Los dueños de Suizo Argentina reclamaron la nulidad de la investigación por sobornos, denunciaron que los audios de Diego Spagnuolo fueron adulterados.
Los dueños de la droguería Suizo Argentina solicitaron la nulidad absoluta de la investigación por presunto pago de coimas en la compra de medicamentos para la Agencia Nacional de Discapacidad (ANIDS), que salió a la luz a raíz de la filtración de varios audios del extitular del área, Diego Spagnuolo, en los que contaba detalles de la maniobra que habría involucrado a altos funcionarios nacionales.
En ese marco, los letrados de la empresa apuntada por el pago de los sobornos sostuvo que las grabaciones fueron adulteradas, obtenidas de forma ilegal y vulneran el derecho a defensa.
El escrito fue presentado por el abogado Martín Magram, representante de Emannuel, Jonathan y Eduardo Kovalivker, quienes integran la conducción de la compañía; y le solicita al juez federal Sebastián Casanello que declare la nulidad del expediente, denunciando un "inconmensurable perjuicio reputacional" tanto para los empresarios como para la compañía, clave en el abastecimiento de medicamentos a nivel nacional.
El planteo se presentó el viernes pasado, el mismo día en que el fiscal Franco Picardi encabezó un nuevo allanamiento en la sede de Suizo Argentina, ubicada en el barrio porteño de Belgrano. Según trascendió, en la diligencia se registraron resistencias para entregar documentación, correos electrónicos y claves de acceso a los sistemas internos.
Magram calificó la investigación como una "caza de brujas" basada en pruebas ilícitas. En el escrito afirmó que los audios atribuidos a Spagnuolo no deberían tener valor probatorio, salvo que "el respeto a la Constitución no importe" o se busque convertir a cualquiera en “detective privado” para perseguir a rivales políticos o empresariales.
El abogado también cuestionó lo que definió como un procedimiento llevado con "oscurantismo", comparando la investigación con prácticas de épocas pasadas en las que la sospecha bastaba para encarcelar y vulnerar derechos fundamentales. En esa línea, según la defensa, la causa avanzó con una "expedición de pesca" que incluyó allanamientos múltiples, secuestro de objetos personales y extracción de información de dispositivos móviles, lo que consideraron una violación flagrante al debido proceso.
La investigación se centra en los supuestos pagos de retornos que involucran a empresarios, funcionarios y dirigentes políticos, que se dieron a conocer a partir de los audios del extitular de la ANDIS; en los que el exfuncionario menciona a la secretaria General de la Presidencia y hermana del mandatario argentino, Karina Milei; y su asesor Eduardo "Lule" Menem, como destinatarios de los sobreprecios que pagaba la empresa de los Kovalivker tras conseguir abultados contratos con el Estado.
Los mensajes, que se dieron a conocer en los últimos días, desataron un escándalo político y social que el Gobierno argentino todavía busca contener.
Los primeros en trascender daban cuenta de un entramado de corrupción organizado para inflar el costo de los medicamentos que adquiría la ANDIS y utilizar esos sobreprecios para abonar retornos a altos funcionarios de la gestión libertaria.
En una segunda tanda de mensajes, en tanto, también se vio involucrado el ministro de Desregulación y Transformación del Estado y economista oriundo de La Plata, Federico Sturzenegger, por su presunta intromisión en el funcionamiento de la Agencia.
En ese marco, la Justicia Federal inició una amplia investigación que avanza sin pausa y se convirtió en un duro escollo para el Ejecutivo nacional a pocas semanas de las elecciones generales que tendrán lugar el 26 de octubre.
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