El jefe de Gabinete Manuel Adorni presentaría el detalle de su patrimonio en los próximos días mientras avanza la causa por presunto enriquecimiento ilícito.
El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, se prepara para presentar su declaración jurada en medio de la causa judicial que lo investiga por presunto enriquecimiento ilícito y mientras crecen las tensiones internas dentro del oficialismo por los tiempos de la exposición pública de su patrimonio.
Según trascendió, el funcionario planea dar a conocer el detalle de sus bienes a principios de junio, aunque en su entorno aseguran que no adelantará la presentación por las presiones políticas que llegaron desde distintos sectores del Gobierno.
El juez Ariel Lijo analiza convocar a Manuel Adorni en una causa que investiga su vínculo con un productor de TV y un viaje a Punta del Este.
El fiscal Gerardo Pollicita confirmó que los comprobantes del contratista coinciden con los US$245 mil declarados por obras en casa de Manuel Adorni.
En la Casa Rosada apuntan especialmente a las declaraciones públicas de Patricia Bullrich, quien había pedido que Adorni anticipara su declaración jurada y brindara explicaciones sobre su situación judicial. También hubo cuestionamientos de la vicepresidenta Victoria Villarruel, que manifestó públicamente su expectativa por la publicación del documento.
Las diferencias generaron incomodidad dentro del oficialismo y, según versiones surgidas desde Balcarce 50, las declaraciones de Bullrich no fueron bien recibidas ni por el presidente Javier Milei ni por la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei.
En medio de ese escenario, el contador de Adorni trabaja en la documentación con la que el funcionario buscará justificar la adquisición de propiedades, movimientos patrimoniales y viajes al exterior que quedaron bajo análisis judicial.
Pese a la expectativa política alrededor de la causa, cerca del jefe de Gabinete intentan minimizar el impacto de la investigación y aseguran que no esperan un llamado a indagatoria en el corto plazo.
La causa está en manos del fiscal Gerardo Pollicita y del juez Ariel Lijo, quienes continúan reuniendo documentación y pruebas para determinar si existió alguna irregularidad patrimonial.
Mientras tanto, dentro del Gobierno sostienen que prefieren no intervenir en el proceso judicial y esperan que la investigación avance hasta esclarecer la situación patrimonial del funcionario.