Las paritarias siguen bajo tensión. La CGT y las CTA acusan al Gobierno de limitar los aumentos salariales para contener la inflación.
Las paritarias continúan bajo cuestionamiento pese a la homologación de 19 acuerdos colectivos por parte del Ministerio de Capital Humano. La CGT, las CTA y los sectores sindicales más combativos denuncian que el gobierno de Javier Milei limita los aumentos salariales para evitar que la inflación vuelva a acelerarse.
Las últimas decisiones de la cartera que conduce Sandra Pettovello fueron recibidas con cautela por la dirigencia gremial. En la CGT consideran que los convenios aprobados representan una excepción, ya que, según denuncian, los acuerdos que superan el 2% de incremento mensual suelen encontrar obstáculos en la Secretaría de Trabajo.
La central obrera apunta al Ministerio de Economía, encabezado por Luis Caputo, como el área que impulsa esa política. Según referentes sindicales, las restricciones para validar los aumentos negociados entre trabajadores y empleadores terminan condicionando las discusiones paritarias y limitando las posibilidades de recomponer los ingresos.
En ese escenario, los gremios también cuestionan la posición de los empresarios, quienes, de acuerdo con las conversaciones que mantienen con los representantes sindicales, alegan dificultades económicas para conceder mejoras salariales. La combinación de ambos factores alimenta el diagnóstico de que el poder adquisitivo continúa lejos de una recuperación sostenida.
El malestar sindical también se refleja en las declaraciones de Cristian Jerónimo, uno de los secretarios generales de la CGT, quien cuestionó las condiciones en las que se desarrollan las negociaciones salariales y la intervención oficial sobre los acuerdos alcanzados.
“Cuando uno firma por arriba del porcentaje, no homologan las paritarias, hay poco de libertad. Siempre se jactan de que no interfieren en la discusión entre privados, y lo primero que hacen es no homologarte la inflación”, sostuvo en una de sus últimas entrevistas.
La central obrera tampoco comparte los datos oficiales sobre la evolución de los ingresos. La semana pasada, el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) informó que los salarios aumentaron 2,7% mensual en agosto, lo que representó una mejora real de un punto porcentual frente a la inflación de julio, que había sido del 1,7%.
Sin embargo, desde el sindicalismo ponen en duda que esos indicadores reflejen la situación cotidiana de los trabajadores y desconfían de que las homologaciones recientes anticipen un cambio de rumbo en la política salarial del Ejecutivo.
El 21 de octubre, la Secretaría de Trabajo otorgó validez legal a 19 acuerdos colectivos celebrados en el marco de la Ley de Negociación Colectiva N.º 14.250. Entre ellos se encuentran los convenios firmados por la Unión Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores (UATRE) con las principales entidades del sector agropecuario.
La medida también alcanzó a distintas actividades, entre ellas la enseñanza privada, el transporte automotor de pasajeros de Córdoba, las estaciones de servicio, los servicios sanitarios de la provincia de Buenos Aires y los medios de comunicación.
Desde el Ministerio de Capital Humano defendieron la decisión y señalaron que la homologación constituye “una herramienta institucional para formalizar los consensos alcanzados entre trabajadores y empleadores”. Además, remarcaron que el procedimiento busca fortalecer la negociación colectiva, aportar previsibilidad a las relaciones laborales y contribuir al sostenimiento de la paz social.
Pese a las críticas, en el oficialismo rechazan que exista un techo paritario y sostienen que las negociaciones deben desarrollarse con responsabilidad para no poner en riesgo la desaceleración de los precios impulsada por la gestión de Milei.
En esa línea, los funcionarios reclaman que sindicatos y empresarios contemplen la evolución de la economía al momento de acordar los incrementos. La intención del Ejecutivo es evitar que los aumentos salariales pactados generen presiones adicionales sobre la inflación.
A su vez, dentro del Gobierno cuestionan a los dirigentes sindicales que, según su interpretación, buscan obtener ventajas en las mesas de negociación. Por eso, aunque la homologación de convenios pendientes permitió destrabar acuerdos de diferentes sectores, el conflicto de fondo continúa abierto: mientras los gremios reclaman mejoras que recuperen los ingresos, el oficialismo prioriza sostener la desaceleración inflacionaria.
Redes Sociales