En la Cámara de Diputados se debatirá la baja en la edad de imputabilidad luego del trágico asesinato de Kim Gómez. Habría consenso de bloques.
La Cámara de Diputados debatirá el próximo miércoles en comisión la reducción de la edad de imputabilidad de los 16 a los 14 años, impulsada tras el asesinato de Kim Gómez. La iniciativa propone penas de hasta 20 años para menores que cometan delitos graves y descarta la reclusión perpetua. El proyecto también contempla medidas de resocialización y sanciones alternativas.
La presidenta de la Comisión de Legislación Penal y legisladora del PRO, Laura Rodríguez Machado, convocó a una reunión el miércoles a las 10 para discutir la reforma del Régimen Penal Juvenil. La iniciativa responde al pedido del presidente Javier Milei en la Asamblea Legislativa, en medio de una escalada de violencia que generó cruces con el gobernador bonaerense Axel Kicillof.
La Justicia determinó que el menor de los dos acusados continúe preso por el crimen de Kim Gómez en Altos de San Lorenzo.
El proyecto busca que la Municipalidad de La Plata diga cuánto recaudó con la Tasa SUM en 2024 en concepto de "Contribución para seguridad" y en qué se gastó.
Rodríguez Machado acordó con los presidentes de las comisiones de Justicia, Familia, Niñez y Minoridad, y Presupuesto —Manuel Quintar (LLA), Roxana Reyes (UCR) y José Luis Espert (LLA)— acelerar el tratamiento del proyecto. Tras siete reuniones previas en 2023, la ronda de consultas ya se considera concluida.
El debate será previo a la sesión del mediodía impulsada por bloques opositores, que buscan investigar el escándalo financiero de la plataforma $Libra.
El oficialismo pretende fijar la edad de imputabilidad en 13 años, pero hay consenso para establecerla en 14. Esta postura es respaldada por el diputado massista Ramiro Gutiérrez, el titular del PRO, Cristian Ritondo, y el líder de la Coalición Cívica (CC), Juan Manuel López. También adhieren Nancy Picón Régimen Penal Juvenily Carla Carrizo (UCR).
Por otro lado, el libertario Álvaro Martínez propone bajarla a 12 años, mientras que Natalia Zaracho (UxP) defiende la edad actual y sugiere evaluar la madurez de los jóvenes de 16 años antes de juzgarlos penalmente.
El proyecto del Gobierno establece que los menores no podrán recibir reclusión perpetua, con un tope de 20 años de prisión incluso en casos de múltiples delitos. También plantea sanciones alternativas como amonestaciones, prohibición de contacto con la víctima, restricción de circulación, monitoreo electrónico y prestación de servicios comunitarios.
Para la resocialización, se incluyen programas educativos, deportivos y tratamientos médicos. Se crearía la figura del supervisor, encargado de acompañar al joven en su reinserción.
Además, el régimen permitiría revisar la pena tras cumplir dos tercios de la condena, habilitando el arresto domiciliario. También se contemplan centros especializados para menores, además de la cárcel y el domicilio.