El Gobierno argentino consiguió la aprobación de la Ley Bases en general y del capítulo de privatizaciones en medio de un tenso debate en particular.
Con el voto positivo de 138 diputados, la Cámara de Diputados de la Nación aprobó el capítulo de la Ley Bases que habilita la posible privatización de una larga lista de empresas que tienen la participación del Estado. La polémica Norma fue aprobada este martes, en medio de un fuerte debate, y deberá ser ratificada ahora por el Senado.
El intenso y maratónico debate de la controvertida norma finalmente llegó a su fin y fue aprobado en general con 142 votos positivos, 106 negativos y cinco abstenciones.
El texto definitivo de esa norma indica que las empresas Nucleoléctrica y Yacimientos Carboníferos Río Turbio solo podrán ser parcialmente vendidas al sector privado, mientras que el Gobierno podrá desprenderse totalmente de otras nueve:
La ausencia más llamativa en ese listado es la del Banco Nación y que el Gobierno decidió quitar a pedido de la oposición que acompañó el proyecto, para que el dictamen de mayoría alcanzado la semana pasada lograra un mayor respaldo. Pese a la exclusión, el ministro del Interior de la Nación, Guillermo Francos, aseguró que el Gobierno no abandonó la idea de permitir el ingreso de capitales extranjeros a la banca pública nacional y adelantó que la idea que tienen es el modelo del Banco de Brasil que, afirmó, impulsó Luiz Inácio "Lula" da Silva en su primer mandato como presidente.
"Hay varios sectores de la política argentina que consideran al Banco Nación como un estandarte de empresa pública. Nosotros no lo entendemos muy bien y es un debate que vamos a dar de todas maneras, no lo dejamos de lado", sostuvo el funcionario al respecto.
La Ley Ómnibus enviada por el presidente Javier Milei al inicio de su gestión incluía entre 664 artículos un capítulo específico dedicado a las privatizaciones de empresas estatales y sociedades de propiedad total o mayoritaria en manos del Estado.
"Atendiendo la necesidad de concentrar la actividad del Estado en sus funciones esenciales, se dispone la privatización de determinadas empresas públicas, en el marco de la normativa al efecto vigente de la Ley N° 23.696 de Reforma del Estado, con el fin de generar mayor competencia y eficiencia económica, reducir la carga fiscal, mejorar la calidad de los servicios, promover la inversión privada y profesionalizar la gestión de las empresas", se sostenía en ese texto e incluía un total de 41 firmas y organismos de los que el Gobierno buscaba desprenderse.
En aquel extenso listado se destacaban YPF, Aerolíneas Argentinas, AYSA, el Correo Argentino, el Banco de la Nación Argentina (BNA), Energía Argentina SA (IEASA), Operadora Ferroviaria, Radio y Televisión Argentina (RTA) y Corredores Viales, entre otras. Tras un fuerte rechazo opositor y los encontronazos devenidos con los gobernadores, el Gobierno dio marcha atrás y redujo su pretensiones hasta la nómina aprobada este martes.
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