Luego de la aprobación de la reforma laboral en Diputados, la CGT comenzó a delinear estrategias para la etapa que se abrirá con el tratamiento en el Senado.
Tras la aprobación en Diputados de la reforma laboral, la Confederación General del Trabajo CGT confirmó que recurrirá a la Justicia por considerar que el proyecto vulnera derechos constitucionales. En paralelo, gremios del Frente Sindical Unidad (FreSU) impulsan un paro de 36 horas para presionar al Senado antes de la votación definitiva.
El secretario general de la CGT, Jorge Sola, anticipó que la central obrera avanzará por la vía judicial si el Congreso convierte en ley la iniciativa impulsada por el Poder Ejecutivo.
El cosecretario general de la CGT destacó que los trabajadores comenzaron a manifestarse contra la reforma laboral con una alta adhesión al paro general.
La reforma laboral fue aprobada en Diputados con 135 votos, pero sin el artículo 44 sobre licencias. El proyecto volverá al Senado antes del 1° de marzo.
"La vamos a judicializar. Hay dos principios constitucionales que están conculcados: el 14 bis y el de no regresividad de los derechos sociales", dijo el sindicalista en diálogo con Infobae. El artículo 14 bis de la Constitución Nacional establece derechos vinculados a condiciones dignas de labor, organización sindical y protección contra el despido arbitrario.
Sola explicó que la medida de fuerza convocada por la CGT no estuvo dirigida contra una gestión en particular, sino contra el contenido de la reforma laboral: "No estamos hablando de un artículo. Estamos hablando del rechazo absoluto a la reforma. Teníamos decidido que cuando se tratara esta reforma, porque la rechazamos en su totalidad, íbamos a llevar adelante la medida de fuerza".
El dirigente sostuvo que la central adoptó esa postura ante la falta de participación en el diseño del proyecto. "Nuestra responsabilidad es gremial y es la de oponernos a un programa económico y político que no tiene en cuenta a los trabajadores como centro de escena, sino que los pretende como engranaje de un mecanismo de producción", expresó.
"Precisamente buscamos llamar la atención a un Gobierno que no nos ha aceptado en el diálogo en ningún momento. Hicimos 12 movilizaciones, 4 paros, y no están sentados los trabajadores en un proyecto donde se tratan sus propios intereses", agregó, y defendió la legalidad de las protestas: "Uno puede expresarse, claro. Lo hemos hecho manteniendo la paz social".
Entre los puntos cuestionados del proyecto, mencionó la modificación del régimen de indemnizaciones, la implementación de un banco de horas, cambios en el derecho de huelga y la posibilidad de negociar convenios por empresa por debajo del convenio colectivo sectorial. "Deroga la ley de teletrabajo, no habla de tecnología ni de robótica, baja derechos, licúa indemnizaciones, limita el derecho de huelga y restringe la militancia del delegado gremial", enumeró Sola.
Respecto del banco de horas, planteó: "Permite que el empleador, en acuerdo con el trabajador, decida: ‘No te pago horas extra, te las tomás cuando baje la producción’. ¿Quién define cuándo se toman? El empleador". Sobre los convenios por empresa, afirmó: "Ese principio de no regresividad de derechos es constitucional. Todo puede ir para arriba, pero no para abajo. Hoy, un empleador puede generar un sindicato por empresa y negociar a la baja. Eso debilita la posición de los trabajadores". Y el dirigente también mencionó el Pacto de San José de Costa Rica como respaldo jurídico. "Una vez que tenés un derecho, no podés bajar de ese nivel", indicó.
Al evaluar el último paro nacional, sostuvo que fue el de mayor impacto de los cuatro realizados durante la actual gestión. "Fue el más importante de los cuatro que se han hecho en este Gobierno. El acatamiento fue muy alto, sobre todo de los trabajadores formales, los nueve millones que tienen representación gremial", afirmó.
Mientras la CGT prepara la ofensiva judicial, los gremios nucleados en el FreSU impulsan una escalada del conflicto. El secretario general de la Unión Obrera Metalúrgica (UOM), Abel Furlán, propuso convocar a un paro de 36 horas en la semana previa al tratamiento en el Senado. La iniciativa contempla una movilización durante las primeras 12 horas y un paro activo de 24 horas posteriores, con el objetivo de presionar a los senadores antes de la votación definitiva.
Dentro de la CGT no hay consenso sobre una medida de esa magnitud, aunque el planteo obligará a la conducción a debatir los próximos pasos. El Consejo Directivo volverá a reunirse cuando la reforma laboral ingrese a la Cámara alta. El FreSU amplió en los últimos meses la cantidad de organizaciones que lo integran. Además de la UOM, incluye a Aceiteros y a las dos vertientes de la CTA. También se sumaron sectores del gremio camionero que conduce Pablo Moyano y el sindicato ferroviario La Fraternidad, encabezado por Omar Maturano.
La convivencia de estrategias diferentes dentro del movimiento obrero configura un escenario de tensión interna. Mientras la CGT prioriza la vía judicial y la discusión política, el FreSU apuesta a profundizar las medidas de fuerza. El debate en el Senado será el próximo capítulo de un conflicto que promete escalar en las próximas semanas.