El jefe comunal rosarino, Pablo Javkin, presentó documentos ante la Justicia que vinculan a empresarios de laboratorios implicados con la causa Fentanilo.
El intendente de Rosario, Pablo Javkin, declaró como querellante ante el juez federal de La Plata, Ernesto Kreplak, en la causa por fentanilo contaminado tras acusar vínculos entre laboratorios de esa ciudad y los responsables de HLB Pharma, la empresa investigada por la distribución del medicamento adulterado.
La documentación presentada describe conexiones entre empresas que comparten integrantes y que habían sido protagonistas de diferentes secuencias en Rosario. Uno de ellos fue la explosión del laboratorio Apolo, ocurrida en 2016, que provocó daños y lesiones a vecinos. El expediente fue entregado al juzgado federal de La Plata.
Javkin había cuestionado públicamente un posible desvío de fentanilo del circuito legal al mercado ilegal y había señalado que la sustancia, de uso médico controlado, es importada por pocos laboratorios. En ese marco, apuntó contra HLB Pharma y Ramallo SA, ahora bajo la lupa judicial.
Según informó el diario La Capital, el intendente participó de la audiencia por videollamada y entregó material sobre las firmas implicadas, entre ellas Apolo Rosario SA. Afirmó que sus accionistas tienen relación directa con los directivos de Ramallo SA y HLB Pharma Group SA, involucradas en la causa de fentanilo.
La explosión en Apolo ocurrió en junio de 2016 y provocó heridas a cinco personas y graves daños. En ese momento, el laboratorio operaba con la habilitación vencida. El trámite de renovación había sido iniciado por Marcela Vozza, con Jorge Salinas y Ariel García Burfaro -responsables de Ramallo SA y HLB Pharma- como accionistas.
La actividad de Apolo se trasladó posteriormente a Buenos Aires. En 2020, el inmueble original fue abandonado y acumuló denuncias por insalubridad. Javkin también incluyó informes sobre las droguerías Alfarma SRL y ABC1 SA, vinculadas a los mismos empresarios.
La Municipalidad de Rosario justificó su rol como querellante por el impacto que el fentanilo adulterado tuvo en el Hospital de Emergencias Clemente Álvarez (HECA). Las ampollas debieron ser retiradas y puestas bajo custodia judicial, generando un perjuicio directo al sistema sanitario local.
En el escrito entregado al juzgado de La Plata, Javkin argumentó que hubo una "falta de eficacia" en la respuesta judicial previa. Remarcó que la ausencia de sanciones adecuadas favoreció la repetición de prácticas riesgosas por parte de las firmas investigadas.
Entre los antecedentes figura la suspensión del juicio por la explosión del laboratorio Apolo. Los acusados accedieron a una probation, con tareas comunitarias y pagos económicos. Algunos fueron sobreseídos tras un acuerdo validado por el juez de primera instancia Hernán Postma.
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