El expresidente Alberto Fernández declarará este martes tras dos intentos fallidos de postergar la audiencia. El juez Ercolini rechazó su último planteo.
El juez federal Julián Ercolini tomará este martes declaración indagatoria al ex presidente Alberto Fernández, acusado de violencia de género contra su ex pareja, Fabiola Yañez. Pidió recuperar su teléfono celular, secuestrado al inicio de la investigación judicial.
Según la investigación, los episodios de agresión habrían ocurrido durante su convivencia en la Quinta de Olivos e incluirían amenazas para evitar que la víctima presentara una denuncia.
Fernández intentó nuevamente evitar la audiencia, presentándose este lunes en los tribunales de Comodoro Py para solicitar una postergación, argumentando la necesidad de contar con su teléfono celular, para preparar su defensa. El juez Ercolini rechazó el pedido, aunque la defensa aún podría recurrir la decisión ante la Cámara Federal.
En paralelo, el ex mandatario insiste en apartar a Ercolini de otra causa por presunto fraude conocida como "Causa Seguros", en la que se investiga si Fernández favoreció a allegados mediante contratos de seguros estatales. En esa causa, ya brindó declaración, y se espera que el juez decida sobre su procesamiento tras indagar a más de 30 imputados.
El fiscal Ramiro González imputó a Fernández por lesiones leves y graves, todas doblemente agravadas por haber sido cometidas en un contexto de violencia de género y contra su pareja. Además, lo acusa de coacciones para impedir que Yañez llevara los hechos ante la Justicia.
En su resolución, Ercolini detalló que desde 2016 hasta agosto de 2024, la víctima habría sido sometida a episodios de violencia psicológica y física, en un "contexto de asimetría de poder". Los maltratos psicológicos habrían incluido acoso, insultos, indiferencia y hostilidad, mientras que los episodios de violencia física se habrían producido cuando Yañez intentaba abandonar la convivencia.
De ser hallado culpable, Fernández podría enfrentar una pena de hasta 18 años de prisión. Según la acusación, los episodios de violencia habrían sido reiterados, y en varias oportunidades consistieron en golpes con la mano abierta. Pese a los intentos de suspender la indagatoria, Ercolini dejó firme la citación: “No se evidencia que se vulneren garantías constitucionales”, sostuvo el magistrado al descartar el planteo.
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