El ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, envió al Congreso el proyecto de Ley Hojarasca para “derogar costos inútiles para los contribuyentes y normas que afectaron las libertades individuales", según argumentó. La iniciativa que busca eliminar 70 leyes sancionadas por distintas administraciones durante el siglo XX, principalmente.
De acuerdo a fuentes oficiales, la ley promueve la seguridad jurídica y remueve obstáculos para el desarrollo personal y conjunto del país. Según se informó, la norma parte del principio de que todo aquello que está permitido por la Constitución Nacional no necesita leyes específicas y elimina leyes que “generaron gastos innecesarios para los contribuyentes a través de la creación de organismos como la Federación Argentina de Municipios, entre otros”.
“Con la Ley Hojarasca, el Gobierno busca quitarle a la ciudadanía barreras que afectaron libertades individuales y generaron costos inútiles a través de diversas sobrerregulaciones. La ley entiende que las personas pueden llevar adelante toda actividad permitida por la Constitución Nacional sin necesidad de sancionar leyes específicas que luego puedan convertirse en un obstáculo para el desarrollo individual y del país en su conjunto, generando un impacto negativo en la seguridad jurídica y el funcionamiento del sector privado”, aseguraron desde el ministerio encabezado por Federico Sturzenegger.
Javier Milei (1).jpg
El Gobierno de Javier Milei envió al Congreso el proyecto de Ley Hojarasca para eliminar 70 leyes.
“Este sistema enfrenta hoy un permanente cuestionamiento, desafía a quienes han asumido las responsabilidades políticas y los compele en la tarea de relevar, revisar y evaluar la normativa vigente, con el objeto de acompañar un proceso de transformación de la sociedad con nuevos paradigmas basados en el reconocimiento de las libertades individuales en nuevos contextos”, señala el proyecto en sus fundamentos.
”Como resultado de esta tarea se advierte la necesidad de eliminar toda legislación que no se condice con los tiempos que corren ya sea por su carácter obsoleto, inútil, o por haber sido superada por normativas posteriores, por tratarse de legislación sobre temas de escasa relevancia o trámites inútiles que generan o incrementan costos para los ciudadanos”, sostiene.
Estas leyes que se quieren eliminar fueron sancionadas durante gobiernos militares como el de Agustín Lanusse, Juan Carlos Onganía, Jorge Rafael Videla, Reynaldo Bignone, Edelmiro Farrell y José Uriburu; y también durante gestiones democráticas como las de Héctor Cámpora, Juan Domingo Perón, Arturo Frondizi, Arturo Illía, Raúl Alfonsín, Néstor Kirchner y Cristina Fernández de Kirchner.
Federico Sturzenegger (1).jpg
En el ministerio que comanda Federico Sturzenegger dicen que esas leyes que pretender borrar "generan gastos inútiles".
Desde la cartera conducida por Sturzenegger se sostiene que entre las leyes que el Gobierno quiere derogar “se busca fomentar actividades, como el cine, con acciones que implican cobrarle impuestos a esa actividad. En otras, como el teatro, se imponen prohibiciones que, lejos de proteger a la actividad, estorban y dificultan su adaptación”. En otros, “se ofrecen beneficios a un grupo dentro de un sector, a costa de los demás participantes del mismo sector. En este marco, fue necesario repasar la normativa vigente en nuestro país desde 1864 a la fecha”.
Seis claves del Gobierno para eliminar estas leyes
- Leyes que fueron sustituidas y englobadas por otras más completas y modernas. Así, por ejemplo, no tiene sentido una ley sobre vacunación propia de la viruela, cuando posteriormente se dictó una ley de vacunación.
- Leyes que fueron superadas por la tecnología, el avance del conocimiento, de la economía o el paso del tiempo. Una de ellas es la ley que autoriza las emisiones de televisión a color, cuando se ven imágenes de video en nuestras redes sociales.
- Leyes que limitan la libertad individual. Por ejemplo, la ley que autoriza al Estado a supervisar y prohibir reuniones en lugares privados. Aún continúa vigente una ley sancionada en 1951, que impone penas para los argentinos que propicien sanciones políticas o económicas contra el Estado, cuya única finalidad fue perseguir opositores, incluidos quienes hayan denunciado violaciones a los derechos humanos en nuestro país ante organismos internacionales.
- Leyes cuya derogación implica avanzar con el programa de desburocratización, eliminando organismos y normas sobreregulatorias, alivianando el presupuesto público, sin perder la eficiencia. Entre ellas, la ley que obliga que cualquier producto que tenga un mapa en su etiqueta debe ser aprobado por el Instituto de Cartografía oficial.
- Leyes que ya no tienen razón de ser, porque los organismos o instituciones responsables dejaron de existir en los hechos, pero las leyes que los crearon siguen vigentes, como el Complejo Portuario de Ultramar en Aguas Profundas, Ediciones Culturales Argentinas y el plan de aprovechamiento energético de las mareas, entre otras.
- Leyes que crean organismos para integrantes del Sector Público, solventados con recursos del Estado Nacional. Estos incluyen al Círculo de Legisladores y la Federación Argentina de Municipios. Se emancipa a estos entes con la eliminación del financiamiento por parte del Estado Nacional, sin perjuicio de que sigan funcionando, con recursos propios.