El expresidente Alberto Fernández fue imputado nuevamente en el marco de la causa de los seguros que fueron entregados a personas cercanas durante su gestión.
La Justicia imputó nuevamente al expresidente Alberto Fernández por la denuncia que realizó el actual Gobierno sobre la contratación de seguros por parte de la ANSES a un productor cercano al anterior mandatario.
El fiscal Ramiro González tomó esta determinación sobre el expresidente, sobre el exdirectivo del Fondo de Garantías de Sustentabilidad (FGS), Federico D'Angelo Campos, y Alberto Pagliano, extitular de Nación Seguros, en base a una denuncia que se realizó desde el Ministerio de Capital Humano, la ANSES y Nación Seguros.
El expresidente viajó a España luego de entregarle el poder a Javier Milei. Este sábado reaparecerá púbicamente Sergio Massa.
En medio de los cuestionamientos y polémicas, Alberto Fernández se desligó de la denuncia por irregularidades en la contratación de seguros y sostiene que es “una operación”.
Esta es la segunda imputación que pesa sobre Alberto Fernández luego de que la semana pasada se conociera la primera sobre la denuncia que lo relacionaba con Héctor Martínez Sosa, esposo de su histórica secretaria y productor de seguros que se vio beneficiado en varios contratos del Estado.
Según se desprende del expediente judicial, Fernández es denunciado por administración fraudulenta y, según el fiscal Gonzáles, se podría estar ante un "perjuicio al Estado nacional por comisiones, costos de intermediación en pólizas de seguros contratadas con Nación Seguros S.A. en el marco de la operatoria 'Créditos ANSES' (Fondo de Garantía de Sustentabilidad)".
Desde el Gobierno actual señalaron que la ANSES contrató "coberturas de seguros con Nación Seguros utilizando intermediarios injustificados y abonando comisiones en perjuicio del erario público".
Al momento de analizar la maniobra, el Gobierno nacional denunció que D'Angelo Campos -exdirector general de Operaciones del Fondo de Garantía de Sustentabilidad (ANSES)-, el 22 de mayo de 2023 dispuso "designar a San Ignacio Sociedad de Productores Asesores de Seguros S.A. en carácter de organizador y a TG Broker S.A. en carácter de productor asesor de seguros, para intervenir en los contratos de seguros mencionados 'Seguros de vida colectivo de saldo deudor' del Fondo de Garantía de Sustentabilidad)".
El Poder Ejecutivo indicó que esto se realizó sin que la justificación de la decisión se encuentre volcada en algún expediente administrativo y tampoco se dio curso a través del sistema de gestión documental que la ANSES obliga a utilizar.
Lo que pidió investigar Sandra Pettovello es el hecho de que los imputados, alegando una supuesta "falta de costo" para el Estado, "arbitrariamente y sin licitación previa o compulsa entre empresas del ramo usaron sociedades para lucrar con los contratos de Nación Seguros S.A".