la legislación vinculada con discapacidad. Los legisladores también reclaman una recomposición de las partidas destinadas al sector. Otro foco de tensión es la eliminación de la actualización automática por inflación de la Asignación Universal por Hijo, la Asignación por Embarazo, las ayudas sociales y las asignaciones familiares. Los bloques buscan conservar el mecanismo vigente.
Las universidades nacionales también forman parte de las negociaciones. El proyecto contempla $7,3 billones para el sector, mientras que los rectores reclaman aproximadamente $11 billones. La diferencia entre ambas cifras constituye otro de los puntos que los legisladores aliados pretenden discutir antes de acompañar el dictamen.
A esos pedidos se suman las demandas de las 13 provincias que cuentan con cajas jubilatorias propias, que buscan que el Presupuesto contemple las deudas que Nación mantiene con sus sistemas previsionales. Los gobernadores, además, reclaman recursos para reparar rutas y reactivar obras públicas paralizadas desde 2023. Esos planteos fueron presentados durante la reunión que mantuvieron el 16 de octubre con Santilli.
El oficialismo cuenta con 95 diputados y necesita al menos 129 presentes para abrir una sesión en la Cámara baja. Por eso, además de intentar cerrar el dictamen, deberá asegurar el acompañamiento de los bloques aliados y avanzar en los acuerdos políticos con los gobernadores que tienen representación parlamentaria.
Los espacios más cercanos al Gobierno —PRO, UCR, MID, Por Santa Cruz, Adelante Buenos Aires y Producción y Trabajo— reúnen 24 legisladores. A esa base, La Libertad Avanza pretende sumar a los 9 diputados de Argentina Federal, vinculados con los gobernadores de Salta, Gustavo Sáenz, y de Misiones, Hugo Passalacqua.
La estrategia también contempla el respaldo de los 3 integrantes de Elijo Catamarca, ligados al mandatario provincial Raúl Jalil, y de los 3 representantes de Independencia, que responden al gobernador tucumano Osvaldo Jaldo.
Otro de los objetivos es conseguir el apoyo de alrededor de una decena de diputados de Provincias Unidas, un espacio que reúne legisladores de Córdoba, Santa Fe, Jujuy y Chubut, entre otras provincias, con referentes alineados con gobernadores como Martín Llaryora, Maximiliano Pullaro y Carlos Sadir.
Con este escenario, los próximos días serán decisivos para las aspiraciones del Gobierno. La posibilidad de firmar el dictamen el miércoles dependerá de los acuerdos que consiga sobre las partidas cuestionadas, mientras que la llegada al recinto el 18 de noviembre requerirá reunir los apoyos necesarios para avanzar con el Presupuesto 2027.
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