La Comisión Nacional de Defensa de la Competencia (CNDC) investiga si existió un "pacto ilícito" entre las empresas de medicina prepaga para fijar precios de venta. La Secretaría de Comercio de la Nación confirmó que existe "una investigación en curso", luego de que el titular del Ministerio de Economía argentino, Luis Caputo, señalara que "las prepagas le están declarando la guerra a la clase media".
El funcionario había remarcado que el Gobierno haría lo necesario para defender a los consumidores ante los sostenidos aumentos de precios impulsados por las empresas del sector, que se vieron beneficiadas por la liberalización que impulsó el propio presidente Javier Milei por decreto.
Vale recordar sin embargo que, en la práctica, el Gobierno se suma ahora a una iniciativa que presentaron dirigentes de la oposición a principios de año. El 15 de enero pasado, un grupo de legisladores de la Coalición Cívica liderado por Maximiliano Ferraro y Hernán Reyes presentaron la denuncia por "conducta anticompetitiva" que sostiene a la investigación. Casi 3 meses después, tomó un nuevo impulso.
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Las prepagas quedaron en la mira del Gobierno por los sostenidos aumentos aplicados en los últimos meses.
Luego de que se conociera la decisión, las firmas enroladas en las cámaras y asociaciones CIMARA, ADEMP y CEMPRA anunciaron que le pedirán a una audiencia a Caputo a fin de "acercarle toda la información con la que se cuenta y que explica -entre otras situaciones- el desfinanciamiento al que fue sometido el sector durante años". "En su momento se respondieron las notificaciones, pero no vamos a dar detalles de lo que presentamos", explicó al respecto una fuente del sector que tiene al titular de Swiss Medical y presidente de la Unión Argentina de Salud, Claudio Belocopitt, como uno de sus líderes y principales voceros.
¿Por qué se investiga a las prepagas?
La presunción es que habrían existido "reuniones para la coordinación de la fijación de un aumento a los usuarios, que se habría acordado un incremento estimado en torno al 40%". Este es uno de los expedientes más sensibles en poder de la comisión, se encuentra bajo secreto de sumario y se espera que sea resuelto una "resolución firme" de la CNDC, según fuentes oficiales.
La decisión estará a cargo del citado organismo, que funciona dentro de la Secretaría de Comercio que funciona de manera "desconcentrada". Su función es garantizar "la calidad de bienes y servicios, al menor precio posible”. De hecho, es la dependencia que lleva adelante la investigación originada por la denuncia que acusa de supuesta “conducta anticompetitiva" a "las principales sociedades" que brindan el servicio de medicina prepaga.
Prepagas
La CNDC investiga si las prepagas acordaron entre sí aplicar aumentos de un 40% para todos sus afiliados.
Se trata de la primera investigación formal contra la salud prepaga por presunta colusión que surge en los despachos públicos. Hasta ahora, los reveses contra las empresas había surgido de la Justicia, cuando distintos jueces aceptaron medidas cautelares de los afiliados para retrotraer los precios a la situación anterior a los aumentos. A fines de febrero pasado, el Juzgado Federal en lo Civil y Comercial y Contencioso Administrativo de San Martín N° 2 dispuso ampliar, en principio para un centenar de personas, el alcance de una medida cautelar dictada a mediados de enero, a través de la cual se le ordenó a una entidad de medicina prepaga dejar sin efecto los aumentos de cuotas aplicados o anunciados bajo el amparo de lo establecido por el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) N°70. Lo resuelto es válido "hasta tanto se dicte sentencia definitiva" sobre el tema.
En medio de la creciente tensión, el vocero presidencial Manuel Adorni señaló que existe "una cartelización que está fuera de toda razonabilidad" y, al mismo tiempo, advirtió: "Nosotros desregulamos, damos libertades, pero no permitimos que exista un grado de cartelización que afecte a los argentinos".
